Caminar hoy por los patios de las casonas en Almirante Barroso es transitar por tensiones y disensos. La Universidad Alberto Hurtado (UAH), en paro general desde el 28 de septiembre, levanta petitorios locales en medio de un enrarecido ambiente universitario, con estudiantes que se resisten a la paralización y asisten a clases, mientras que otros, pese a las limitaciones que dificultan su organización, improvisan asambleas acomodados en pasillos y casinos.

Transparencia financiera, congelamiento de aranceles, democratización de carácter triestamental, el fin -de forma progresiva- de la subcontratación y el aseguramiento del libre uso de espacios universitarios, sin cobro ni condiciones, son algunas de las exigencias consensuadas por los estudiantes de la UAH. Demandas que fueron respondidas por la alta dirección de la institución, presidida por el sacerdote jesuita Fernando Montes, quienes mostraron disposición a dialogar en torno a ciertas temáticas, mientras que otras, como costos de aranceles, matrícula, co-gobierno triestamental y el libre uso de espacios fueron rechazadas.

La Universidad Alberto Hurtado, creada en 1997 por la Compañía de Jesús, es un proyecto académico construido, según su acta de fundación, en los “principios de la pedagogía ignaciana, que con espíritu abierto y crítico hace dialogar fe y cultura”, contribuyendo así al “desarrollo de la persona y a la promoción de una sociedad más justa, en Chile y América Latina”. Un proyecto que difiere de otras instituciones privadas, pues intenta ceñirse a un sentido público, democrático e inclusivo.

Para Francisco Sainz, presidente de la Federación de Estudiantes de la UAH, lo principios que rigen la labor de la institución jesuita entran en contradicción con ser “una universidad de mercado y su naturaleza es serlo. El proyecto puede ser muy bueno, pero es una universidad privada y solo va a existir si es que es privada”, señaló Sainz. Además, agregó, que las aspiraciones de la mayoría de los estudiantes de la Alberto Hurtado, de “estudiar en una universidad pública y gratuita”, se ven truncadas por “las mismas contradicciones y exclusión del sistema”.

Para Lilia Concha, directora de la Escuela de Educación de la Alberto Hurtado, un proyecto académico “que nos inspira, aquellos principios y mirada social que es una base y parte fundamental de la formación que le damos a nuestros estudiantes”, también tiene la “necesidad de existir, de sobrevivir y de funcionar dentro de un sistema y un modelo externo a nosotros”. Esta dualidad genera “una tensión que debemos asumir como comunidad universitaria”, indicó, valorando en ese sentido una “organización estudiantil que está madurando en un debate que resulta muy interesante”.

El proceso de movilizaciones emprendido por la Universidad Alberto Hurtado, sin embargo, no es un caso aislado entre los planteles privados. Paradigmático resulta la experiencia de la Universidad Central, que el año pasado, luego de intensas movilizaciones estudiantiles, logró impedir que la corporación fuera transada en el mercado educacional, poniendo en cuestión conceptos propios del modelo económico que ampara la existencia de estas casas de estudio.

Omar Aguilar, académico de la Central y director de la Escuela de Sociología de la Alberto Hurtado, considera que se trata de una contradicción que “estudiantes de universidades privadas reivindiquen el carácter público de la educación y levanten un conjunto de demandas que, como pareciera paradójico, son petitorios para un tipo de universidad distinta a la que estos mismos estudiantes pertenecen”.

No obstante, no sería de extrañar que proyectos formativos como los de la UAH y la Central generaran este tipo de reacciones en sus estudiantes, pues “la explicación tiene que ver con una suerte de cambio en el estado de ánimo de la ciudadanía, que luego de dos décadas de recuperación democrática demanda mayores compromisos por parte del estado y mayores niveles de participación”, concluyó.