En tiempos donde ya casi se habla solo de seguridad pública, la entrada en funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial para un Sistema Nacional de Cuidados es un hito relevante. Porque visibiliza y transforma en un problema político un asunto que hasta ahora siempre se zanjó puertas adentro. Porque evidencia cómo la desigual carga a la interior del hogar termina perjudicando a las mujeres en la totalidad de su vida. Y porque asume como responsabilidad pública y no de individuos el cuidado de las personas que lo necesitan.

Los fundamentos de esta política provienen del feminismo, específicamente de la economía feminista, y nos explica cómo la organización social sostiene y perpetúa la desigualdad de género. Dice la autora Corina Rodríguez Enríquez que “uno de los principales aportes de la economía feminista fue la recuperación de un debate de larga data dentro del feminismo: aquel conocido como «debate del trabajo doméstico» que, tempranamente y en diálogo con la teoría marxista, argumentó sobre la necesidad de visibilizar el rol del trabajo doméstico no remunerado en el proceso de acumulación capitalista, y las implicancias en términos de explotación de las mujeres, tanto por parte de los capitalistas como de «los maridos»”.

El mero recuerdo de nuestros familiares niños, enfermos, adultos mayores o postrados, es decir, el mero recuerdo de nuestras vidas, de cualquiera de nuestras vidas, nos muestra con total claridad la diferencia: mientras todos los seres humanos hemos requerido cuidados, quienes lo proveen han sido mayoritariamente mujeres. Según la CEPAL, en este continente ellas dedican más del doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Esta distribución de roles, señala, es producto de la división sexual del trabajo, basada en la reproducción de estereotipos que afectan la vida de mujeres y niñas.

Consecuentemente, las mujeres tienen menos tiempo y oportunidades para participar del mercado laboral, para educarse, para participar en política y para el ejercicio de otros derechos en igualdad de condiciones.

Además, todo lo señalado se agravó durante la pandemia. La suspensión de las clases y el teletrabajo llevó a muchas mujeres en el planeta y por cierto en Chile a un extremo. Una columna de Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer se refirió elocuentemente a esto como “mujeres malabaristas y sobrecargadas”.

Corregir esta realidad tan incrustada culturalmente en nuestra sociedad requerirá esfuerzos multisectoriales. En ese sentido, es valioso que a diferencia de otras comisiones asesoras ésta esté compuesta por diez ministros. La señal es que el Gobierno se hará cargo en su conjunto de cumplir con este compromiso presidencial, lo cual debería traducirse, aparte de medidas, en un proyecto de ley que se ha anunciado para fin de año.