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Chile: Caso extremo de corrupción

Columna de opinión por Felipe Portales
Viernes 24 de noviembre 2023 16:47 hrs.


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Chile se ha visto conmocionado por el conocimiento de un crudo plan de corrupción de instituciones públicas, manifestado por quien hasta ahora era quizá el abogado más poderoso y prestigioso en la elite chilena: Luis Hermosilla. Quien además -como muchos miembros de la antigua izquierda chilena- experimentó con el tiempo cambios ideológicos radicales hacia posturas neoliberales.

A ello se sumaron las declaraciones del también destacado abogado y exministro de Justicia de la Concertación, Isidro Solís (y actual secretario general del nuevo movimiento de derecha: “Amarillos por Chile”), quien criticó el esquema de coimas anunciado por Hermosilla pero le quitó relevancia al decir que eran “prácticas bastante frecuentes” años atrás.

Es cierto que desde hace muchos años que la corrupción se ha ido constatando como un fenómeno cada vez más evidente en las altas esferas de nuestra sociedad. Aunque todavía no existe una conciencia clara de que nuestro país, desde la dictadura, se constituyó probablemente en el país más corrupto de América, si entendemos por corrupción la colusión que se da entre los poderes económicos y políticos en fundamental beneficio de los primeros.

Así, en ese período se produjo una monumental “transferencia de recursos” de al menos decenas de miles de millones de dólares del Estado hacia grandes grupos económicos. Esto se hizo a través de diversos mecanismos: Venta a vil precio de centenares de grandes y medianas empresas creadas por el Estado o estatizadas durante la Unidad Popular; el traspaso de todos los fondos previsionales de los trabajadores hacia entidades privadas para que fuesen capitalizados por grandes grupos económicos; el traspaso en el mismo sentido de los fondos de la atención de salud de las clases altas y medias; gigantescos subsidios para empresas forestales e inmobiliarias; virtual desnacionalización creciente de la gran minería del cobre a grandes empresas nacionales o extranjeras y permitiéndoles que a través de “martingalas” disminuyesen sustancialmente su pago de impuestos; salvataje de la banca privada luego de que prácticamente quebró durante la grave crisis económica de 1982; etc.

Por otro lado, se establecieron normativas que permiten “elusiones” de impuestos de empresarios, ejecutivos y profesionales exitosos, a través de sociedades “fantasmas” que no tributan. O que permiten gigantescas ganancias al transformarse los predios rurales en urbanos. Para qué hablar de la Ley de Pesca que le “entregó” el mar a siete familias y cuyo origen fue comprobadamente corrupto. Y de las concesiones al Director del Servicio de Impuestos Internos y al Tesorero General de la República de atribuciones discrecionales para eximir de multas por incumplimiento de leyes tributarias. Y la concesión adicional al Servicio de Impuestos Internos de la exclusividad para querellarse por delitos tributarios, en perjuicio de las fiscalías.

Además, instituciones claves del Estado, como el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas y Carabineros y las municipalidades (en cuanto a sus “corporaciones municipales”) no están sujetos a la supervisión de la Contraloría General de la República. De hecho, la mayoría de los municipios del país están hoy siendo investigados por casos de corrupción. Por otro lado, se ha extendido el nepotismo, los tráficos de influencia, los conflictos de interés, el abuso de información privilegiada, la malversación de fondos fiscales, la colusión de precios del gran comercio y muchas otras formas de corrupción.

Y todo ello se ha visto agravado por leyes irrisorias de penas para los delitos “económicos”, complementado por conductas “negligentes” de los gobiernos, las fiscalías y los tribunales a la hora de sancionarlos; lo que ha consagrado virtualmente la impunidad, factor clave para consolidar la corrupción. El caso más evidente lo vimos años atrás con la casi total falta de sanciones de la verdadera ola de delitos descubiertos en el financiamiento transversal de las campañas electorales por los grandes grupos económicos. Incluso, una de las poquísimas “sanciones” fue tener que concurrir ¡a clases de ética! –además de multas- conque fueron condenados los dueños de “Penta”, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por delitos tributarios…

Pero esta obra de la dictadura fue legitimada y consolidada por quienes se habían comprometido a sustituirla: los sucesivos gobiernos de la Concertación. Cambiando subrepticia y completamente sus principios, el liderazgo de la Concertación, a fines de los 80 llegó a una “convergencia” ideológica con la derecha, de acuerdo al reconocimiento del considerado por todos como máximo ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger, y “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).

