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Año XV, 28 de enero de 2023

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¿Es posible una nueva Constitución Ecológica?

Columna de opinión por Sam Leiva
Jueves 13 de octubre 2022 10:22 hrs.


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Por Sam Leiva, Coordinador General Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC

Desde que la opción Apruebo, la única que podría haber avanzado hacia un cambio en la relación de nuestro país con la naturaleza, perdiera abrumadoramente, se hace necesario preguntarnos si será posible contar con una Constitución que pueda ser considerada ecológica, con el objetivo de que se haga cargo de la más grande amenaza a la humanidad, las crisis conjuntas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Hay un consenso desde el mundo ambiental en que los temas ambientales no fueron los que más se usaron para diseminar fake news por parte de los adherentes al rechazo, pero que existe una distancia entre los temas ambientales y otros que preocupan a los chilenos. Por eso, somos humildes para comprender que, aunque esta propuesta contaba con más de 90 artículos considerados ambientales, la preocupación ambiental sigue estando más allá de las 10 principales preocupaciones de la gran mayoría de la gente. Dicha distancia, podría ser una de las mayores razones del porqué, aunque se identificó el texto propuesto como una Constitución Ecológica por las más significativas alianzas de movimientos y organizaciones ambientales, esta no obtuvo un apoyo justamente en las comunidades que han sido por años identificadas por problemas socioambientales, como lo son las comunas de Petorca y la provincia del mismo nombre y las zonas denominadas de sacrificio socioambiental, por mencionar algunas.

Por otro lado, más allá de tratar de ofrecer más razones al resultado, lo importante es cómo podemos asegurar que, en el futuro, logremos tener una Constitución Ecológica que permita transicionar hacia un nuevo modelo económico, que no esté basado en subsidiaridad del Estado y extractivismo. En tal sentido, las declaraciones desde los líderes políticos han señalado que el proceso no se detiene, sino que se abre una nueva oportunidad para lograr el cambio de constitución, aunque a un mes desde el resultado del plebiscito, no hay muchas señales de avance. Es importante, por lo tanto, que desde la sociedad civil democrática sigamos trabajando en conjunto para rescatar las demandas que han surgido por años desde los territorios y organizaciones socioambientales.

Por otro lado, la ciudadanía y una gran parte del espectro político, exceptuando a la extrema derecha, han señalado que se debe avanzar hacia un nuevo modelo político que permita un sistema social demócrata de derechos, esto es uno de los ejes que se espera se rescaten desde la propuesta rechazada.

Es un hecho de la causa que el texto propuesto recogía una amplia gama de demandas sociales que tenían un origen ambiental, tales como la protección de la biodiversidad, consolidar un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho humano al agua y que el recurso vital debía ser inapropiable, entre muchas otras demandas.

El complejo tema del agua, es quizás el que más critica recibió desde los sectores que apoyaron el rechazo. Sin embargo, aunque la crítica no apuntaba a la categoría de patrimonio natural del agua, sí se usó como eje de sus argumentos la futura gestión del agua. Este argumento estuvo muy relacionado a cómo se resuelve el hecho de que los derechos de aprovechamiento de agua que se otorgaron gratuitamente ahora son parte del patrimonio de quien es su titular, pero nunca se criticó la concentración del vital elemento en pocas manos ni los horribles casos de robo de agua en desmedro de muchas comunidades. Sin ir más lejos, esto no es solo un tema de la Provincia de Petorca, si no que el 53% de las comunas de Chile que se encontraban con decretos de escases de agua a diciembre de 2021.

Ahondando es este punto, el modelo de apropiación del agua es una consecuencia esperada del modelo que se impuso en dictadura y que hoy enfrenta a los dueños del agua con las comunidades que no tienen, acá no hay sorpresa, esto se pensó de esa manera. Este conflicto se creó en el momento que se impuso la Constitución del 80, creando un conflicto ante cualquier iniciativa que quisiera devolver el agua a la administración del Estado, o bien aumentar sus atribuciones o las de comunidades. Este modelo ha sido la forma de favorecer a unos pocos frente a la gran mayoría de habitantes de nuestro país y argumento para crear miedo en la población, especialmente en los pequeños agricultores. Muchos hablaron de expropiación, pero ¿se puede hablar de eso?, cuando se expropió el derecho de todos los chilenos al agua al privatizar el recurso vital mediante la Constitución del 80?, este modelo solo ha agudizado el despojo y la mala gestión, otorgando derechos de aprovechamiento de agua en donde no la hay y agudizado la concentración privada.

