Hace un par de días, el Comité para la Prevención de la Tortura dio a conocer que el pasado 25 de diciembre, una mujer privada de libertad dio a luz en un pasillo del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel. 

Este hecho, por el que el INDH ya interpuso una querella por torturas, reactivó el debate sobre las deficientes condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Sumado a eso, evidenció, de acuerdo a organizaciones pro derechos de los internos, la necesidad de que se apruebe la llamada “Ley Sayén”, iniciativa que propone que embarazadas y madres de lactantes cumplan su condena fuera de la cárcel.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Ignacio Cubillos, uno de los cuatro directores Leasur, ONG que defiende los derechos de las personas privadas de libertad, señaló que lo acontecido en el CPF de San Miguel no solo constituye una grave vulneración a los derechos de la interna, sino que también pasó a llevar a su hija.

“Hay una vulneración no solo a la vida de la mujer, a su dignidad, a su integridad, a sus derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional, también se pasan a llevar los derechos de el o la menor que se ve afectado en estos casos”, indicó el director de Leasur.

Cubillos recalcó que no es la primera vez que ocurre algo así: en 2016, una mujer mapuche llamada Lorenza Cayuhuan dio a luz engrillada, y en 2021 Leasur tuvo noticias de otra interna que parió bajo condiciones poco óptimas en una cárcel fuera de Santiago.

A eso, se suman otros elementos, como la baja cantidad de plazas disponibles en los módulos maternales de las cárceles. Precisamente, de acuerdo a la información que maneja Leasur, en el CPF de San Miguel no hay más espacio para otras madres. “En caso de que llegue alguna otra mujer u algunas otras mujeres, ¿Cómo se hace cargo la institucionalidad? Si es que hubiese llegado una mujer ese mismo día, también embarazada, ¿Cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo?”, cuestionó Cubillos.

“No son frecuentes casos como el de San Miguel, pero sí hay otros tipos de vulneraciones a las mujeres, represalias por parte de funcionarias o funcionarios, y casos donde se les limitan las visitas”, agregó.

Frente a ese escenario, Leasur ha abogado por una propuesta que en algunos sectores genera reticencias: sacar de los recintos penitenciarios a mujeres embarazadas y madres de niños menores de 2 años, a través del proyecto de ley Sayén.

“No hay que olvidar que hay vidas en juego, y no solamente vidas de personas adultas, sino también de infantes. Si bien hay módulos maternales más o menos ad hoc en algunos recintos, si es que están llenos, tendrían que entrar a compartirlos, tendrían que entrar a decidir quién está adentro y quién no, entonces es bien complejo que se respeten todas las condiciones maternales. Además, el acceso a la salud dentro de los recintos es bien precaria”, señaló el director de Leasur.

“En este caso que nos convoca hoy día, la interna solicitó una cita ginecológica que no se habría concretado, y entendiendo la importancia de la gestación, tenemos que tener mucho más ojo con la vida, con el monitoreo, con ir identificando si el bebé viene, por ejemplo, con malformaciones. Probablemente es complejo tratar eso dentro de los recintos, pero podría ser subsanado en el medio libre”, aseveró.

Una cruzada impopular

Ignacio Cubillos participó junto a Leasur de la discusión política en el marco de la Convención Constitucional, y considera que desde hace un tiempo “hay un ambiente adverso para hablar de los derechos de las personas privadas de libertad”.

“Es un tema bien impopular, porque hay una sensación de que la gente que delinque, que trafica, no tiene que tener más oportunidades en la vida, que basta con un delito, y ya, a la cárcel, que se pudran allá, como he escuchado muchas veces. Sin embargo, nosotros creemos que la cárcel no es la solución más efectiva contra los delitos”, dijo Cubillos.

A juicio del director de Leasur “hay que mirar este fenómeno de manera un poco más holística, entender que la cárcel tiene que ser un espacio, que no lo es hoy, de reinserción”.

Consultado respecto a las acciones que debería realizar el Estado para mejorar las situación de las personas privadas de libertad, el director de Leasur mencionó, entre otras cosas, que los jueces dejen de usar de manera tan frecuente la prisión preventiva, y que los gendarmes reciban una educación integral en derechos humanos.

“Hay un departamento de derechos humanos en Gendarmería que tiene un poco más de preocupación por casos como el que conversábamos, pero necesitamos que esta sensibilidad sea desde que las personas ingresan a formarse como gendarmes, para que cuando salgan no tengan que hacer uno, dos cursos, o los que fueren. Esa es la única forma en la que podamos cambiar el paradigma”.