Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 22 de julio de 2024


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Despelote en la comuna de Pudahuel

Columna de opinión por Patricio Herman
Lunes 12 de febrero 2024 18:02 hrs.


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Teníamos muchas dudas si publicábamos este texto porque contiene tecnicismos que son aburridos para los lectores, pero si no lo hacíamos estas malas prácticas no serían conocidas y por ello las describimos a continuación para que las funciones públicas aludidas reaccionen.

Pues bien, en junio de 2022 la Contraloría General de la República entregó el Informe Final Nº 403/2020 referido a la auditoría desarrollada en la Municipalidad de Pudahuel y en la SEREMI Minvu, el cual vino a confirmar una serie de prácticas ilegales en la entrega de permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de esa comuna y en diversos informes “favorables” de esa SEREMI para la construcción en el área rural fijada en el ordenamiento territorial.

Los casos son muy graves y numerosos y dieron lugar en julio de 2022 a sumarios administrativos de la Contraloría en ambas reparticiones públicas, los que a esta fecha siguen en desarrollo y por ello esperamos que la contralora, Dorothy Pérez, les dé término pronto para que se puedan conocer las sanciones a los funcionarios públicos que no cumplieron con sus responsabilidades.

Algunos de los casos analizados en la auditoría son los informes “favorables” y las autorizaciones municipales entregados en terrenos rurales de Pudahuel que, según los planos del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994, se ubicaban en la zona de protección sur del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Dichos terrenos eran originalmente de propiedad de la empresa “Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A.” (ENEA).

De acuerdo con los planos y la ordenanza del PRMS, en esos terrenos rurales correspondía restringir los usos de suelo y evitar la permanencia prolongada de personas en ellos, por el riesgo de accidentes de aviación que significa el despegue y aterrizaje de aeronaves. Pese a esa delicada situación, desde el año 2015 la empresa ENEA había obtenido las “aprobaciones” de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), SEREMI Minvu y DOM de Pudahuel para edificar en esos terrenos rurales un hotel, un centro de eventos, un patio de comidas, un estacionamiento, y un proyecto de bodegas y oficinas. En la aludida y categórica auditoría de la Contraloría se concluyó que esos terrenos rurales no permitían ese tipo de construcciones, pues así lo establecía el PRMS.

A modo de ejemplo, en diciembre de 2019 la DOM de Pudahuel entregó el permiso de edificación N° 293/19 de un hotel de 4 pisos que involucra 9.000 m2 construidos, basado en el informe favorable N° 2115/2016 de la mencionada SEREMI. El titular del permiso es una empresa ligada a “A3 Property Investments” cuyos accionistas son Accor Hotels, Grupo Algeciras, Inversiones Siemel y el Family Office del particular Ignacio del Río.

Al verse afectada en su negocio por el mencionado Informe Final de la Contraloría, la empresa ENEA le solicitó una reconsideración al ente fiscalizador y como parte de esa gestión, en noviembre de 2022, el Director General de la DGAC emitió un “informe” en el que señala que esos terrenos de ENEA no corresponden a un área de riesgo, motivo por el cual, vía su dictamen Nº E339801/2023, la Contraloría se vio obligada a concluir que los terrenos de ENEA no están afectados por las restricciones del PRMS porque hubo un error de graficación en los planos de ese instrumento de planificación.

Dado el error de graficación, esos predios rurales no tienen regulación urbanística según el PRMS y allí es aplicable el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC); lo que significa que son los únicos terrenos de toda la región Metropolitana de Santiago que carecen de normativa urbanística en el PRMS, situación que debería ser corregido a la brevedad por la actual SEREMI Minvu de esta región.

Debemos señalar que en 2015 la SEREMI Minvu había interpretado que en estos terrenos de ENEA se permitían actividades complementarias al transporte aéreo, del tipo existente en el propio aeropuerto Arturo Merino Benítez. La Contraloría ratificó en su dictamen Nº E339801/2023 que esa interpretación no se ajustó a derecho pues solo una pequeña porción de esos terrenos se encuentra en el área de Aeródromos o Aeropuertos definida en el PRMS. ¿Qué importancia tenía esa equivocada interpretación que favoreció a ENEA?, que con eso la SEREMI de turno abrió la puerta a que se autorizara construir el mencionado hotel, además de un centro de eventos, un patio de comidas, etc. pues todos ellos se asumieron complementarios a las actividades que se desarrollan en el aeropuerto. El obediente DOM, Ricardo Gallardo, al autorizar en 2019 el hotel indicó que se ubicaba en el “área complementaria al aeropuerto”.

