El intendente de Valparaíso, Raúl Celis, detalló que con cargo a los proyectos fantasmas se solicitaba a la División de Administración y Finanzas sumas siempre superiores a los 50 millones de pesos. “Y como no existían, nadie después preguntaba por qué no habían sido pagados. Los cheques eran girados nominativamente a nombre de una persona, Eugenio Aubele, y cobrados por caja en el Banco del Estado de Chile”.
Aunque todavía no han ubicado a Aubele, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, informó que la Asociación Chilena de Municipalidades ya presentó una querella en contra quienes resulten responsables del caso.
“Los 38 municipios de la región están afectados, no sólo quienes son responsables (…) Que esos fondos sean derivados y considerados para las comunas respectivas donde estaban pensados en distribuirse”, señaló Viñambres.
En tanto, el consejero regional de RN, José Pedro Nuñez, denunció que existe la posibilidad de que los fondos hayan sido desviados para campañas políticas. “Obviamente uno puede sacar conclusiones si todo ocurrió en el último semestre del 2009, las fechas son coincidentes”, dijo.
Por su parte, desde la Concertación, el consejero regional de la DC Roy Crichton respaldó la gestión del antiguo gobierno regional, argumentando que todos los gastos efectuados por el organismo fueron visados por Contraloría.
“Todas las compras y licitaciones que se hicieron fueron licitadas por la Contraloría a petición del ex intendente. Nosotros nos vamos a juntar con él para recabar información y si hay algún grado de fraude, seremos los primeros en judicializarlo”, señaló.
Mientras tanto, el ex Intendente Iván De La Maza se defendió de quienes lo apuntan a él como responsable del caso: “Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda el gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró.
Al caso se suma la aparición de un testigo de las presuntas operaciones ilícitas, quien pidió protección policial luego de declarar el fin de semana y, además, devolvió un automóvil avaluado en 25 millones de pesos.
El abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que asumió la defensa de este personaje y que la protección se debe a que hace dos semanas fue hallado muerto un arquitecto vinculado al contratista Eugenio Aubele, imputado en la investigación.
El deceso del profesional en su domicilio de Jardín del Mar se informó como un posible suicidio, pero se conoció que antes habría reportado amenazas de muerte.
Gobierno solicita auditorías
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, calificó el hecho como “uno de los mayores escándalos de los últimos años” y detalló que el gobierno se hará parte en la demanda judicial a expresa petición del Presidente Sebastián Piñera.
Asimismo, a raíz del caso se instruyó a todos los intendentes que inicien auditorías internas para no “encontrar nuevas sorpresas”, y “De aquí a un plazo razonable podamos tener una auditoria de cómo se gastaron los dineros el año pasado”, indicó Ubilla.
El intendente de Valparaíso, Raúl Celis, detalló que con cargo a los proyectos fantasmas se solicitaba a la División de Administración y Finanzas sumas siempre superiores a los 50 millones de pesos. “Y como no existían, nadie después preguntaba por qué no habían sido pagados. Los cheques eran girados nominativamente a nombre de una persona, Eugenio Aubele, y cobrados por caja en el Banco del Estado de Chile”.
Aunque todavía no han ubicado a Aubele, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, informó que la Asociación Chilena de Municipalidades ya presentó una querella en contra quienes resulten responsables del caso.
“Los 38 municipios de la región están afectados, no sólo quienes son responsables (…) Que esos fondos sean derivados y considerados para las comunas respectivas donde estaban pensados en distribuirse”, señaló Viñambres.
En tanto, el consejero regional de RN, José Pedro Nuñez, denunció que existe la posibilidad de que los fondos hayan sido desviados para campañas políticas. “Obviamente uno puede sacar conclusiones si todo ocurrió en el último semestre del 2009, las fechas son coincidentes”, dijo.
Por su parte, desde la Concertación, el consejero regional de la DC Roy Crichton respaldó la gestión del antiguo gobierno regional, argumentando que todos los gastos efectuados por el organismo fueron visados por Contraloría.
“Todas las compras y licitaciones que se hicieron fueron licitadas por la Contraloría a petición del ex intendente. Nosotros nos vamos a juntar con él para recabar información y si hay algún grado de fraude, seremos los primeros en judicializarlo”, señaló.
