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Año XVI, 13 de abril de 2024


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Derechos Humanos

Muertes en fronteras y regulación migratoria

Columna de opinión por Rodrigo Moreira y Lorena Zambrano
Jueves 4 de febrero 2021 13:52 hrs.


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Las muertes confirmadas de dos personas de las comunidades venezolana y colombiana lamentablemente no son las únicas que hemos conocido en los últimos años en las fronteras de Tarapacá. También han fallecido personas bolivianas, peruanas, haitianas, entre otras. La dura travesía de un viaje que implica llegar a Chile, como paso transitorio o con ánimo de residir, de quienes buscan tener un proyecto de vida en el país de destino no es para nada fácil. El camino recorrido es áspero y está repleto de injusticias. Pero la necesidad de conseguir una vida digna es mucho más fuerte que las restricciones legales y de seguridad que se puedan decretar; y las altas autoridades militares han reconocido en los medios que no es factible evitar los ingresos al país en una extensión de más 700 km que tiene la frontera de Tarapacá con Bolivia.

La migración forma parte y está presente en todas y todos los seres humanos, y ha estado presente a lo largo de la historia para intensificarse en tiempos de crisis política, económica y sanitaria. No es ninguna novedad este fenómeno social ni tampoco es algo que se pueda eliminar. Es necesario abordarlo regionalmente y considerando las particularidades de cada país y respetando la dignidad humana.  Además, las muertes de las personas migrantes y las vulnerabilidades que se incrementan hacia nuestros hermanos y hermanas de la región, hoy son el resultado de la inacción del gobierno que viene desde hace tiempo y no la responsabilidad de las personas ni de las organizaciones migrantes y pro-migrantes.

Como organización no hemos invitado a nadie a venir a Chile. En cambio, recordemos que fue el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien incentivó a la comunidad venezolana a que arribaran a Chile. Y frente a la actual crisis humanitaria, no hemos hecho más que reaccionar, a partir las voluntades individuales y colectivas de personas en Tarapacá junto a quienes damos apoyo a quienes ya estando en el país, la están pasando muy mal. Pasarlo mal implica mucho sufrimiento atado a lo que hace posible la vida.

Los flujos migratorios no se gobiernan desde el país, pues son fenómenos globales y regionales, dado que actualmente todos los países de la región están en situación similar. ¿Dónde está la acción concertada que permita abordar el tema respetando los derechos de las personas, regularizándolas y buscando soluciones reales? Recordemos que el gobierno chileno no firmó el pacto global de migraciones y que tampoco tiene una política con la región para gestionar las migraciones de manera eficaz y humanitaria. Hemos visto que más bien fomentan la irregularidad al hacer imposible poder regularizarse con un laberinto de requisitos y de trámites interminables y costosos.

Las últimas declaraciones del exgobernador suplente del Tamarugal, Fernando Chiffelle Ruff, son claras al reconocer la política migratoria que realmente hacen para enfrentar la crisis “a través de la auto denuncia, los llevamos a albergues para que cumplan la cuarentena y quedar tranquilos que están cumpliendo la norma sanitaria. Pero siguen estando irregulares dentro del país y por lo tanto, en cualquier minuto pueden ser expulsados”. ¿Esa es la consecuencia del “orden de la casa” que tanto anhelaban?

La regularización es clave para asegurar una vida digna, la legislación vigente mediante decretos ley, medidas administrativas y principalmente con la nueva ley de migración aprobada por parte del Congreso, aumentará la irregularidad y con ella también la precariedad de las personas migrantes. La política del gobierno no escuchó a la academia, las organizaciones, los dirigentes y dirigentas migrantes, todo lo contrario, les dio la espalda, pues no consideraron las necesidades y propuestas que emanan de las experiencias de todas ellas. Varias clínicas jurídicas públicas, privadas y sociales, demuestran la gran demanda que hay en nuestras comunidades, sobre un proceso muy complejo y frustrante que deben llevar a cabo las personas migrantes con trámites caros e interminablemente largos. La política del Estado para la regularización ha sido un rotundo fracaso, demostrando todo su racismo y xenofobia en el diseño, y no cumpliendo incluso sus propias metas, las mismas que tanto declaran por los medios de comunicación.

Como Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), queremos que rápidamente muchas personas puedan estar en situación de regularidad, pues tienen más seguridad de generar buenas condiciones y posteriormente, cuando quieran volver a su amado país de origen o salir de éste, de seguro lo van a poder hacer.

El nuevo Chile que hoy emerge para concretar una digna vida, debe construirse con una mirada política continental, de respeto a los derechos humanos, en especial al derecho de migrar y de asegurar una regulación clara, eficaz y digna para todas las mujeres, hombres, niñas, niños, ancianos y ancianas que llegan a nuestro país. Recordemos que el 20% de las muertes en las protestas del 18 de octubre, fueron de personas migrantes. Tenemos familias, amistades, relaciones laborales y sentimientos con la nueva sociedad que le han dado la espalda durante más de 40 años el Estado.

Invitamos al ministro del interior, Rodrigo Delgado, en su visita a nuestra región y zona norte, a ver, hablar y conocer la realidad, sin las cegueras el racismo y xenofobia que han fomentado.

La humanidad somos todes.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.