Finalmente, el derecho humano al agua y su reconocimiento, aunque es un avance relevante, no es suficiente. Esta garantía constitucional debe ser ejercida a través de el concepto seguridad hídrica, para manifestar que el vital elemento, que debido a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático no está asegurado, sea garantizado y priorizado para sus múltiples funciones socioecológicas.

El agua es un ejemplo para ilustrar que existen varios otros temas que empujaron el proceso constitucional y que tienen un origen socioambiental. No obstante, la idea es que podamos identificar de manera general qué temas deberían ser considerados nuevamente para que el nuevo texto sea considerado una Constitución Ecológica. En tal sentido, es indispensable que se establezca el principio de responsabilidad ambiental en la administración del Estado, y el derecho a un medio ambiente sano y ambientalmente equilibrado como dos de los ejes fundamentales del nuevo pacto político constitucional. Adicionalmente, desde SCAC durante el año 2020 y 2021 identificamos 11 temáticas que deberían ser incluidas nuevamente en la propuesta 2.0. Estos temas iban desde principios constitucionales, pasando por reconocer el derecho de la naturaleza a su protección, los derechos humanos ambientales, la función social y ambiental de la propiedad privada, el reconocimiento de los bienes comunes y por cierto las bases del modelo de desarrollo, hasta el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el territorio.

En tal sentido, es preciso priorizar algunas de estas propuestas para que podamos considerar a la nueva propuesta como Ecológica, de esta manera, el derecho a la acción colectiva y su participación es de vital importancia para profundizar la democracia y los espacios comunitarios en contra de la visión individualista del modelo de desarrollo actual. Así mismo los principios de bienestar, equidad, empatía, sostenibilidad deben ir de la mano con los principios de precaución y preventivo, para consolidar la acción del Estado de bienestar. Adicionalmente, el concepto de justicia ambiental es muy importante, sobre todo para no repetir las infames políticas que crearon y siguen agudizando las condiciones de algunos territorios sacrificados a la industrialización sin contrapesos ambientales. A su vez, reducir las diferencias regionales a través de la división del país debe ser en base a criterios ambientales, sociales y económicos, en ese orden. No debemos olvidar, que la protección de los ecosistemas es lo que sostiene a la sociedad, y la sociedad a la economía.

Por otro lado, una constitución no será ecológica si no reconoce a los originarios custodios de la naturaleza. Esta es la deuda con el reconocimiento de los pueblos indígenas, más allá de la plurinacionalidad, que fue atacada con dureza por la extrema derecha, no es posible considerar una Constitución Ecológica, en la cual se excluye a los pueblos indígenas.

Desde la sociedad civil debemos entrar en reflexión, con el objetivo de encontrar mayor cercanía con ese ciudadano que no cree que al tener una constitución ecológica varios de los conflictos socioambientales podrían tener una respuesta. Debemos acercarnos más a las comunidades que hoy prefieren seguir con una Constitución ilegítima que avanzar hacia una hecha en democracia, debemos comenzar por enfatizar los avances concretos en materia ambiental, sin maximalismos ni pretender que todas y cada una de las temáticas ambientales deben estar descritas en el texto, tampoco debemos enredarnos en que el nuevo texto solucionará todas las demandas, sino que inspirar un cambio de la mano de principios que dirijan el accionar del Estado hacia un modelo moderno y sostenible, que valore la relación sociedad y naturaleza.

Si queremos avanzar en dotar a Chile de un nuevo pacto social que disminuya las brechas sociales y por ende disminuya la conflictividad social, es importante darle la categoría de ecológica a la nueva constitución. Desde SCAC hemos señalado desde que se consolidó el proceso constitucional a través del acuerdo del 15N que existen varios obstáculos en el texto constitucional elaborado por la dictadura cívico-militar que han permitido la creación y agudización de los cientos de conflictos socioambientales que hoy vemos en nuestro país, por eso creemos firmemente que este camino aún no se ha acabado, y seguiremos trabajando para abandonar ese legado, ese sigue siendo nuestro compromiso.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.