En resumen, los informes favorables de la SEREMI Minvu basados en que los terrenos rurales de ENEA permitían actividades complementarias al transporte aéreo no se ajustan a derecho y eso vuelve ilegales todas las autorizaciones que la DOM de Pudahuel entregó en función de esos pronunciamientos sectoriales, como el permiso N° 293/19 para construir el hotel. Los nuevos informes que debe solicitar ENEA deben tener en cuenta los criterios regionales para cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales no originen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal definidos por la SEREMI Minvu.

Finalmente, las autoridades competentes deberían tener en cuenta que el aeropuerto de Pudahuel ahora tiene la infraestructura necesaria para duplicar los pasajeros transportados en comparación a lo observado antes de la pandemia al haberse construido un segundo terminal (T2) para vuelos internacionales, que se une al original (T1) que ahora solo atiende vuelos domésticos. Por lo tanto, con la mayor cantidad de vuelos aumentará considerablemente el riesgo de accidentes de aviación y esperamos que nunca ocurra una tragedia, pero si llegara a ocurrir, la DGAC, la SEREMI Minvu, el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano y la DOM de Pudahuel tendrán una alta cuota de responsabilidad si resultan involucradas personas que confiadamente utilicen las edificaciones que se construyan en esos terrenos rurales.

En otro ámbito, tomamos conocimiento de que recientemente la Corte Suprema emitió su sentencia en el último caso de Pudahuel que involucraba la construcción de proyectos inmobiliarios en el Parque Intercomunal Lo Prado, al costado de la Ruta 68. La corte rechazó las pretensiones de la empresa Inmobiliaria Travesía y el terreno ahora podrá ser adquirido por la municipalidad para continuar la construcción de ese parque.

Lo interesante de este caso es que quedó en evidencia que el verdadero culpable del problema fue el ex alcalde Johnny Carrasco. El parque Lo Prado fue definido en 1994 como área verde en el PRMS, pero como resultado de la ley que estableció plazos de caducidad de las declaratorias de utilidad pública de las vías y parques, en 2012 el ex alcalde le asignó normas constructivas a una serie de terrenos ubicados en esta área verde.

Sin embargo, la ley le permitía al alcalde prorrogar la declaratoria de utilidad pública del parque y si lo hubiese hecho habría estado resguardado hasta 2014 cuando se decidió eliminar los plazos de caducidad y restablecer las declaratorias de todos los parques mediante la ley N° 20.791. La propia empresa utilizó esa situación como un argumento en el juicio en la Corte Suprema, señalando que la Municipalidad de Pudahuel permitió explícitamente la ocupación del parque con desarrollos inmobiliarios, pese a que pudo evitarlo, como se muestra a continuación:

“Señala (Inmobiliaria Travesía) que, pese a que dicha normativa permitía a la municipalidad volver a afectar a utilidad pública dichos terrenos, aquélla no lo hizo, sino que, por el contrario, el 9 de abril del 2011 emitió su propuesta de asignación de nuevas condiciones técnico-urbanísticas a dichos terrenos, solicitando un uso habitacional mixto a la Seremi del Minvu Metropolitano, quien emitió un informe favorable. Y con fecha 4 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Alcaldicio N° 2968 de la municipalidad que asignó nuevas normas urbanísticas para siete lotes del sector”.

Es importante mencionar que frente a las protestas de la comunidad, Johnny Carrasco se lavó las manos y culpó a otros del problema que se generó en el parque Lo Prado con la construcción de edificios, incluso declaró ante los molestos vecinos que haría un sumario al DOM, Ricardo Gallardo, por esa situación. Al final la verdad siempre sale a la luz.

Carrasco, uno de los connotados barones del PS, tiene interés en ser nuevamente alcalde en Pudahuel y como tiene arrastre en la comunidad y por residir en la comuna, seguramente logrará su objetivo y siendo así, esperamos que cuando ejerza ese cargo lo haga con apego irrestricto a la probidad y transparencia.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.