Gran polémica ha generado la información sobre los costos que habría tenido para el fisco el proyecto piloto denominado “Gas para Chile” a través de ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), con el objeto de ofrecer gas licuado a un “precio justo”.

Al igual que el caso de las farmacias populares (otro ejemplo de producción y provisión estatal), esta solución pública (entregar bienes a hogares vulnerables a un costo inferior al mercado) nace también en un contexto de reproche al sector privado. Es así como la Fiscalía Nacional Económica en 2021 había señalado expresamente que el mercado del gas licuado carecía de una regulación adecuada desde una perspectiva competitiva, lo que se traducía en un aumento del precio pagado por los consumidores.

Existe por una parte un debate sobre si esta “falla del mercado” debía resolverse, únicamente, a través de mejorar la regulación de la industria o pasaba por una participación directa del Estado, con los posibles efectos en la “neutralidad competitiva” (ENAP con supuestas oportunidades de financiamiento desiguales a través del aporte que habría hecho el Ministerio de Energía en el desarrollo del piloto).

Por otra parte, más allá de si los famosos $117.000 por balón de gas —comercializados a $15.000— están bien calculados o incluyen parte de la inversión inicial (costos del proyecto), la preocupación al parecer de gran parte de la opinión pública —amplificada por una serie de columnistas, analistas de la plaza y exautoridades interesadas— sería el “despilfarro de recursos” por parte del Estado en el desarrollo de esta idea “innovadora”.

Sin embargo, este caso ilustra también lo que podríamos denominar como las “barreras de la innovación pública” en el objetivo de generar “valor público”.

La noción de “valor público” se refiere a una orientación del Estado hacia satisfacción de necesidades y deseos de la ciudadanía, con soluciones que “salgan de la caja”, más allá del solo cumplimento del mandato legal (burocrático). En términos normativos se dice que para la creación de valor público (Moore, 2013) se requiere: (a) una reflexión sustantiva de lo que es valioso y eficaz para los ciudadanos (gas a precio justo) ; (b) un diagnóstico del contexto y oportunidad para la solución disruptiva (cuestionamiento a la industria privada del gas); y (c) un análisis detallado de la viabilidad operativa de la solución  (aspecto que en este caso podría estar flaqueando, a propósito de un costo de producción que no sería sostenible).

Con todo, los trabajos que han explorado “el estado del arte” de los procesos de innovación en el Estado hacen hincapié en las claras diferencias que existirían con respecto a la innovación privada. Es así como en el sector público habría una mayor “aversión al riesgo”, considerando que un fracaso de innovación, a diferencia del sector privado, sería visto como una ineficiencia en la ejecución presupuestaria (uso de recursos públicos mal gastados), así como fuente de costos políticos (ataques de la oposición de turno a partir de los resultados obtenidos). Por supuesto que detrás de todo esto está también la discusión sobre el rol del Estado en la economía (¿Estado emprendedor?), disputa animada especialmente en nuestro caso por la coyuntura de estos días (el reinaugurado proceso constitucional y la estrategia nacional del litio).

Como fuere, se dice que las soluciones innovadoras tanto en el sector público como privado no ocurrirían de manera espontánea. La innovación seguiría un proceso que parte con la definición de un problema, seguido de la generación y selección de ideas, que posteriormente requieren ser testeadas mediante pilotos, para luego implementarlas, evaluarlas, difundirlas y escalarlas en la medida de lo posible.

El Estado tendría entonces, por una parte, un rol fundamental en el desarrollo de políticas e iniciativas (financiadas también con recursos de los contribuyentes) con foco en la promoción de la innovación en el sector privado, generando un “ecosistema de innovación” a través de instituciones y fondos que ayuden a las empresas a generar productos y servicios de alto valor (lo que hace por ejemplo CORFO con los “startups”). Existiría, asimismo, la posibilidad de innovar “desde el Estado”, introduciendo nuevas y mejores soluciones, distintas a las existentes, a fin de generar “valor público”. Es evidente que la innovación pública no puede ser solo una buena idea: una parte importante del desafío de innovar en el Estado, como ha quedado demostrado en este caso, se juega en la fase de implementación; aspecto que no solo se refiere a diseñar un adecuado “modelo de negocio” que sea al menos sustentable (ENAP ahora solo como mayorista), sino también a la necesidad de “legitimar” la solución innovadora con la ciudadanía.

Por Ignacio Cienfuegos
Académico del Departamento de Política y Gobierno UAH.
PhD en Gestión y Gobierno de la Universiteit Twente, Holanda.