El presidente de la CUT, David Acuña, ha adoptado el término “salario vital” para evidenciar la diferencia entre lo que legalmente se define como sueldo mínimo y el monto que, en un país con el costo de la vida de Chile, se requeriría para llegar a fin de mes. Esto, como marco para la propuesta de un piso de $630 mil pesos, que tuvo como respuesta del Gobierno no un portazo, sino una disposición a conversar en un espacio tripartito con los representantes de los empresarios.

Lo primero por señalar al respecto es que en el país no existe una metodología, ni política ni técnica, para definir cómo se relaciona el sueldo mínimo con la evolución de la economía. Ni con lo macro (inflación, crecimiento, etc.) ni con lo micro (costo de la vida y variables asociadas). De hecho, ninguno de los indicadores recién mencionados son vinculantes para definir el salario mínimo. Éste es resultado, más bien, de una imprecisa combinación de coyuntura política-económica, capacidad de negociación del mundo sindical en un momento específico, voluntad política del gobierno de turno, correlaciones de fuerza en el Parlamento y otros.

Así, nadie se pregunta si el salario mínimo se corresponde al costo de la vida, a pesar de que esta herramienta, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “puede ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres”. En ese contexto, la conceptualización del presidente de la CUT es interesante. Hace un par de décadas, organismos no gubernamentales como la Fundación Terram, en primer lugar, y la Fundación Sol con posterioridad, desarrollaron el concepto de “umbral de satisfacción mínimo”, metodología que recogiendo las definiciones internacionales de pobreza y basándose en la canasta básica chilena definía un monto que permitiera cumplir con las necesidades básicas de una persona y su familia mensualmente. Y según esas sucesivas mediciones, el sueldo mínimo en Chile sigue lejos de permitir llegar mínimamente, sin ningún lujo ni gustito, a fin de mes.

Debido a que el gran empresariado ha desarrollado una importante acumulación de poder en Chile, lo cual no solo incluye la economía sino también la política y la propiedad directa de medios de comunicación, puede desplegar con relativa facilidad argumentos en contra del aumento salarial. No es que estos argumentos sean desdeñables, sino que se expanden sin mayor resistencia. Pero un asunto como éste requiere un análisis más integral y diverso, que incluya las asimetrías de poder negociador entre empresarios y trabajadores, por ejemplo la negociación ramal, política plenamente integrada en muchos países del mundo, pero que en Chile es un tabú que casi no se puede mencionar.