Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 10 de diciembre de 2022

Escritorio

Fuera Essal: una oportunidad para nuevo marco regulatorio para las sanitarias.

Columna de opinión por Daniela Carvacho
Miércoles 20 de octubre 2021 17:39 hrs.


Compartir en


Las chilenas y los chilenos llevamos mucho tiempo incubando la molestia de que la administración y propiedad del agua, bien común tan crítico y esencial en el presente y futuro, esté en manos de unos pocos privados con contratos acomodados dónde se privilegia el lucro por sobre la calidad del servicio. Por esto, justamente el agua es y será una de las grandes discusiones en la Convención Constituyente, y también una de las banderas de lucha que como candidata a la convención levanté durante mi campaña.

El problema es que actualmente en Chile hay un mercado en todo lo que rodea a los recursos hídricos, y no es una excepción lo que sucede con las sanitarias y el alcantarillado, quizás la arista menos visibilizada pero una de las más importantes a la hora de hablar sobre agua en Chile.

La actual ley que regula las sanitarias viene del año 1998 durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei, quien promulgó la Ley N° 19.549 que establece el régimen jurídico de las empresas sanitarias, con la cual se profundizó la privatización de estas empresas, resguardando el 35% de la propiedad para el Estado. Sin embargo, en 2003, el Presidente Ricardo Lagos derogó esa disposición para facilitar la venta total de acciones, lo que finalmente ocurrió en 2011 bajo el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Actualmente, el Estado de Chile no alcanza el 5% de participación en las empresas sanitarias, las que sí son controladas por capitales extranjeros. Esto fomenta que las empresas privadas, persiguiendo el lucro, no reinviertan sus utilidades y dejen en muchas ocasiones la calidad del servicio y la protección del medio ambiente en un segundo plano al ser monopolios “naturales” y al tener contratos que aseguran sus ganancias.

La ley de concesiones en esta industria garantiza a sus controladores un 7% de rentabilidad anual y no los obliga a reinvertir parte de estas ganancias en infraestructura, mejoramiento y aseguramiento de la calidad de su servicio. Eso no es todo. La legislación permite que las empresas sanitarias contraten los servicios de empresas propiedad de sus mismos controladores, toda vez que no hay fiscalización sobre los términos de las licitaciones que hacen imposible la competencia. Respecto a las tarifas, que siguen al alza, son las propias sanitarias las que las proponen sin que la autoridad, un tigre sin dientes, pueda objetarlas.

Todo esto, amparado en el actual marco legal, es una de las grandes causantes de los casos de contaminación de ecosistemas y de cortes de suministro que periódicamente vemos a lo largo de todo el país.

El episodio insigne de esto es, sin duda, el de Essal en Osorno, cuando en 2019 la ciudad estuvo más de 10 días sin agua por un derrame de petróleo. A pesar de la dura sanción económica impuesta por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), si el actual marco regulatorio no se modifica esto seguirá sucediendo.

Esto mientras los controladores están a miles de kilómetros de distancia – la concesión de Essal en Osorno es ahora propiedad de una empresa canadiense- y sin conocer las realidades locales a las que afectan con sus negocios.

Nuestro horizonte es recuperar las sanitarias y desprivatizarlas. Ejemplos hay en ciudades de todo el mundo: Accra, Atlanta, Berlín, Buenos Aires, Grenoble, Lagos, La Paz, Maputo y París, por solo nombrar algunas. Lo que proponemos como Frente Amplio son soluciones de fondo, que puedan tener gradualidad pero irán en la dirección correcta.

Lo que buscamos en la nueva legislación de esta industria tan crítica y de bien común es desprivatizar y terminar con el lucro. Que la administración de las sanitarias recaiga en ente públicos locales o regionales donde las autoridades estén en contacto más directo con su ciudadanía y, por lo tanto, susceptibles también a las realidades de esta.

Más allá de lo que la nueva Constitución disponga frente a este tema, es el Congreso el órgano que debe terminar con una ley que no fue pensada en beneficio de la gente ni del medio ambiente, y crear un nuevo marco regulatorio con un enfoque sustentable, sostenible y que ponga en el centro la calidad de vida de las personas y la conservación del medio ambiente.

Daniela Carvacho
Candidata a Diputada por el distrito 25.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.