Violencia, hostigamiento y precariedad laboral son algunos de los conceptos que reveló un nuevo estudio de la Fundación Margen titulada “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile”.
El documento señala que en especial las condiciones de trabajo “siguen siendo inaceptables”, como comentó Herminda González, vocera de la fundación que además integra la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, REDTRASEX.
“Continúa la violencia hacia las trabajadoras sexuales y particularmente contra las trabajadoras sexuales migrantes. Se profundiza la precariedad laboral en tiempos de pandemia. Las condiciones laborales siguen siendo inaceptables. Se han conseguido avances significativos, pero falta mucho por mejorar”, comentó.
El estudio indica que si bien en Chile el trabajo sexual no está prohibido, sí se prohíben los “prostíbulos y casas de tolerancia”, según señala el Código Sanitario, siendo la única regulación el control de salud sexual que pasó de obligatorio a voluntario.
El informe evidencia la ambigüedad de la legislación chilena en torno al trabajo sexual en nuestro país, sumado a la falta de reconocimiento y regulación que favorece a la desprotección de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en Chile.
El “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile” señala además que la Constitución Política protege “la vida privada, el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. El derecho a asociarse sin permiso previo y la libertad de trabajo y su protección que establece que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de su trabajo con justa retribución. Por lo tanto, según la Constitución Política del Estado de Chile, el trabajo sexual, aquel que realiza una persona adulta con consentimiento propio, que elige libremente su trabajo, estaría protegido constitucionalmente. Sin embargo, los derechos de las trabajadoras sexuales son permanente vulnerados”.
Este nuevo estudio sucede a otros dos en materia de derechos de trabajadoras sexuales, el primero de 2013 y el segundo de 2016. Este último evidenció que las mujeres trabajadoras sexuales sufren una gran variedad de violaciones a sus Derechos Humanos desde distintos organismos estatales, principalmente desde las fuerzas policiales, donde se repiten situaciones como hostigamientos, detenciones arbitrarias e ilegales, extorsiones, amenazas, abusos de poder, malos tratos, abusos sexuales y violaciones.
Violencia, hostigamiento y precariedad laboral son algunos de los conceptos que reveló un nuevo estudio de la Fundación Margen titulada “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile”.
El documento señala que en especial las condiciones de trabajo “siguen siendo inaceptables”, como comentó Herminda González, vocera de la fundación que además integra la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, REDTRASEX.
“Continúa la violencia hacia las trabajadoras sexuales y particularmente contra las trabajadoras sexuales migrantes. Se profundiza la precariedad laboral en tiempos de pandemia. Las condiciones laborales siguen siendo inaceptables. Se han conseguido avances significativos, pero falta mucho por mejorar”, comentó.
El estudio indica que si bien en Chile el trabajo sexual no está prohibido, sí se prohíben los “prostíbulos y casas de tolerancia”, según señala el Código Sanitario, siendo la única regulación el control de salud sexual que pasó de obligatorio a voluntario.
El informe evidencia la ambigüedad de la legislación chilena en torno al trabajo sexual en nuestro país, sumado a la falta de reconocimiento y regulación que favorece a la desprotección de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en Chile.
El “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile” señala además que la Constitución Política protege “la vida privada, el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. El derecho a asociarse sin permiso previo y la libertad de trabajo y su protección que establece que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de su trabajo con justa retribución. Por lo tanto, según la Constitución Política del Estado de Chile, el trabajo sexual, aquel que realiza una persona adulta con consentimiento propio, que elige libremente su trabajo, estaría protegido constitucionalmente. Sin embargo, los derechos de las trabajadoras sexuales son permanente vulnerados”.
Este nuevo estudio sucede a otros dos en materia de derechos de trabajadoras sexuales, el primero de 2013 y el segundo de 2016. Este último evidenció que las mujeres trabajadoras sexuales sufren una gran variedad de violaciones a sus Derechos Humanos desde distintos organismos estatales, principalmente desde las fuerzas policiales, donde se repiten situaciones como hostigamientos, detenciones arbitrarias e ilegales, extorsiones, amenazas, abusos de poder, malos tratos, abusos sexuales y violaciones.
Violencia, hostigamiento y precariedad laboral son algunos de los conceptos que reveló un nuevo estudio de la Fundación Margen titulada “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile”.
El documento señala que en especial las condiciones de trabajo “siguen siendo inaceptables”, como comentó Herminda González, vocera de la fundación que además integra la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, REDTRASEX.
“Continúa la violencia hacia las trabajadoras sexuales y particularmente contra las trabajadoras sexuales migrantes. Se profundiza la precariedad laboral en tiempos de pandemia. Las condiciones laborales siguen siendo inaceptables. Se han conseguido avances significativos, pero falta mucho por mejorar”, comentó.
El estudio indica que si bien en Chile el trabajo sexual no está prohibido, sí se prohíben los “prostíbulos y casas de tolerancia”, según señala el Código Sanitario, siendo la única regulación el control de salud sexual que pasó de obligatorio a voluntario.
El informe evidencia la ambigüedad de la legislación chilena en torno al trabajo sexual en nuestro país, sumado a la falta de reconocimiento y regulación que favorece a la desprotección de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en Chile.
El “Mapeo de la Normativa sobre Trabajo Sexual y Participación Política en Chile” señala además que la Constitución Política protege “la vida privada, el derecho a la libertad personal y la seguridad individual. El derecho a asociarse sin permiso previo y la libertad de trabajo y su protección que establece que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección de su trabajo con justa retribución. Por lo tanto, según la Constitución Política del Estado de Chile, el trabajo sexual, aquel que realiza una persona adulta con consentimiento propio, que elige libremente su trabajo, estaría protegido constitucionalmente. Sin embargo, los derechos de las trabajadoras sexuales son permanente vulnerados”.
Este nuevo estudio sucede a otros dos en materia de derechos de trabajadoras sexuales, el primero de 2013 y el segundo de 2016. Este último evidenció que las mujeres trabajadoras sexuales sufren una gran variedad de violaciones a sus Derechos Humanos desde distintos organismos estatales, principalmente desde las fuerzas policiales, donde se repiten situaciones como hostigamientos, detenciones arbitrarias e ilegales, extorsiones, amenazas, abusos de poder, malos tratos, abusos sexuales y violaciones.
