Como Movimiento Unir estamos atentos a las diferentes decisiones adoptadas por el Gobierno en medio del plan para enfrentar la pandemia provocada por el Covid-19, entre ellas, las medidas económicas presentadas desde el Ministerio de Hacienda. Una primera mirada a lo anunciado es que se trata de un paquete fiscal significativo, pero que irá primordialmente en beneficio de la gran empresa.

1. La “suspensión del pago” del PPM por tres meses (anticipo mensual en función del volumen de ventas del pago al impuesto a las utilidades tributables de las empresas) costará US$ 2.400 millones sin que se priorice por tamaño de empresa ni sector (el sector exportador no minero en buena medida tendrá altas utilidades este año por la devaluación del peso), ni se especifique un plazo posterior de pago y en qué condiciones.

2. La reducción a 0% del impuesto de timbres y estampillas que se aplica a los créditos por 6 meses no está focalizada y costará US$ 420 millones.

3. La postergación del pago del IVA por tres meses para las empresas con ventas inferiores a UF 350 mil en cambio está más focalizada y el pago se hará en 12 cuotas mensuales, con un costo estimado es de US$ 1.500 millones, junto al pago en julio en vez de en abril del impuesto a la renta de 140 mil Pymes, por otros 600 millones.  ¿Por qué no se hizo lo mismo con el pago anticipado mensual de utilidades de las empresas?

4. En cambio, la mantención de sueldo en empresas con suspensión temporal de actividades se hará con cargo a lo acumulado en la cuenta del trabajador por el propio trabajador, con un 70% del salario en el primer mes, un 55% en el segundo y un 45% en el tercero, complementado en caso de agotamiento de los recursos de la cuenta individual por el fondo solidario de cesantía, con suplemento de recursos de hasta US$ 2 mil millones. La flexibilización laboral hasta 50% de la jornada con pago de hasta 75% del salario por el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía va a significar una caída importante de las remuneraciones, perjudicando a los trabajadores afectados pero además disminuyendo la demanda interna, con efectos recesivos posteriores.

5. El apoyo al autoempleo para dos millones de personas sin empleo formal es irrisorio, con un bono por una vez equivalente al Subsidio Familiar, cuyo monto  es de $13.155 por carga familiar, con un gasto de US$ 130 millones. Además se establece un fondo de US$ 100 millones para atender caídas de ventas del micro comercio local.

Por nuestra parte, proponemos medidas más equitativas y focalizadas. Primero, que los trabajadores de las empresas en dificultades permanezcan contratados por tres meses con el mismo sueldo con un subsidio directo a través del Seguro de Cesantía, con un tope para los salarios más altos. 

Segundo, que los costos fijos de las empresas sean subsidiados focalizadamente y no mediante rebajas o suspensiones tributarias generales. Y tercero, que se aplique un subsidio temporal a las personas autoempleadas que no puedan seguir obteniendo ingresos, asimilándolas a la condición de cesantes de la Administradora de Fondos de Cesantía como beneficiarios por tres meses de un ingreso mínimo. 

El gobierno prefirió mecanismos que esencialmente beneficiarán a las empresas formales, y dentro de ellas a las más grandes.

Lorena Fries (coordinadora Unir)
Julio Salas (coordinador Unir)
Diputado Marcelo Díaz
Diputado Patricio Rosas
Alcalde Gonzalo Durán
Gonzalo Martner