“Un pedacito de justicia”. Así calificó la familia de Jorge Müller el fallo definitivo dado a conocer el viernes pasado por la Corte Suprema, en el cual se condenó a un conjunto de agentes de la DINA por la desaparición del cineasta y la de su pareja, la también cineasta Carmen Bueno, hecho ocurrido el 29 de noviembre de 1974, es decir, casi 50 años atrás.
En lo formal, las instituciones han obrado y por lo tanto podríamos decir que se ha hecho justicia. Pero, en estas horas, pensamos en todos los padres, madres, parejas, hermanos y otros seres queridos de las víctimas de la dictadura cuyas vidas se quebraron abruptamente, y en cómo desde entonces la búsqueda de verdad, justicia y reparación se convirtió en el centro de sus esfuerzos. Muchos de ellos, quizás la mayoría, fallecieron sin ver el actuar tardío de los tribunales. En estas horas, pensamos en Sola Sierra, Ana González de Recabarren, Joan Jara y tantas otras, así como también en las propias familias de Jorge Müller y Carmen Bueno.
Ciertamente, es destacable el propósito fijado por la Corte Suprema, que en el contexto del aniversario 50 del Golpe Militar de 1973 se autoimpuso la tarea de dictar sentencias en casos de investigaciones por violaciones a los derechos humanos que se habían prolongado por mucho tiempo. Esto permitió, entre muchos otros casos, que se sancionara a los culpables del asesinato de Víctor Jara, tal como ahora en el de Jorge Müller y Carmen Bueno. Pero esta celeridad ocurre luego de décadas donde la Transición no supo, no pudo o no quiso hacer avanzar las investigaciones. Durante la primera década, entre 1990 y 2000, el estancamiento fue prácticamente total y recién con la llegada del nuevo siglo hubo lentos progresos. Ese tiempo, dolorosamente, no se puede recuperar ahora.
Tampoco contribuye la falta de colaboración de las instituciones de las Fuerzas Armadas que deberían tener la información respecto a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidas por su personal, pero respecto a lo cual los sucesivos comandantes en jefe han afirmado no tener antecedentes que ayuden al esclarecimiento de los hechos. Abogados de derechos humanos señalan que no es verosímil que no tengan aquella información.
Por estas razones, así como fue valorable el esfuerzo de este gobierno por implementar y avanzar en el llamado Plan de Búsqueda, también es del todo legítimo y necesario que las organizaciones de derechos humanos alerten sobre el atraso o el estancamiento de sus disposiciones. La búsqueda de los desaparecidos no puede ser solo un rito con motivo de un aniversario, sino como las propias autoridades lo han dicho, un deber ético del Estado que debe expresarse en hechos concretos con voluntad política, recursos y celeridad.
Sabiéndose las horribles torturas a las que fueron sometidos Jorge Müller y Carmen Bueno, así como tantos otros, resulta por último inconcebible que sectores políticos hayan promovido recientemente acciones de impunidad para sus perpetradores, bajo la coartada de las medidas humanitarias en favor de adultos mayores. En esta sentencia, nuevamente se repiten los nombres de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko, ya convertidos junto con sus colegas de la DINA en los más grandes criminales de la historia de Chile. A ellos se les quería beneficiar.
