El 29 de junio de 1973 en el ensayo de golpe de Estado que encabezó el coronel Roberto Souper contra Salvador Allende, el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen grabó al pelotón de militares que le disparó hasta asesinarlo a un costado del Banco Central en pleno centro de Santiago. La imagen quedó grabada y resurge una y otra vez cuando suceden hechos similares en cualquier rincón del mundo.

El asunto hoy es que este hecho, el asesinato de camarógrafos y periodistas, se ha repetido al menos en 79 oportunidades, según comunicó hace algunos días el Comité para la Protección de los Periodistas, organismo internacional con sede en Nueva York, en tan sólo tres meses desde que comenzó el asedio israelí en la Franja de Gaza.

Se dispara al mensajero como si también fuera un objetivo de guerra, cuando las imágenes de los mismos profesionales de la prensa o de sus colegas demuestran que no pueden ser considerados un elemento hostil para las fuerzas militares que ocupan el territorio gazatí y que sí contaban con elementos para distinguirlos con claridad por los uniformados.

Uno de los últimos de estos ataques se produjo hace sólo algunos días en la zona que fue denominada por el propio ejército israelí como de “seguridad humanitaria” en la fronteriza ciudad de Rafah, vecina de Egipto. Sin embargo, el vehículo en el que se movilizaban los periodistas que habían llegado a la carretera que une Jan Yunis con Rafah para informar de los últimos bombardeos que con intensidad está desarrollando la maquinaria bélica de Netanyahu, recibió el impacto de un dron armado que terminó con la vida del corresponsal de Al Jazeera Hamza Al-Dahdouh y el comunicador independiente Mustafa Thuraya.

¿Cómo se entiende el lanzamiento de estos ataques deliberados contra los comunicadores que buscan informar en cadenas internacionales, medios del mundo y plataformas digitales lo que se está viviendo con la brutal arremetida militar israelita en la Franja de Gaza?

La única explicación posible es que para el gobierno de Tel Aviv el objetivo es evitar que se siga informando, impedir que la comunidad internacional conozca de primera mano el sistemático atropello que están cometiendo no para terminar con Hamás, sino que apunta contra toda la población civil que como sabemos incluye a miles de palestinos ancianos, mujeres y niños que han sido víctimas en estos casi cien días.

El argumento de que Israel es la única democracia de Medio Oriente y que existe plena libertad de expresión en su sociedad, no funciona a la hora de evaluar estos luctuosos hechos que dejan a la vista su total desprecio por la vida.

Resulta urgente poner fin a esta agresión que afecta a la población de Gaza, está arrasando con toda su infraestructura y está también significando la muerte para decenas de comunicadores, lo que además coloca en serio riesgo el derecho a la información al que tienen todos los habitantes del orbe.