Las empresas serias que toman calculadas decisiones de inversión crecen sustentablemente y son bien valoradas por la opinión pública y las que elaboran o importan mercancías, si tienen un sobre stock, deben reducir sus precios para venderlas y si en sus decisiones comerciales se han equivocado tendrán que declararse en quiebra y los bancos que las han financiado tendrán que rematar los bienes en garantía que tienen en su poder.
Todos queremos obtener beneficios en nuestras transacciones, pero esas ganancias para ser legítimas deben enmarcarse en el respeto obligatorio por las diversas leyes existentes en nuestro Estado Democrático de Derecho. Lo anterior es deseable para que funcione correctamente el sistema, ya que la igualdad de oportunidades y las competencias leales en los mercados son sinónimos de honestidad. Si fuese así estaríamos exentos de conflictos y no existirían tantas universidades que “producen” miles de abogados al año. Claro que ello es idealismo puro pues los pillos, siendo muchos menos en cantidad que los honestos, saben cómo engañar la fe pública, sin que, casi siempre, nadie se percate.
Sabemos que aquellos que cuentan con mejor formación educativa y/o son herederos de fortunas y quienes tienen habilidades para hacer negocios están en posiciones privilegiadas para relacionarse con la casta política que, en muchas ocasiones, adopta decisiones impropias que tienen como único objetivo el logro, por parte de ciertas asociaciones empresariales y amiguis, de ventajas que vulneran el libre mercado, lacra que sucede en todos los países del mundo, pero mayormente en los países subdesarrollados.
En los países más probos, con severas institucionalidades, en los cuales son ocasionales las prácticas corruptas y cuando las trampas se detectan las sanciones son ejemplificadoras, el mercado opera bien y en este sentido celebramos que, desde hace un poco más de un mes, ya está vigente en nuestro país la ley N° 21.595 que ataca los delitos económicos y ambientales. Veremos si esta civilizada disposición opera con racionalidad, para que se vayan reduciendo las estafas al erario público y los engaños entre privados de alto nivel.
Si los agricultores que cosechan manzanas no pueden venderlas en los precios que ellos estiman apropiados, obligatoriamente deben reducirlos para que los consumidores se las compren, pero el influyente sector de la construcción dispone de 50.000 viviendas nuevas con altos precios de venta, derivados de la burbuja inmobiliaria, prefirió hacer lobby en el gobierno para no regirse por las reglas del mercado, es decir, reduciendo los precios.
Por el contrario, astutos como son sus líderes, consiguieron que el gobierno promueva una modificación a la ley de la renta para que los compradores de esas viviendas nuevas dispongan de incentivos tributarios, buscándose así que con este trato preferencial se puedan vender al mismo precio esos inmuebles. Con esta grosera distorsión económica el Estado recibirá menos impuestos por parte de aquellos que las adquirieron y tributan, pero a la vez le da una cariñosa mano a ese sector de la economía, lo cual es indicativo de la existencia de la “captura del Estado” por parte de algunos privados regalones.
Hace pocos días la fundación Defendamos la Ciudad tuvo que denunciar en la Contraloría General de la República unas prácticas ilegales, también anti mercado, cometidas por las autoridades locales de Concón y del gobierno central, en este caso la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, relacionadas con clasificar mendazmente como troncales algunas vialidades locales en esa comuna, las que, mayoritariamente se encuentran dentro del área urbanizada por la empresa Reconsa, dueña de las dunas de Concón. Se debe tener presente que en Chile las vías son expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales, clasificación que obedece a sus características.