Preocupación existe por la forma en que el Estado ha asumido en los últimos años su responsabilidad por alentar la diversidad de medios de comunicación en nuestro país, falencia en la que incluso han reparado organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos.

Y es que hace sólo un par de semanas, cuando el gobierno echó pie atrás con la designación del periodista Mirko Macari como director del diario La Nación, se rechazó la idea de vender el 69 por ciento de las acciones que mantiene el Fisco en esta empresa, a pesar de editoriales de medios como La Segunda y La Tercera, además de opiniones de políticos que proponían abiertamente su venta, como Andrés Allamand, Juan Antonio Coloma y Jovino Novoa.

Pero la decisión fue revertida por el propio Sebastián Piñera este lunes y ratificada por la vocera del Ejecutivo, Ena von Baer, delante de un grupo de trabajadores y dirigentes del sindicato de La Nación, quienes durante un seminario plantearon su preocupación por la eventual enajenación del diario estatal.

“El canal de comunicación del gobierno con los trabajadores del La Nación es a través del directorio del diario. Yo sé que Daniel Platovsky, presidente del directorio, ha tenido reunión con ustedes. De hecho, yo estoy en directa comunicación casi diaria con Daniel respecto a lo que está sucediendo. Aquí se están trabajando las dos líneas, la línea de mantener el diario o la línea que ha manifestado el Presidente de la República, y nosotros los hemos a ustedes también informados respecto a todos los pasos que se han dado”, sostuvo Von Baer.

Durante las últimas dos décadas hubo reiterados intentos desde diferentes sectores y, especialmente del Colegio de Periodistas, por terminar con la concentración de los medios, lo que se vería profundizado de llegar a materializarse la venta de La Nación.

Una esperanza por democratizar el espectro de medios de comunicación fue la Ley de Prensa promulgada durante el gobierno de Ricardo Lagos, pero finalmente no se tradujo en un cambio sustantivo en las políticas hacia la prensa, como señaló el consejero nacional del Colegio de Periodistas, Ernesto Carmona.

El dirigente comentó que “vivimos una situación donde dos personas deciden qué pueden leer los ciudadanos, Agustín Edwards y Álvaro Saieh, agravado esto con la situación actual del diario La Nación que no solamente implica la posible desaparición de una fuente de trabajo para los periodistas, sino que también trae consigo aspectos que la gente no maneja sobre el tema de la libertad de expresión”.

De hecho, uno de los principales activos de la Empresa Periodística La Nación Sociedad Anónima es la Distribuidora “Vía Directa”, la que también pasaría a manos privadas de concretarse la enajenación de las acciones que tiene el Fisco y que se termina de dividir con Inversiones Colliguay y otros 27 accionistas.

Para el sociólogo Felipe Portales, Chile está en un muy mal pie frente a la libertad de prensa y la existencia de medios de comunicación críticos de las políticas económicas que se aplican en el país, lo que a su juicio se transforma en el objetivo de quienes buscan eliminar de la oferta mediática estas propuestas comunicacionales.

Portales indicó que “una concentración fáctica de poder comunicacional tan grande, primero deja fuera expresiones de grandes sectores populares que obviamente esos medios no les interesa transmitir. Y por otro lado, la información que ellos proveen va a autocensurar un conjunto de noticias, situaciones y hechos que ponen en cuestión la legitimidad del modelo económico. Entonces, por ambos lados se produce una gravísima restricción, tanto en el derecho al acceso a la información como en el derecho a la libertad de expresión”.

El académico sostuvo además que en este momento la situación de la oferta de medios en Chile es peor que al final de la dictadura de Augusto Pinochet, donde existían revistas, periódicos y radios críticas de este régimen, todos finalmente asfixiados por la vía de no entregarles recursos para su mantención implementada en los primeros años de la Concertación.

Pero la “no política de medios” de los gobiernos anteriores se vio reflejada además en que, según datos del Colegio de Periodistas, el 77 por ciento de la publicidad del Estado se reparte entre La Tercera y El Mercurio.

Frente a esta situación, el director de la revista Punto Final, Manuel Cabieses, sacó la voz y demandó al Estado para que haga una entrega equitativa de los recursos invertidos en publicidad. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó la solicitud.

Pero en el propio fallo del máximo tribunal hay una contradicción, destacó el abogado Alberto Espinoza, quien informó sobre la decisión de recurrir por este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Reconocen la legitimidad, pero al mismo tiempo dicen: no obstante esta legitimidad de la acción (judicial), creemos que quien debe asumir la responsabilidad por cambiar este sistema que contribuye a la concentración del avisaje publicitario y a la concertación ideológica y este monopolio o duopolio El Mercurio-La Tercera, es el Poder Legislativo. De modo que eso nos da a nosotros alguna esperanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó el jurista.

Convocar a otros medios que no reciben avisaje del Estado para llevar esta reclamación ante la instancia de la OEA, es una alternativa que ahora estudia el abogado Alberto Espinoza junto al director de la revista Punto Final, acción que podría elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este es por ahora el único camino que prevén en varios sectores para obligar al Estado a impulsar la existencia de medios de comunicación y así cumplir con un derecho humano fundamental: estar informado y no desde una sola perspectiva.