La crisis climática que estamos atravesando nos ha llevado a adoptar un nuevo modelo económico que priorice el consumo responsable, con un mayor compromiso por la preservación de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Un cambio de paradigma que se instaló con más fuerza vistos los modestos resultados de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) —celebrada recientemente en Glasgow (Reino Unido), y que reunió a representantes de unos 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París.

Las medidas impulsadas por la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente tales como la implementación de la Ley Responsabilidad Extendida del Producto, el Fondo de Reciclaje y el Plan de Acción Contra la Contaminación por Plásticos han contribuido, sin duda, a la reducción de los daños que el actual modelo ha ocasionado en forma transversal a lo largo del país.

Sin embargo, si analizamos en profundidad las materias que aún faltan por abarcar, nos daremos cuenta que las acciones realizadas están lejos de una política pública global y más ambiciosa que lleve a alcanzar la sostenibilidad a largo plazo.

¿Qué desafíos nos quedan por delante? En primera instancia, recordemos que la circularidad surge como respuesta al modelo extractivista, cuya matriz se reduce a la producción, consumo y desecho, causando graves daños a la biodiversidad. Como contrapartida, el eje central de la economía circular se encuentra en el diseño y fabricación de productos que puedan ser reparados, reutilizados o remanufacturados, aumentando su durabilidad en el tiempo. Es el caso del vestuario que, luego de cumplir su vida útil, es desechado a la basura. Hoy en día, por el contrario, está siendo reciclado y reacondicionado para estar disponible en el mercado como una nueva prenda de vestir.

Según el estudio elaborado por el equipo del Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC) el tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo debe ser abordado en convergencia por tres actores: gobierno, academia y privados.

Bajo la lupa, encontraremos que uno de los eslabones centrales en esta tarea es el rol que cumple la academia a través de sus investigaciones científicas y publicaciones. En efecto, es un factor clave en el establecimiento de las bases para dejar atrás la economía lineal pues entrega evidencia para el diseño de políticas públicas y encamina el proceso de transformación de las empresas, otorgando nuevas alternativas a sus procesos industriales tradicionales y asegurando al mismo tiempo su competitividad.

La relevancia de este actor, sin embargo, contrasta con el escenario actual donde se ha puesto el foco principalmente en temas de reciclaje y en medidas tardías con una contribución más bien paliativa. Por otro lado, la pandemia generada por el Covid19 ha venido a acelerar la preocupación por girar hacia una nueva forma de desarrollo de modo perentorio.

En razón de ello, es de vital importancia que el futuro gobierno asuma un férreo compromiso con la comunidad científica a través de un mayor traspaso de recursos, pues los que han sido destinados por el ejecutivo para invertir en estas materias resultan ser insuficientes. De acuerdo a los datos entregados por la Academia Chilena de Ciencias y presidida por María Cecilia Hidalgo, la inversión en este ámbito ni siquiera llega al 0,4% del PIB, lo que la sitúa muy lejos del valor promedio de 2.4% de los países de la OCDE.

En síntesis, no es posible implementar las nuevas pautas de producción y de consumo que el reto global del coronavirus ha acelerado sin considerar el primer eslabón de la cadena: la investigación científica. Es de la mayor urgencia aumentar la asignación presupuestaria al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. De lo contrario, difícilmente alcanzaremos un desarrollo sostenible y competitivo que esté a la altura de los desafíos que tanto el país como el planeta nos demandan.

María Carolina Arriagada Gálvez
Ingeniera Comercial