El pasado miércoles 24 de junio se materializó nuevamente una expulsión masiva de personas migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas venezolanas; quienes serían devueltas a un país que vive una profunda crisis de derechos humanos. Esta sería la quinta maniobra orquestada por autoridades gubernamentales para la expulsión de migrantes y solicitantes de protección internacional, y lamentablemente es muy posible que haya más. Esta decisión evidencia un desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a estas personas, y que el Estado chileno está obligado a respetar. 

Es preocupante además la estrategia mediática utilizada por el Gobierno, reforzada en parte por ciertos medios de comunicación; la que, por ejemplo, para el caso de las 56 personas venezolanas expulsadas el 6 de junio, resalta a las 19 personas que cursaban un proceso judicial que cumplirían en su país de origen; invisibilizando así, por otro lado, al resto de las 37 personas cuya expulsión era de carácter administrativo (es decir, por haber ingresado por un paso no habilitado). Y en todos los casos, invisibiliza el hecho de que mayormente se trataba de personas venezolanas que posiblemente venían a buscar protección desde un país que se encuentra en una grave crisis humanitaria, y al cual están siendo devueltos sin protección alguna.

El gobierno destaca en sus discursos que existen los canales para que los/as venezolanos/as puedan regularizar su situación migratoria (por ejemplo, la regularización migratoria extraordinaria 2021), así como visas específicas para que puedan ingresar al país, como es el caso de la Visa de Responsabilidad Democrática. No obstante, dadas las condiciones actuales, el requisito de solicitar el pasaporte como documento de identidad para la entrada al país o para solicitar las visas, transforma el proceso de movilidad humana y regularización en una verdadera odisea.

Por el año 2018, diversos organismos internacionales como ACNUR y OIM ya comenzaron a visibilizar las dificultades por parte de la población venezolana para acceder a este documento de identidad, e instaban a los gobiernos de la región a flexibilizar los requisitos para la entrada, visado y tramitación de permisos de residencia que exigiesen este documento. Mientras que, durante ese mismo periodo de este llamado humanitario, el gobierno de Chile lanzó la Visa de Responsabilidad Democrática y, un año después, a mediados de 2019, comenzó a exigir visa a las personas venezolanas para ingresar al territorio nacional. 

Medidas como la Resolución Exenta N°2087 del 18 de abril de 2019, la cual permite considerar vigentes las cédulas venezolanas y pasaportes expedidos desde el año 2013, permiten facilitar los procesos migratorios solo a los/as venezolanos/as que ya se encuentran dentro del país y que cuentan con documentos de identidad de acuerdo a la Resolución. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no poseen estos documentos de acuerdo al reglamento y son parte de esta nueva ola de venezolanos/as que están buscando ingresar a Chile? Este grupo de personas, post medidas del año 2019, hoy más que nunca necesitan indicaciones acordes a la realidad que viven en su país de origen, en un contexto donde la crisis está impulsando un mayor desplazamiento forzado internacional y dificultando enormemente el poder conseguir un pasaporte o su prórroga, y que no pueden ni esperar ni sobrellevar los gastos asociados debido al contexto en que viven.

En un contexto como el que vive Venezuela, medidas como las tomadas por el Gobierno de Chile están abriendo la posibilidad de que se cometa una verdadera cadena de vulneraciones a estándares internacionales en la materia: se niega la ayuda a quienes solicitan protección internacional; se arriesga vulnerar el principio de no devolución; se incumple la prohibición de realizar expulsiones masivas y se niega la posibilidad de acceder a un debido proceso como lo estipula la ley. Por otra parte, y un punto muy importante, se pone en jaque los principios del bien superior del niño y reunificación familiar, y se pone a las personas venezolanas en mayor riesgo de ser víctimas de tráfico, esto producto de la desesperación por encontrar un país que les acoja.

Es importante que el gobierno, especialmente sus autoridades migratorias, tomen decisiones en torno al tema en el marco de esta frase que tanto les gusta recalcar en sus discursos: “migración segura, ordenada y regular”. A esta frase, la cual fue sacada del Pacto Global de Migraciones que Chile se negó a firmar, le faltan dos palabras, las más importantes para el caso de las personas venezolanas y; sin embargo, las más olvidadas: accesible y asequible.

Isis Carrera, activista de Amnistía Internacional Chile y Administradora Pública especializada en movilidad humana y DDHH