Dicen que Bachelet perdió la oportunidad de dar una señal ética al no ser ella misma la que -oportuna y enérgicamente- sacara a su hijito de su Gobierno.

En su excelente artículo “El hijo de la Presidenta”, la periodista Vivian Lavín compara el caso con el de la compañía Korean Air, cuyo presidente se disculpó públicamente y despidió a su hija de esta y otras empresas familiares, luego de que ella maltratara a una empleada.

Pero, contrariamente a lo que podría pensarse -que la comparación es válida y ejemplar, aun más, tratándose, no de un caso de ética en la política pública, sino en la empresa privada-, la articulista parece errar al pretender atribuir a la clase política chilena –Bachelet incluida- los valores de la honestidad y la probidad que dominan la ética –incluso empresarial- en la sociedad coreana. Quizás la periodista pretende justamente dejar en evidencia esta diferencia, y lo logra muy bien.

Y es que la propia Bachelet ya sabe muy bien de cambios irregulares de usos de suelo. Sólo debemos remontarnos a los últimos días de su primer mandato, cuando la  mandataria -obedeciendo al lobby ejercido por el Gobierno de EEUU- intervino directamente, junto a varios de sus ministros, para revertir mediante acciones administrativas la paralización de la construcción de la termoeléctrica Campiche, de la empresa estadounidense AES GENER, en la sacrificada zona de Puchuncaví, dictada en fallo unánime por la Corte Suprema por contravenir lo dispuesto en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso.

Sí, la mismísima AES GENER, que hoy inicia la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo, que generará energía para la minera Pelambres, del mismísimo Luksic, que se niega a acatar la sentencia de la mismísima Corte Suprema que reconoció el derecho al agua de la comunidad de Caimanes, el mismísimo Luksic que le concedió a la nuera de la Presidenta un millonario crédito que le permitió hacer un millonario negocio basado en la especulación inmobiliaria y el tráfico de influencias para el cambio de usos de suelo en el Plan Regulador de Machalí.

La clase política insiste mayoritariamente en asignar a la sustentabilidad ambiental un carácter público casi romántico, usándola como un recurso discursivo para expresar su supuesto compromiso, en el muy largo plazo, con la humanidad, la naturaleza y el planeta, pero sin asumirla seria, concreta y cotidianamente en su responsabilidad política con el país,  sus comunidades y territorios.

Y no lo hacen, porque hacerlo sería enfrentarse, día tras día, con la clase empresarial –rentista y depredadora- a la que –día tras día, elección tras elección- están subordinados.

La ciudadanía organizada puede aspirar a elegir y contar con autoridades políticas dignas de respeto y credibilidad, puede incluso aspirar a constituir referentes políticos sobre valores de una verdadera ética de la responsabilidad y la transparencia públicas; pero debe necesariamente rechazar los actos corruptos y abusivos entre el empresariado y la clase política, e impedir su impunidad. Es nuestra tarea, mediante la organización y la movilización social, terminar con la privatización de la política, otro bien común usurpado al pueblo de Chile. Claramente, la Asamblea Constituyente juega un rol fundamental en este camino.

En lo inmediato, sólo la presión ciudadana puede evitar que la clase política declare un empate en el duelo Pentagate-Nueragate, y que todos ellos, clase política y gran  empresariado, por una vez, salgan perdedores.