Cada vez que el país se enfrenta a una encrucijada importante aparecen nítidamente las insuficiencias de nuestro espacio mediático, que es desde donde salen masivamente las informaciones que llevan a la ciudadanía a formarse una opinión sobre lo que nos atañe colectivamente. Ante un sistema caracterizado por la falta de pluralismo, la concentración de la propiedad y la inexistencia de una red de medios públicos, parte importante de la ciudadanía siente que sus posiciones son excluidas, mientras otros puntos de vista, que suelen representar contenidos legítimos pero privados, copan los contenidos de canales y periódicos.

Para no ir más atrás en el tiempo, estudios tanto respecto del estallido social como del proceso constituyente han dado cuenta de la falta de pluralismo mediático en Chile, en especial en la televisión abierta. Como hemos señalado en otras ocasiones, la Televisión Nacional no ejerce lamentablemente un rol corrector, luego de años en que la obligación al autofinanciamiento ha desdibujado su carácter público, estando en los hechos a merced del mismo control mediático que se ejerce sobre los otros medios a través de la publicidad.

El gobierno actualmente en ejercicio es el que ha mostrado mayor conciencia sobre el grave daño para la democracia que se produce por la situación recién descrita. Y al menos cuenta con el beneficio de la duda, luego de 32 años donde prácticamente no hubo políticas en la materia. Así quedó señalado con algunos compromisos de campaña y de los primeros meses de gestión, como la creación de un sistema de medios públicos, la democratización del avisaje estatal y la protección al ejercicio del periodismo en contexto de movilizaciones sociales.

En paralelo, el borrador de nueva Constitución reconoce una serie de derechos y deberes del Estado en relación al tema. Un primer artículo establece que “toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”. Otro artículo aprobado señala que “el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa”.

Además, un tercer artículo plantea que “el Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”; y un cuarto indica que “el Estado fomentará la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario”.

Como puede verse, tanto en el ámbito de la gestión de gobierno como del proceso constituyente están en juego asuntos extraordinariamente relevantes para que nuestra democracia se consolide. De alguna manera, la existencia de los medios tiene que ver con la existencia de todas las personas de una comunidad, por lo que además de comprensible es deseable que se promueva un ethos público respecto a su funcionamiento.