El anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato ha sido un cataclismo no solo para Talcahuano, sino para toda la Región del Biobío. Autoridades regionales, parlamentarios, alcaldes, rectores de universidades y otros han expresado al unísono su pesar por lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué está ocurriendo y por qué no se ha podido revertir?
Remontándonos a sus orígenes, Huachipato es un claro ejemplo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones impulsada por el país como respuesta a la gran depresión de 1929. Inició sus operaciones luego que en 1946 se creara la Compañía de Acero del Pacífico S.A. (CAP), y que en 1948 se construyera el Terminal Marítimo CAP, para recibir las materias primas dedicadas a la producción del metal. Según las propias fuerzas vivas de la Región, este enclave ha sido fundamental para el desarrollo regional, pero las políticas públicas que le dieron empuje terminaron su ciclo luego del golpe militar de 1973. Primero, con las privatizaciones poco transparentes entre 1985 y 1990 que incluyeron, entre otras empresas antes estatales, a la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), Laboratorios Chile y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). Y luego, con el ciclo iniciado durante la transición de apertura de la economía y que se tradujo en la sucesiva firma durante distintos gobiernos de tratados de libre comercio, entre ellos el que es pertinente para este tema, el suscrito con China en 2005.
Esa transición hacia una estrategia de desarrollo muy distinta a la que propició a la CAP y a Huachipato nos instala algunas preguntas y paradojas, más allá de las acusaciones de dumping contra las empresas chinas que deben ser investigadas y tomarse las medidas pertinentes ¿Es realmente culpa de este gobierno lo que está pasando, cuando el proceso recién descrito empezó hace 40 años y cuando la propia compañía ha reconocido que está en crisis hace por lo menos nueve años? ¿Debe el Estado ocuparse de una empresa privada, por mucho que sea sentida en la Región y que antes haya sido estatal, si cuando fue un buen negocio entregó importantes ganancias privadas a sus propietarios? ¿Tiene el Estado, a través del gobierno de turno, poder real para proteger a Huachipato, si la estrategia de desarrollo chilena se caracteriza precisamente por el desentendimiento del Estado y porque el país se compromete internacionalmente a desregular aranceles y eliminar políticas proteccionistas?
Más allá de las distintas y legítimas posturas sobre la estrategia de desarrollo chilena –pues habrá quienes podrán defender sus bondades- parece necesario al menos aprovechar la ocasión para ir a la discusión de fondo, puesto que cuando se impuso esta relación entre el Estado y la economía prácticamente no hubo debate político y ahora queda en evidencia que, además de sus bondades, éstas también son sus consecuencias.
