Es el “día D” para quienes buscan obligar al presidente francés Emmanuel Macron a retirar su reforma de las pensiones, que supone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Esta sexta jornada de movilizaciones contra la reforma, empezó marcada por un bloqueo de expedición de carburante en todas las refinerías de Francia, según el sindicato CGT-Química. Las refinerías de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil y Petroineos se encuentran afectadas por la huelga convocada para este martes por todos los sindicatos de Francia.
La compañía ferroviaria SNCF y el sistema de transportes de París prevén importantes perturbaciones del tráfico el martes y el miércoles. En los cielos, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan sus horarios de vuelo entre un 20 y un 30% el martes y el miércoles.
Los transportistas por carretera se han sumado al movimiento, algunos ya el domingo por la noche. En educación, el Snuipp-FSU, principal sindicato de la enseñanza primaria, prevé que “más del 60%” de los profesores de primaria estarán en huelga y “varios miles de escuelas” permanecerán cerradas el martes. En las universidades están previstos una veintena de bloqueos.
Reforma impopular, determinación gubernamental
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.
Sus intentos para convencer sobre la necesidad de esta reforma no han dado sus frutos entre la opinión pública, aunque en el Parlamento cuenta con el apoyo de la oposición de derecha para sacarla adelante.
El gobierno se concentra ahora en intentar desacreditar a los opositores, ya sean las centrales sindicales o la oposición de izquierda.
La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó el lunes en la cadena France 5 de “irresponsable” el llamado a “paralizar” Francia.
La última vez que los franceses lograron paralizar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.
Por su parte, el gobierno cuenta llevar a cabo la reforma. Escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar la medida a partir de finales de marzo, incluso si las dos cámaras del Parlamento no se han pronunciado sobre la misma.
Es el “día D” para quienes buscan obligar al presidente francés Emmanuel Macron a retirar su reforma de las pensiones, que supone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Esta sexta jornada de movilizaciones contra la reforma, empezó marcada por un bloqueo de expedición de carburante en todas las refinerías de Francia, según el sindicato CGT-Química. Las refinerías de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil y Petroineos se encuentran afectadas por la huelga convocada para este martes por todos los sindicatos de Francia.
La compañía ferroviaria SNCF y el sistema de transportes de París prevén importantes perturbaciones del tráfico el martes y el miércoles. En los cielos, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan sus horarios de vuelo entre un 20 y un 30% el martes y el miércoles.
Los transportistas por carretera se han sumado al movimiento, algunos ya el domingo por la noche. En educación, el Snuipp-FSU, principal sindicato de la enseñanza primaria, prevé que “más del 60%” de los profesores de primaria estarán en huelga y “varios miles de escuelas” permanecerán cerradas el martes. En las universidades están previstos una veintena de bloqueos.
Reforma impopular, determinación gubernamental
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.
Sus intentos para convencer sobre la necesidad de esta reforma no han dado sus frutos entre la opinión pública, aunque en el Parlamento cuenta con el apoyo de la oposición de derecha para sacarla adelante.
El gobierno se concentra ahora en intentar desacreditar a los opositores, ya sean las centrales sindicales o la oposición de izquierda.
La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó el lunes en la cadena France 5 de “irresponsable” el llamado a “paralizar” Francia.
La última vez que los franceses lograron paralizar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.
Por su parte, el gobierno cuenta llevar a cabo la reforma. Escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar la medida a partir de finales de marzo, incluso si las dos cámaras del Parlamento no se han pronunciado sobre la misma.
Es el “día D” para quienes buscan obligar al presidente francés Emmanuel Macron a retirar su reforma de las pensiones, que supone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Esta sexta jornada de movilizaciones contra la reforma, empezó marcada por un bloqueo de expedición de carburante en todas las refinerías de Francia, según el sindicato CGT-Química. Las refinerías de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil y Petroineos se encuentran afectadas por la huelga convocada para este martes por todos los sindicatos de Francia.
La compañía ferroviaria SNCF y el sistema de transportes de París prevén importantes perturbaciones del tráfico el martes y el miércoles. En los cielos, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan sus horarios de vuelo entre un 20 y un 30% el martes y el miércoles.
Los transportistas por carretera se han sumado al movimiento, algunos ya el domingo por la noche. En educación, el Snuipp-FSU, principal sindicato de la enseñanza primaria, prevé que “más del 60%” de los profesores de primaria estarán en huelga y “varios miles de escuelas” permanecerán cerradas el martes. En las universidades están previstos una veintena de bloqueos.
Reforma impopular, determinación gubernamental
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.
Sus intentos para convencer sobre la necesidad de esta reforma no han dado sus frutos entre la opinión pública, aunque en el Parlamento cuenta con el apoyo de la oposición de derecha para sacarla adelante.
El gobierno se concentra ahora en intentar desacreditar a los opositores, ya sean las centrales sindicales o la oposición de izquierda.
La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó el lunes en la cadena France 5 de “irresponsable” el llamado a “paralizar” Francia.
La última vez que los franceses lograron paralizar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.
Por su parte, el gobierno cuenta llevar a cabo la reforma. Escogió un polémico procedimiento parlamentario que le permite aplicar la medida a partir de finales de marzo, incluso si las dos cámaras del Parlamento no se han pronunciado sobre la misma.
