En los últimos días personeros de la derecha chilena han dado señales muy contradictorias sobre sus estrategias y propuestas en relación a los pueblos indígenas y sobre cómo abordar su realidad y conflictos con el Estado y la sociedad chilena. Dada las críticas implicancias que ello puede tener para las relaciones interétnicas en el país, considero oportuno analizarlas acá.

El 21 de junio pasado partidos políticos de todas las tendencias, incluyendo entre ellos partidos de derecha como Renovación Nacional, Evopoli y Republicanos, concurrieron a la Moneda para dar su respaldo a la Comisión de Paz y Entendimiento creada por el gobierno del presidente Boric para abordar la situación de conflictividad existente en el centro sur del país derivada del desposeimiento de las tierras de las que los mapuches han sido objeto a través de la historia. A dicha Comisión se le mandató determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para la reparación, por la vía institucional, de la problemática que ello ha generado en sus comunidades y en la convivencia en esta parte de Chile.

Cabe señalar que dicha Comisión quedó integrada de manera amplia, con la participación de personalidades mapuche y no mapuche de distintas sensibilidades políticas, incluyendo entre ellos el ex ministro de Desarrollo Social y empresario Alfredo Moreno, y la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena.

Semanas más tarde, el 17 de julio pasado un grupo de integrantes del Consejo Constitucional, que incluyen a Germán Becker (RN), Pilar Cuevas (RN), Lorena Gallardo (Independiente-RN), Gloria Hutt (Evópoli) e Ivonne Mangelsdorf (RN), ingresaron una enmienda transitoria (N°14) al texto constitucional en discusión por dicho Consejo a objeto de crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, encargada de “…resolver las solicitudes formuladas en consideración a los títulos señalados en los artículos 12, 63 y 68 de la Ley N° 19.253”, todas ellas disposiciones de la llamada Ley Indígena referidas a los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

La misma propuesta de enmienda dispone que en caso de constatarse una merma ilegal de los títulos “…la Comisión deberá proponer al Estado acciones de reparación preferentemente indemnizatorias, considerando el valor del detrimento efectivamente causado, respetando siempre los derechos de terceros. Cada beneficiario podrá elegir el modo de reparación al cual adscribirse.” La enmienda dispone además que “la no presentación de estas solicitudes dentro de plazo producirá la prescripción del derecho a presentar la solicitud”.

Más allá del evidente conflicto de la enmienda presentada con el estándar del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, al establecer la indemnización sobre la restitución como la opción preferente para dar respuesta a las “solicitudes” indígenas y al sugerir que los derechos que estos tienen sobre sus tierras pueden prescribir si no se presentan tales solicitudes en un plazo fijado por el Estado, lo que no se logra entender es la coherencia que ella tiene con el compromiso que los partidos políticos a los que pertenecen hicieron al concurrir a través de sus representantes a la suscripción del acuerdo para la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento antes referida creada un mes antes. Ello es más difícil de entender aún si se tiene presente la participación de las personalidades de la derecha antes referidas como miembros de dicha Comisión.

Como si lo anterior fuera poco, con fecha 26 de julio la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, militante del Partido Republicano, en oficio dirigido al Consejero mapuche electo por escaño reservado indígena, Alihuen Antileo, desestima la propuesta que este le hiciera de desarrollar un proceso de consulta indígena de las disposiciones del ante proyecto de texto constitucional susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, proceso cuya viabilidad había sido refrendada al Consejo Constitucional por el Ministerio de Desarrollo Social.

En su argumentación para desestimar la procedencia de la consulta indígena la presidenta del Consejo Constitucional señala que “…redactar una nueva propuesta constitucional no constituye una medida administrativa o legislativa, ni es el Consejo Constitucional el órgano competente para llevar a cabo una consulta indígena en los términos del Convenio N° 169 de la OIT.” A ello agrega “… la ausencia de facultades constitucionales y/o reglamentarias del Consejo Constitucional para llevar a cabo acciones en pos de una consulta indígena”. Argumenta finalmente que ya ha existido “…una robusta participación de los pueblos indígenas en el actual proceso constitucional, particularmente a través de los mecanismos de participación ciudadana al cual fueron convocados todos los chilenos.”

Los argumentos formales esgrimidos por la presidenta del Consejo Constitucional para echar por tierra el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre las disposiciones susceptibles de afectarles del anteproyecto constitucional, consulta que de acuerdo al Convenio de 169 de la OIT evidentemente corresponde frente a la elaboración de una medida legislativa tan importante como lo es una carta fundamental, son insostenibles.

Más grave aún, en mi opinión, es la falta de visión política de la derecha está demostrando en el Consejo Constitucional tanto por su propuesta de enmienda contradictoria en el caso de la Comisión de Paz y Entendimiento, como por su actitud denegatoria en el caso del rechazo al desarrollo de un proceso de consulta indígena del anteproyecto constitucional.

Cabe preguntarse al respecto: ¿Es que la derecha no entiende que estamos sino frente al principal, uno de los principales conflictos socio político que enfrenta el país, que de no abordarse institucionalmente y con prontitud a través de instancias de composición amplia como la Comisión de Paz y Entendimiento amenaza con generar mayores niveles de enfrentamiento, violencia y sufrimiento humano que aquellos ya existentes en el centro sur del país?

¿Es que la derecha piensa que las demandas del mapuche por justicia frente al desposeimiento de sus tierras se van a terminar por la prescripción de un plazo para presentar sus demandas como lo proponen sus consejeros constitucionales en la enmienda recientemente presentada?

¿Es que la derecha cree que la Constitución propuesta por el Consejo Constitucional, en caso de ser aprobada, será considerada como legitima por los pueblos indígenas, y que las disposiciones que les conciernen serán respetadas por sus comunidades en el caso de que no les sean consultadas con sus instituciones representativas como mandata el Convenio 169 de la OIT?

¿Ignorancia o mala fe de la derecha? Prefiero pensar lo primero. En ambos casos, sin embargo, la actitud contradictoria o denegatoria de derechos actualmente reconocidos por el Estado que sus personeros están teniendo en relación a los pueblos indígenas en la crítica coyuntura actual de las relaciones interétnicas existente en el centro sur del país conduce a la agudización de un conflicto histórico, de una herida profunda que requiere del concurso todos los sectores políticos, incluyendo por cierto a la derecha, para sanar.

• El autor es abogado del Observatorio Ciudadano.