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Año XIII, 20 de octubre de 2021

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Crisis humanitaria por violencia en Colombia

Médicos Sin Fronteras denuncia que la población del sur de Colombia, en el llamado “triángulo de Telembí” limítrofe con Ecuador, vive una de sus peores crisis humanitarias en los últimos 20 años. En medio de la violencia y las luchas entre grupos armados que se disputan ese territorio, miles de personas han sido desplazadas de la región, debatiéndose en medio de una pobreza incrementada por la situación.

Luis Hernán Schwaner

  Jueves 26 de agosto 2021 8:43 hrs. 
desplazados colombia


Se trata de la zona que conforman los municipios de Barbacoa, Magüi Payán, Roberto Payán y Tumaco, próximos a la frontera con Ecuador y donde la organización humanitaria estima que han sido desplazadas 21.106 personas sólo en el primer semestre de este año, mientras otras 6.000 han tenido que confinarse. Allí, el 90% de la población, mayormente campesina, vive en condiciones de pobreza multidimensional, casi extrema, y muchos de ellos no tienen acceso al agua, así como tampoco a comida, ni medicamentos.

En muchos casos, hay embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas que no pueden ir al hospital a sus chequeos habituales o niñas y niños que se ven privados de las vacunas básicas. Además, viven con temor a las amenazas mortales o a ser víctima de las minas sembradas en el territorio, al mismo tiempo que deben soportar la dolorosa incertidumbre de haber tenido que abandonar sus tierras sin saber si podrán retornar a ellas.

“Hoy vemos hacinamiento, así como condiciones precarias de vida: en muchos no hay acceso al agua, así como tampoco a comida ni medicamentos”, aseguró Luis Ángel Argote, coordinador de Médicos Sin Frontera en el departamento de Nariño. La Defensoría del Pueblo colombiana lanzó hace  más de un mes una “alerta temprana  inminente” debido al escenario de alto riesgo que supone el desplazamiento forzado y los atentados contra la vida que hay en ese territorio, cuadro que hacía suponer, en el muy corto plazo, un agravamiento de la situación humanitaria existente como el que está ocurriendo ahora.

La grave situación comenzó a decantar cuando los días 12 y 14 de julio se produjeron los combates entre el Ejército y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC debido a que la fuerza pública intentó que las personas volvieran a sus aldeas. Pero cobró un giro aún de mayor riesgo cuando en junio y julio los grupos armados comenzaron a publicitar y reproducir en redes sociales violentas amenazas contra  líderes de las comunidades campesinas y contra las autoridades, seguidas de varios asesinatos de personalidades relevantes de la zona.

En esta extensa área montañosa y de espesos bosques tropicales pululan varias ramas disidentes de las FARC, especialmente la Columna Móvil Franco Benavides (o Frente 30), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Pero también tiene presencia allí el llamado Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Estos choques y amenazas han creado graves y persistentes dificultades para que la población pueda acceder a servicios tan básicos como el agua potable, lo que obliga a las familias a tener que usar el agua del río para su uso cotidiano y la satisfacción de sus necesidades, con el consiguiente peligro de un aumento en los casos de diarreas, cólera, malaria y dengue.

“Además, con la llegada de nuevas familias, los albergues se han quedado sin espacio, lo cual ha generado una situación preocupante de hacinamiento”, añadió el médico Luis Ángel Argote, citado en un comunicado de la organizaciónMédicos Sin Frontera.

Sin embargo, el problema de fondo es que el Ejército es enviado por el gobierno de Colombia no a ayudar o colaborar a hacer menos difícil la vida de sus compatriotas, como sería dable esperar, sino meramente a reprimirles. Una situación que resulta del todo insostenible pero donde nadie hace nada para superarlo, denuncia MSF.

(Imagen referencial/ Telesur – HSB)

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