El 17 de abril de 2008 fue presentada una moción parlamentaria inédita en Chile para avanzar en la conservación ecológica, que proponía democratizar, léase ampliar, la entrada de actores privados para el manejo y cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas.  Entre los nueve parlamentarios que la promovieron estaban Carolina Tohá y Carlos Montes, actuales Ministros de Estado.

La moción se transformó en ley el 10 de junio de 2016, creando el llamado “Derecho Real de Conservación” (DRC), instrumento símil del “Conservation Easement” estadounidense. Se trató de la Ley N° 20.930 que estableció el Derecho Real de Conservación(la “Ley de DRC”). Su objetivo fue crear un nuevo instrumento que facilitara ampliamente la participación del sector privado en la conservación ambiental. Esto sustentado en el artículo 19, N°8 de la Constitución Política de la República, que le otorga el deber al Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

¿Qué fue lo nuevo e interesante? Que democratiza la conservación privada a gran, mediana y pequeña escala, una manera efectiva de proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, una alternativa de planificación y rentabilidad financiera para personas naturales, empresas y gremios.

Hasta antes de esa fecha, quienes conservaban tierras con valor medio ambiental, provenían de dos mundos: uno, del Estado a través de sus grandes parques nacionales de conservación (por ejemplo, Torres del Paine) o grandes empresarios privados que invertían por motivación altruista o por inversión (Tompkins o el mismo Sebastián Piñera que lo imitó en Chiloé). En suma, la conservación era patrimonio del Estado y de grandes empresarios.

En ese sentido, la DRC democratiza la conservación, porque permite que empresas de conservación medianas y pequeñas y familias y personas comercialicen predios de 2, 4 o más hectáreas. En su mayoría, los interesados son familias motivadas por la conservación per se o pensando en una inversión rentable con un criterio muy valioso: “conservar algo para que mis hijos vivan mejor”.

En representación de GENAU GREEN el año 2023 me tocó participar en una reunión convocada por tres ministerios: Vivienda, Bienes Nacionales y Agricultura. Allí personeros de distintas empresas planteamos que para que el DRC tenga efectividad tiene que ser garante el Estado y no que cada empresa busque su garante porque, amén de costoso, es insuficiente.

Ese es precisamente a nuestro juicio, el aspecto que hoy debe estar en el fondo de la discusión: la necesidad de establecer un diálogo tendiente a perfeccionar el DRC creando la figura de garante, pero no cualquiera, sino que del Estado.

Se trata de una idea compartida por todos, incluidos los amigos más críticos con el actual ejercicio de la Ley del DRC: compartimos que falta decisión del Estado para avanzar más rápido, la mayoría de los usuarios como nosotros y la gente que compra entusiasmada por el DRC, por lo que implica para ellos como inversión, vería con muy buenos ojos un Estado garante; pero este no da el paso seguramente por temor a su incapacidad actual de fiscalización.

Es tarea de todos y todas, generar los mecanismos que hagan en la práctica que un instrumento como el DRC, que democratiza el acceso a conservar nuestras tierras con valor ambiental, sea salvaguardado por un garante transversal como el Estado.

Hernán Dinamarca es Dr. en Comunicaciones y experto en sustentabilidad, además de Director de Genau Green Conservación.