Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 16 de julio de 2024


Escritorio

“Los montajes judiciales contravienen los estándares mínimos de trato a los pueblos originarios”

Así lo afirmaron las organizaciones que convocaron a la masiva movilización que se desarrolló en apoyo a las demandas del pueblo mapuche, en particular, por la libertad de los comuneros Daniel Levinao y Paulino Levipán, condenados a 12 años de prisión.

Mariano Rivera

  Lunes 15 de octubre 2012 21:17 hrs. 
marcha_mapuche

Compartir en

“Libertad ahora y sin condiciones”, fue una de las consignas que miles de personas vitorearon desde Plaza Italia en dirección al Cerro Huelén, reivindicando la huelga de hambre de los comuneros mapuches que se extiende por 51 días, todavía sin respuesta del Ministerio de Justicia, respecto de proceso judicial impugnado por familiares y abogados de las víctimas.

En esa línea, Manuel Andrade, miembro de la Comisión Ética contra la Tortura, recalcó la responsabilidad que tiene el Estado chileno, y el gobierno del Presidente Sebastián Piñera en particular, respecto de los “oídos sordos” que han hecho, tanto en materia de justicia, como en salud y desarrollo social, señalando que “estamos frente a un genocidio de los pueblos originarios de América, el atropello sistemático de sus derechos políticos, y el hundimiento de éstos en condiciones de miseria, pobreza y falta de oportunidades”.

Andrade agregó que “los comuneros están reclamando por un juicio justo, pero además hay otra serie de demandas que interpelan directamente al gobierno, como poner fin a la militarización en la Araucanía. No sólo esta administración, sino que también las anteriores, han pretendido resolver el problema con más recursos económicos y más planes de desarrollo, pero aquellos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, que reivindican su territorio ancestral que fue arrebatado de manera ilegítima por el Estado chileno, son juzgados con montajes políticos-judiciales, que contravienen los estándares mínimos de trato a las comunidades originarias”.

Respecto de la protesta que los comuneros realizan y extienden por casi dos meses, la dirigenta y Werkén mapuche, Natividad Llanquileo,  recalcó que “tanto la creación del Área de Desarrollo Indígena (ADI), como los proyectos de emprendimiento que han dispuesto las diferentes administraciones, van en la línea de dividir al movimiento, segmentándolos sin considerar las demandas de fondo que tiene el sector”. 

“Se cumplen 50 días en huelga de hambre y no tenemos nada que celebrar. El llamado a los mapuche es a que se movilicen. Las autoridades siempre van a tratar de dividirnos, pero el tema central hoy son nuestros hermanos que están en huelga de hambre. El Estado mientras administra los recursos del pueblo, tiene la obligación de proveerle lo mínimo y el área de desarrollo y todos los programas que se han hecho también apuntan a esa estrategia porque siempre se ha tratado de separar a los mapuche buenos de los malos”, sostuvo Natividad Llanquileo.

Finalmente y de cara la visita que realizará este martes el Presidente Piñera a la localidad de Ercilla, Felix Madariaga, miembro de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), sostuvo que “los mapuche han demostrado solidaridad, por lo que la visita de las autoridades a la Región de la Araucanía, carecerá de tranquilidad hasta que no abarquen las demandas de fondo y se reconozca el derecho al territorio y cultura”.

“Sabiendo que hay una huelga de hambre tan extensa como esta en que el gobierno ha sido indolente con los mapuches, yo creo que no va a ser bien recibida la visita del Presidente de la República. El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, debió haberse acercado a ellos también, tal como está negociando con los otros peñis tiene que hablar con los que están en huelga de hambre”, comentó Madariaga.

La movilización en apoyo a los comuneros en huelga de hambre, se concretó además como la antesala de la resolución definitoria que deberá efectuar la Corte Suprema el próximo 24 de octubre, acerca del recurso de nulidad frente a la condena de 12 años de prisión de los jóvenes Levipán y Levinao, que como resaltaron los dirigentes sociales y los abogados de las víctimas, “se llevó a cabo con una serie de contradicciones en los testimonios, un juicio sin pruebas y con testigos ocultos, lo cual infringe el debido proceso”, garantizado constitucionalmente para todas las personas.

Síguenos en