Este martes, la Superintendencia de Educación Superior informó que pidió al Mineduc el cierre de la Universidad de La República, esto, tras constatar que la “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la universidad hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo”.

En un comunicado, el organismo regulador sostuvo que “Tras desarrollar una exhaustiva investigación en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio instruido a la Universidad La República, que se extendió por más de un año y que terminó con la sanción de presentar un plan de recuperación para subsanar las diversas complejidades que la aquejan, la Superintendencia de Educación Superior (SES) resolvió rechazar la propuesta remitida por la casa de estudio, y proponer al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la institución, lo que determinará su cierre y la reubicación de sus estudiantes”.

Ante esto, el Ministerio de Educación deberá nombrar a un administrador de cierre para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, además de velar por la continuidad de estudios de sus cerca de tres mil estudiantes.

En el comunicado emitido por la Superintendencia detalló los hechos par solicitar el cierre de la casa de estudios.

• Creciente déficit financiero que no le permite a la Universidad contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales.
• Disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, decreciendo en un 37% desde el 2018 al 2020.
• Incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales con sus trabajadores, existiendo a la fecha al menos 4.105 deudas previsionales, multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo por un monto superior a los 102 millones de pesos y demandas por más de 5.000 mil millones.
• Deudas por pago de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725.724.091, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas.
• Numerosos procesos judiciales vigentes en que la Universidad La República tiene la calidad de demandada, ascendiendo estos a más de $9.399.042.212.
• Incumplimiento en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes.
• Morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000.
• Desorden administrativo interno reflejado en situaciones tales como: reclamos y denuncias presentados por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la Universidad, referidos a desórdenes en la gestión administrativa y académica; irregularidades financieras, laborales y previsionales; deficiencia en la calidad del servicio educativo; problemas del registro curricular con pérdida o indisponibilidad de la información académica de los estudiantes; demoras significativas en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; una deficitaria infraestructura; y precarias condiciones de mantenimiento de algunas sedes en que se imparte docencia.
• Desorden en las áreas contable y de tesorería, existiendo en su momento numerosas facturas sin contabilizar, con la consiguiente distorsión de la información que figura en los estados financieros de la institución.
• No depósito de los aranceles pagados por los estudiantes en la cuenta corriente de la Universidad de los dineros provenientes, con los consiguientes riesgos operacionales que ello implica.