No quedó conforme con lo resuelto este lunes por el juez Felipe Muñoz, respecto de la situación del carabinero acusado de asesinar a un malabarista en Panguipulli, Juan González Iturriaga. Rodrigo Román, abogado querellante particular en el caso, asegura que para tal determinación, la “actitud complaciente” de la Fiscalía jugó un papel vital.

Tanto Román como los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos habían solicitado la prisión preventiva para González, sin embargo, éste quedó con arresto domiciliario como medida cautelar. No obstante, si bien la decisión del tribunal sí tomó en cuenta la postura de los querellantes, que dice relación con que la actitud del carabinero implicado no se configura como un acto de legítima defensa, puso en duda que los sables utilizados por el malabarista hayan sido del todo inofensivos.

Al respecto, consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, Román criticó la decisión del Juzgado de Garantía de Panguipulli, asegurando que tuvo que ver con una postura política de fondo.

“Más que una decisión jurisdiccional, hay una decisión política detrás de esto, disfrazada con un supuesto debate que se habría dado en la audiencia y que al final del día terminó con una decisión que aparentemente ya estaba escrita. No sé si la escribió el juez o se la escribieron, pero en el fondo lo que hay es una resolución antojadiza, arbitraria y que carece de fundamentos”, indicó.

Asimismo, el abogado recalcó que, en su postura,  ninguno de los balazos percutidos por González en contra del malabarista Francisco Martínez pueden ser justificados bajo el derecho de legítima defensa, desechando con esto la declaración de una testigo presentada por el abogado del carabinero y que aseguró que fue Martínez quien inició el ataque contra González. Versión distinta -advirtió Román- a los registros audiovisuales viralizados en redes sociales.

Esto mismo, ha producido un debate político sobre la efectividad de los controles de identidad en el resguardo del orden público, sobre lo cual Román emplazó directamente a la clase política en su momento defensora de la llamada Ley Corta Anti-Delincuencia.

“El artículo 12 de la ley dejó ese instrumento, que una de las tantas más facultades le ha dado la derecha a la policía en los últimos años, en esta marea de populismo penal en la que lamentablemente nos hemos visto envueltos. Aquí hay una responsabilidad de la clase política que es la que legisla y ha permitido que las policías valiéndose de instrumentos legales, como el control de identidad, actúen con rienda suelta, y los resultados que hemos tenido ya los sabemos”, criticó.

Funeral de Francisco Martínez.

Como se sabe, Román ha sido además abogado defensor en diversas causas relacionadas con los llamados presos de la revuelta, casos sobre los cuales se ha criticado la aplicación arbitraria de la prisión preventiva por plazos superiores a un año. Por tal motivo, el abogado no dudó en comparar la decisión de los tribunales frente a estos acontecimientos, versus lo determinado el lunes en el caso Panguipulli.

“Es un nuevo ejemplo de la desigualdad que existe en Chile. La igualdad ante la ley es una frase de pergamino que carece de realidad porque en el fondo aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres. Eso es lo que queda claro con la injustificada prisión política de varios muchachos desde hace más de un año, la prisión producto de la revuelta versus los privilegios que tienen los policías en casos tan brutales como este”, señaló.

Respecto del proceso de investigación decretado por el Juzgado y que será igual a 4 meses, Román afirma que la parte querellante se mantendrá vigilante de la indagatoria que se encuentra realizando el Ministerio Público. Asimismo, recordó que este miércoles la apelación presentada por este caso se encuentra en tabla en la Corte de Apelaciones de Valdivia, por lo que se podría tener una medida cautelar diferente a la aplicada el lunes.