Hace solo unos días el Gobierno envió un proyecto de ley para impulsar la reactivación económica. Entre las medidas adoptadas en el proyecto se plantea que el fisco subsidie el pago de la contribución regional de 1% a aquellos proyectos que se someten a evaluación ambiental.

¿Es esta una medida adecuada y necesaria? Claramente no.

Del 1 de enero de este año al 22 de junio de este 2020, 516 proyectos han sido ingresados al proceso de evaluación ambiental. A esta misma fecha, el año 2019 habían sido ingresados 379 proyectos. Es decir, este año registra un aumento de un 36% en ingreso de proyectos a evaluación ambiental respecto del año pasado. Claramente el estallido social de octubre de 2019 o la pandemia que estamos viviendo no han desincentivado las grandes inversiones que pasan por el sistema, sino todo lo contrario, éstas han tenido un aumento destacable.

Es importante precisar que sólo los proyectos que implican una inversión mayor a 10 millones de dólares en activos fijos son aquellos que pagarán impuestos, por lo que sólo las grandes empresas se verían beneficiadas con una rebaja tributaria y no las pymes que son aquellas que empujan fuertemente el empleo en nuestro país.

Por otra parte, es preocupante la debilidad actual con que está funcionando el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y el posible “abuso” que se esté generando al respecto por parte de los titulares que presentan los proyectos.

Hoy, todos los procesos participativos llevados a cabo por el SEIA han sido suspendidos por la pandemia. En este marco no hay espacio real para que la ciudadanía solicite apertura de participación ciudadana frente a los proyectos que están siendo ingresados y que en condiciones normales podrían abrirse, generándose así una evaluación mucho más limitante, pero a la vez más rápida para las empresas.

Asimismo, una parte importante del proceso de evaluación consiste en la visita a terreno de una gran cantidad de servicios públicos que participan en la evaluación. Estas visitas también han sido suspendidas por el SEIA, no pudiendo corroborarse en terreno lo declarado por los titulares en sus estudios y así, se han debilitado aún más los procesos, que siguen su curso de todas maneras.

De esta forma, el funcionamiento actual del Estado en esta materia mantiene debilitados los procesos de evaluación ambiental que de por sí son débiles, dejando la “cancha” aún más libre a proyectos que no necesariamente cumplen a cabalidad lo solicitado en la ley y que generan grandes daños ambientales. Esta podría ser una de las razones por la cual vemos incrementados ampliamente las solicitudes de evaluación de proyectos que reflejan un gran movimiento en el sector y en la proyección de inversiones.

Por estas razones, es completamente inentendible que se quiera rebajar la carga impositiva de grandes empresas a costa de Estado, aduciendo a una necesidad de impulso para la reactivación económica, que a todas luces es innecesaria, pues ésta ya se está dando por las debilidades que aquejan al sistema de evaluación.

No debemos olvidar que detrás de esta tremenda catástrofe que implica la pandemia, tenemos el calentamiento global como amenaza inminente a nuestra civilización, y si no cambiamos el modelo de desarrollo por uno verdaderamente sustentable que respete nuestros equilibrios ecológicos, cualquier incentivo económico será pan para hoy y hambre para mañana. Y en este caso puntual, pan sólo para las grandes empresas.