De allí se comprende que dicho liderazgo le regalase subrepticiamente a la inminente oposición de derecha la futura mayoría parlamentaria que la Constitución del 80 (pensando obviamente en un Pinochet ratificado como presidente en 1988) le concedía a quien gobernase, concordando la modificación de los quórums para aprobar las leyes en las 54 reformas constitucionales aprobadas en paquete y plebiscitadas en julio de 1989, de tal modo que ¡prácticamente nadie de quienes votaron se dieron cuenta de ello; y casi nadie lo sabe hasta el día de hoy!…

También con ello se comprende la aparentemente suicida actitud de los gobiernos concertacionistas de haber promovido exitosamente ¡el exterminio de los numerosos medios escritos de centro-izquierda que tan importantes fueron en la lucha contra la dictadura!; a través fundamentalmente de la silenciosa discriminación en su contra del avisaje estatal. Y la también aparentemente suicida desmovilización completa del conjunto de movimientos sociales de base que en los 80 desarrollaron un papel clave en la lucha contra la dictadura…

Y las políticas anteriores le permitieron a dicho liderazgo disfrazar muy bien su pérdida de voluntad en sustituir la obra de la dictadura, haciéndola ver como imposibilidad de hacerlo debido a obstáculos objetivos. Pero con el tiempo han ido trascendiendo, en varios de sus líderes, expresiones demostrativas de su total derechización. Como en el caso del ministro de Hacienda de Aylwin (y luego senador y presidente del PDC), Alejandro Foxley, quien declaró que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo”; y que su obra constituye “una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile”; y que “ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, en el mundo de la “renovación socialista”, tenemos a su destacado intelectual, Eugenio Tironi, quien ha señalado -¡como Adam Smith!- que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, 1999; pp. 36, 60 y 162).

Estas concepciones nos permiten comprender también algo casi inimaginable: ¡Cómo el liderazgo de la Concertación procedió fervorosa y exitosamente a defender la impunidad de Pinochet tanto en los tribunales internacionales y nacionales!…

Por su parte, la derecha también ha reconocido efusivamente dicho giro copernicano del liderazgo concertacionista, y particularmente el del ex presidente socialista, Ricardo Lagos. Así, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de su gobierno que a Lagos “mis empresarios todos lo aman (…) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005). Asimismo, el economista y empresario, César Barros, lo calificó como “el mejor presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006).

El dirigente de la UDI, Herman Chadwick, señaló, a su vez, que “el Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos” (El Mercurio; 21-3-2006). Y el empresario pinochetista, Ricardo Claro, expresó que “Lagos es el único político en Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008). Y desde el exterior, el adlátere de Milton Friedman en la Universidad de Chicago, Arnold Harberger, dijo de una intervención de Lagos en un seminario en Colombia en 2007 que “su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).

A su vez, en términos más generales, el destacado cientista político de RN, Oscar Godoy, preguntado respecto de “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo” de la derecha; contestó que “creo que eso debería ser un motivo de gran alegría (en la derecha), porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Por cierto, la derecha y los grandes empresarios no sólo fueron efusivos en sus expresiones, sino además le proporcionaron a sus líderes significativas retribuciones económicas. Así, decenas de ex ministros, subsecretarios, parlamentarios y superintendentes concertacionistas llegaron a ser directores o ejecutivos de empresas, bancos, fundaciones o medios de comunicación de grandes grupos económicos. Del mismo modo sus candidatos a presidente y parlamentarios han recibido también suculentos apoyos económicos -legales e ilegales- de dichos grupos.

Es sí importante tener en cuenta que, a diferencia de la generalidad de los demás países latinoamericanos en que hay muchos políticos y sindicalistas multimillonarios, en Chile las colusiones entre empresarios y políticos son muy desproporcionadamente favorables a los primeros. Y otra diferencia relevante que hace mucho menos percibida la corrupción de nuestra sociedad –tanto hacia nosotros mismos como al resto del mundo- es su carácter estructural, sofisticado y que se produce fundamentalmente en el comportamiento de sus elites y a espaldas de la población. Pero, en definitiva, esto la hace todavía más grave que en el resto de América Latina.

Y también es clave constatar que la “convergencia” de la centro-izquierda con la derecha producida desde 1989 ha hecho que la elección democrática de las autoridades, a partir de 1990, no se tradujera en cambios del sistema injusto y corrupto impuesto por la dictadura. Así, y pese a que la “centro-izquierda” chilena siguió planteando demagógicamente en sus programas electorales profundas reformas (¡y ha logrado seis veces elegir presidentes de la República!), en la práctica todas las leyes aprobadas hasta el presente lo han sido en concierto con la derecha, independiente de que luego del regalo de la mayoría parlamentaria de 1989, la “centro-izquierda” a partir de la década del 2000 obtuvo muchas veces mayorías parlamentarias. Es lo que se ha llamado “la política de los consensos” que obviamente ha perpetuado la obra económico-social de la dictadura.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.