Luz Reidel Wagner, abogada de Corporación Humanas

Aunque sólo han pasado tres meses desde la elección de quienes integran el Consejo Constitucional, el recuerdo de la franja electoral parece muy difuso. Atrás han quedado las promesas de solucionar los problemas de seguridad que hizo en ese momento el Partido Republicano y que contribuyeron a que sean mayoría en el Consejo, y con ello, a una alta visibilidad y conocimiento público de este partido.

Hoy estas promesas parecen haber sido un caballo de Troya utilizado para ingresar a los espacios institucionales y emprender así una arremetida en contra de derechos legalmente reconocidos, develando una agenda cuyas prioridades ponen en peligro la autonomía y la vida de las mujeres. Ya lo hicieron con las enmiendas presentadas por el partido en el proceso constitucional y recientemente  su presidente dobló la apuesta para el ámbito legislativo: “Cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales que creemos atenta a la vida”.

Esta propuesta contrasta con la opinión que la mayoría de las personas manifiesta en relación al tema. En la encuesta publicada recientemente por el Centro de Estudios Públicos, apenas un 19% de las personas se manifiesta en contra del aborto en cualquier caso, un 49% señala que debe estar permitido sólo en situaciones  especiales y se triplicó el porcentaje de quienes indican que debe ser una opción para las mujeres en cualquier circunstancia , alcanzando un 30%. Es decir, sumando las dos últimas alternativas, casi un 80% de quienes viven en Chile consideran que las mujeres tienen el derecho de decidir respecto de sus cuerpos y sus embarazos.

La postura del Partido Republicano respecto de la ley de interrupción del embarazo en tres causales debe poner en alerta no sólo a los movimientos feministas y de mujeres, sino a una sociedad completa que se pronuncia de manera consistente en favor de estos avances. Si no queremos enfrentarnos a retrocesos tan dramáticos como lo vivido en Estados Unidos con la derogación, a 50 años de su dictación, del fallo de la Corte Suprema que permitía a las mujeres abortar de manera legal, es momento de tomarnos en serio la irrupción de sectores ultraconservadores que buscan activamente despojarnos de los derechos que nos han sido reconocidos y asumir que esto es una posibilidad cierta si no tomamos la responsabilidad de impedirlo.

En escenarios como el actual, en que el tema de la seguridad acapara la conversación, no es de extrañar que se dejen de lado cuestiones que, siendo también prioritarias, parecen menos apremiantes precisamente por encontrarse garantizadas en la ley. Sin embargo, antes de que sea demasiado tarde y se instale en el Congreso una mayoría conservadora que impulse retrocesos significativos para los derechos de las mujeres y que son además valorados por la población, es necesario tomar conciencia de una realidad alarmante: el objetivo de derogar la ley de aborto en tres causales se traduce, en palabras sencillas, en la intención de perseguir, criminalizar y encarcelar a las niñas y mujeres que decidan interrumpir  su embarazo si han sido violadas, cuando su vida corra peligro o cuando la vida del feto sea inviable. La promesa, finalmente, es condenar a esas mujeres a abortar de manera clandestina e insegura.