Mientras tanto, el ex Intendente Iván De La Maza se defendió de quienes lo apuntan a él como responsable del caso: “Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda el gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró.
Al caso se suma la aparición de un testigo de las presuntas operaciones ilícitas, quien pidió protección policial luego de declarar el fin de semana y, además, devolvió un automóvil avaluado en 25 millones de pesos.
El abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que asumió la defensa de este personaje y que la protección se debe a que hace dos semanas fue hallado muerto un arquitecto vinculado al contratista Eugenio Aubele, imputado en la investigación.
El deceso del profesional en su domicilio de Jardín del Mar se informó como un posible suicidio, pero se conoció que antes habría reportado amenazas de muerte.
Gobierno solicita auditorías
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, calificó el hecho como “uno de los mayores escándalos de los últimos años” y detalló que el gobierno se hará parte en la demanda judicial a expresa petición del Presidente Sebastián Piñera.
Asimismo, a raíz del caso se instruyó a todos los intendentes que inicien auditorías internas para no “encontrar nuevas sorpresas”, y “De aquí a un plazo razonable podamos tener una auditoria de cómo se gastaron los dineros el año pasado”, indicó Ubilla.
El intendente de Valparaíso, Raúl Celis, detalló que con cargo a los proyectos fantasmas se solicitaba a la División de Administración y Finanzas sumas siempre superiores a los 50 millones de pesos. “Y como no existían, nadie después preguntaba por qué no habían sido pagados. Los cheques eran girados nominativamente a nombre de una persona, Eugenio Aubele, y cobrados por caja en el Banco del Estado de Chile”.
Aunque todavía no han ubicado a Aubele, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, informó que la Asociación Chilena de Municipalidades ya presentó una querella en contra quienes resulten responsables del caso.
“Los 38 municipios de la región están afectados, no sólo quienes son responsables (…) Que esos fondos sean derivados y considerados para las comunas respectivas donde estaban pensados en distribuirse”, señaló Viñambres.
En tanto, el consejero regional de RN, José Pedro Nuñez, denunció que existe la posibilidad de que los fondos hayan sido desviados para campañas políticas. “Obviamente uno puede sacar conclusiones si todo ocurrió en el último semestre del 2009, las fechas son coincidentes”, dijo.
Por su parte, desde la Concertación, el consejero regional de la DC Roy Crichton respaldó la gestión del antiguo gobierno regional, argumentando que todos los gastos efectuados por el organismo fueron visados por Contraloría.
“Todas las compras y licitaciones que se hicieron fueron licitadas por la Contraloría a petición del ex intendente. Nosotros nos vamos a juntar con él para recabar información y si hay algún grado de fraude, seremos los primeros en judicializarlo”, señaló.
Mientras tanto, el ex Intendente Iván De La Maza se defendió de quienes lo apuntan a él como responsable del caso: “Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto es un delito puro y simple que enloda el gobierno que yo presidí. Es un fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”, aseguró.
Al caso se suma la aparición de un testigo de las presuntas operaciones ilícitas, quien pidió protección policial luego de declarar el fin de semana y, además, devolvió un automóvil avaluado en 25 millones de pesos.
El abogado Juan Carlos Manríquez confirmó que asumió la defensa de este personaje y que la protección se debe a que hace dos semanas fue hallado muerto un arquitecto vinculado al contratista Eugenio Aubele, imputado en la investigación.
El deceso del profesional en su domicilio de Jardín del Mar se informó como un posible suicidio, pero se conoció que antes habría reportado amenazas de muerte.
Gobierno solicita auditorías
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, calificó el hecho como “uno de los mayores escándalos de los últimos años” y detalló que el gobierno se hará parte en la demanda judicial a expresa petición del Presidente Sebastián Piñera.
Asimismo, a raíz del caso se instruyó a todos los intendentes que inicien auditorías internas para no “encontrar nuevas sorpresas”, y “De aquí a un plazo razonable podamos tener una auditoria de cómo se gastaron los dineros el año pasado”, indicó Ubilla.
