Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile

Este fin de semana se celebra el Día del niño y la niña, una fiesta en la que priman los regalos, juegos y actividades donde la infancia es la protagonista. Una instancia que nos recuerda que los niños y niñas son sujetos de derecho y merecen especial protección (como dice la Declaración de Derechos del niño/a de 1959). Sin embargo, a 50 años del Golpe de Estado en Chile recordamos cuántos menores fueron masacrados durante este periodo y cuyos derechos fueron pasados a llevar. Por eso, queremos traer a la memoria algunas de las acciones de aniquilamiento a las que se vieron sometidos por parte del Estado durante la dictadura.

Según el informe Rettig se ejecutó al menos a 307 menores de 20 años, de las cuales 75 son personas detenidas desaparecidas. Entre ellas figura Alicia Marcela Aguilar Carvajal, una niña de 6 años que fue alcanzada por un proyectil de un militar mientras jugaba con su hermana en la Plaza Panamá de Santiago Centro. Marcela murió de camino a un centro asistencial el 18 de septiembre de 1973. También encontramos la historia de Leonidas Isabel Díaz Díaz, estudiante de 14 de años, quien estaba embarazada cuando carabineros la detuvo. Fue llevada a comisaría y después ejecutada. Estos son sólo dos de los relatos de los 190 recopilados en el libro ‘Rompiendo el silencio: de las niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar: 1973-1990’ de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. 

Además, se contabiliza que 15 embarazadas fueron ejecutadas o desaparecidas antes de que pudieran dar a luz. Había otros casos en que el embarazo llegó a término, pero con un gran sufrimiento. Uno de los relatos del Informe Valech I es el de una mujer que en su séptimo mes de embarazo fue detenida y llevada a un recinto de la DINA donde fue violada reiteradas veces. Su hija nació bajo custodia policial en el hospital Sótero del Río, estuvieron juntas hasta los cinco meses de edad. Resulta paradójico este nivel de violencia contra mujeres embarazadas, cuando, al mismo tiempo, se redactaba la actual Constitución en que, por primera vez, se señalaba que la ley protegería la vida del que está por nacer.

Por otra parte, 102 menores de edad estuvieron durante un tiempo en prisión política con su padre o madre o nacieron en ella. Son eventos traumáticos que, sin duda, marcaron sus vidas. Según los informes de la Comisión Valech, las víctimas de prisión política y tortura menores de 18 años, al momento de la detención, ascienden a 956. En muchos de esos casos, los niños y niñas fueron víctimas directas de tortura física. En otros se los convirtió en espectadores de la brutalidad que sufrían sus padres, madres u otros familiares. En nuestro país, al igual que en otros de la región, existe una Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura que ha realizado una importante labor respecto a la visibilización de lo que vivieron y reivindicando diversas medidas de parte del Estado.

Tampoco podemos olvidar a niños y niñas que fueron víctimas del exilio, en algunos casos apareciendo sus nombres en las listas de personas expulsadas que no podrían entrar al país. En otros, acompañando a sus padres en el destierro. Esos niños y niñas crecieron en otras tierras de manera obligada, lejos de muchos seres queridos y con familias que siempre miraron a Chile esperando el momento para poder regresar.

Es común escuchar la expresión: “los niños primero”, y que su protección debe primar. Sin embargo, hace 50 años esto no sucedió. Algunos debieron convertirse rápidamente en personas adultas sin tener las herramientas para enfrentar lo que les estaba sucediendo. Otras experimentaron brutalidades que truncaron sus proyectos de vida. Desde Amnistía Internacional, recordamos a las infancias que fueron víctimas de la dictadura y hacemos un llamado al Estado de Chile a respetar y proteger, hoy y siempre, sus derechos.