Hemos visto cómo la delincuencia se tomó la agenda pública desde hace ya varias semanas. Ante esto, hace unos días, el Gobierno responde con el programa “Calles sin Violencia” que involucra a 46 comunas, casi la mitad de la Región Metropolitana. Regiones como el Maule, no solo tiene a Talca como una comuna que cumple con la “estadística”, Linares, Parral, entre otras, también se han visto comprometidas con problemas delictuales. En Los Ríos es imposible no considerar a Panguipulli. En O’higgins es un despropósito dejar fuera a San Fernando. No sólo la estadística puede ser la excusa para la determinación.
En nuestro trabajo diario, las gobernadoras y los gobernadores, constatamos que la delincuencia es una realidad palpable que afecta gravemente a las personas en un derecho humano fundamental como es la seguridad. Las personas se sienten vulnerables. La seguridad es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que aquí no caben eslóganes ni soluciones fáciles. Por el contrario, se requiere trabajar en una estrategia integral, sostenida, con programas que apunten a la prevención situacional, la prevención social y al control y sanción.
El control y sanción corresponden tanto al Gobierno Central como al Ministerio Público. De la prevención social, incluyendo la atención de víctimas, los gobiernos regionales podemos hacernos cargo. Siempre y cuando se dé celeridad a los proyectos que nos dan tales atribuciones. No se puede esperar hasta agosto para presentar esos proyectos. La ciudadanía exige que actuemos ahora. Esta semana ingresan proyectos al Congreso para dar más atribuciones a los municipios, lo lógico sería acompañar los proyectos de los gobiernos regionales en ese trámite.
En este contexto, el pasado 4 de abril, se firmó “El Compromiso transversal por la seguridad: Propuesta para una hoja de ruta”. Un documento que contiene pasos claros que se llevaran a cabo para hacer traspaso de competencias a los Municipios y Gobiernos Regionales en materia de Seguridad y Prevención del Delito. No es menor señalar que durante 2021 y 2022, los Gobiernos Regionales invirtieron una cifra superior a los 303 mil millones de pesos. Podemos apoyar este plan de Calles sin Violencia y podemos hacerlo en todo el país, evitando discriminaciones entre municipios. El Estado debe estar presente en todos los territorios y ese puede ser nuestro aporte.
Estoy convencido que una articulación virtuosa entre Gobierno Central, gobiernos regionales y gobiernos locales en todos los ámbitos de toma de decisiones relativa a la seguridad en los territorios ayudará a resolver esta grave crisis que vivimos. Ojalá el Gobierno Central entienda lo mismo. Como ya dije la ciudadanía espera acción ahora.
