El 1 de junio el Presidente Gabriel Boric puso sobre la mesa el proyecto de ley por el aborto legal abriendo nuevamente el debate público al respecto, algo muy necesario. Y, hace apenas unos días, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que en diciembre de este año se ingresará el proyecto al Congreso. Se espera que el Parlamento esté a la altura y no obstaculice este derecho.

Importantes anuncios en el actual marco de los derechos sexuales y reproductivos de un gobierno que desde el inicio de su mandato se destacó por su compromiso con el avance en materia de género. Eso sí, no deja de sorprender que lo haga cuando sólo queda un año para el término de su periodo. 

Es importante recordar que el aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Se trata de un cuidado de salud básico que necesitan millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas.

Chile cuenta con una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde el 2017 que legisla sobre las tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, cuando sea resultado de una violación o por inviabilidad fetal. En cualquier otra circunstancia el aborto sigue siendo delito. 

La implementación de esta ley ha mostrado ciertas deficiencias, principalmente en el acceso a la información, asistencia y acompañamiento médico, y en lo relacionado a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Actualmente, como ha sido documentado por Corporación Humanas, existen al menos cinco hospitales públicos en el país que tienen el 100% de objetores de conciencia para la causal de violación dificultando que muchas personas accedan a su derecho. 

Sabemos que el gobierno ingresó un documento en Contraloría que modifica el reglamento de objeción de conciencia en la Ley IVE, lo cual es un paso importante para la salud en Chile y esperamos que se priorice dada su relevancia. Sin embargo, sólo una pequeña proporción de los abortos obedece a estos motivos, lo que significa que estas escasas excepciones siguen impidiendo que la mayoría de las personas ejerzan plenamente sus derechos reproductivos.

Por otro lado, el anuncio de la ministra Orellana sobre un proyecto de ley de aborto legal es una buena señal. Avanzar hacia la despenalización del aborto voluntario en toda circunstancia y garantizar el acceso efectivo al mismo es clave para la salud de más de la mitad de la población chilena. También es fundamental puesto que permite garantizar de mejor forma el ejercicio a la autonomía reproductiva de las mujeres. Además, implica revertir la deuda histórica que tiene con miles de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas. 

Las cifras estimadas por las autoridades apuntan que anualmente se practican entre 30 mil y 150 mil abortos inseguros en Chile al no estar contemplados en el marco legal vigente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es considerado como una de las principales causas de muerte y morbilidad materna.  

Esto podría evitarse con una nueva legislación que permita y acompañe la interrupción segura con medicamentos; que garantice recursos materiales y de personal para realizar el procedimiento en todas las regiones y a todas las personas que necesiten abortar; y, que, por supuesto, reconozca y proteja a quienes defienden, acompañan, asisten o realicen abortos en el país. Cada vez son más los profesionales de la salud que corren riesgos en su lugar de trabajo al facilitar el derecho al aborto.

Amnistía Internacional lleva años relevando la despenalización y legislación entorno al aborto en el mundo y, aunque en las últimas décadas han sido muchos los avances, al menos la situación de 60 países ha ido a mejor, aún queda mucho por lograr e incluso, que resistir, ya que los derechos nunca se puedan dar por ganados. Para eso, ¿qué podemos hacer? Además de exigir al gobierno de Chile que cumpla con los compromisos anunciados, también, como sociedad civil tenemos ‘1.000 maneras de apoyar el derecho al aborto’. 

Por Bernardita Boock, presidenta de Amnistía Internacional Chile