Desde hace semanas que, tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras privadas a ajustar sus tablas de precio y, de paso, a realizar devoluciones masivas de recursos a los usuarios del servicio.
Este hecho ha provocado el intenso debate en torno al posible “salvataje” a las empresas de salud, la situación en la que quedarán tres millones de usuarios y el escenario de que Fonasa absorba a todos quienes decidan salirse del sistema de isapres para pasar al Fondo Nacional de Salud.
Pero más allá de que esta crisis, que venía, incluso, vaticinada desde 2011 a través de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, donde expresa que “requiere ser sometida a un minucioso análisis, existiendo importantes riesgos asociados. La influencia de la isapre en la elección del consumidor puede generar cierta cautividad del mismo, quien verá severamente limitadas sus posibilidades de elección, sin beneficios evidentes. Las advertencias hechas a propósito de los convenios, respecto a la suavización de la competencia por calidad, deben ser aquí subrayadas. Mención adicional merece el riesgo de colusión tácita que este esquema genera, toda vez que el seguro negocia precios y condiciones con prestadores que compiten (potencialmente) con su prestador relacionado”.
Informe que hace 12 años anunciaba lo que hoy certificamos: El mercado de la salud regentado por las isapres es una fuente de ingresos de los grandes grupos económicos y no una garantía de acceso al sistema de salud por parte de los usuarios.
Pero hay preguntas claves que se encuentran sin plantear: ¿Hacia dónde es que debería apuntar el debate? ¿Cómo este contexto condiciona la tarea de los expertos constituyentes y los siguientes consejeros constituyentes? ¿Cuál será finalmente la postura del Ministerio de Salud en esta materia?
En este sentido desde la Confederación Fenats Nacional, que agrupa a más de 20 mil funcionarios y funcionarias de la salud, creemos que la crisis de las isapres es consecuencia de un modelo de salud donde se privilegia la “libertad de elegir” un producto frente a la garantía del derecho a la salud, donde el valor de lo público de la salud queda en el olvido ante los equilibrios económicos, balances y bandas de precios que -lamentablemente- dejan al usuario a la deriva frente a vaivenes o sentencias judiciales que apunten a emparejar en algo la cancha.
Este es el momento de tomar decisiones políticas que afectarán la vida y la salud de las personas por 50 años. Debemos definir en conjunto -donde las y los trabajadores de la salud tengamos una opinión protagónica- si queremos finalmente mantener un modelo de salud discriminador y que no beneficia a nadie, salvo a los dueños del capital de las isapres, o construimos un nuevo modelo de salud pública, que garantice acceso a atención y tratamientos, a medicamentos a bajo costo y a cuidados.
La definición constitucional por un lado y la propuesta legislativa del Gobierno para salvar esta crisis por otra, establecerán el marco de la discusión para los próximos meses. No es posible dejar a la deriva a quienes en su momento eligieron a las isapres y que hoy se encuentran en riesgo; pero tampoco podemos -siendo conscientes del actual escenario- hacer que Fonasa absorba todo el costo de la crisis de las isapres.
Es momento de abrir una hoja en blanco y diseñar un nuevo modelo de salud pública en el país, que resguarde y garantice la salud de cada una de los chilenos y chilenas. No que lucre con ella.
Karen Palma, presidenta de Confederación Fenats Nacional
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