La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) expresó su apoyo a los 32 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de julio y manifestó su “más profundo malestar y rechazo a la forma en la cual el Estado de Chile, a través de la mayoría de los gobiernos a lo largo de la historia, ha tratado el conflicto chileno – mapuche”.
A través de un comunicado, la organización, que agrupa a las federaciones de estudiantes de planteles estatales, rechazaron “rotundamente la aplicación arbitraría de la Ley Antiterrorista, la militarización con fuerzas represivas de manera grotesca en las zonas donde residen las comunidades mapuches y la violencia aplicada por carabineros de Chile y PDI a hombres mujeres niños y ancianos”. Además exigieron “el fin al doble procesamiento ante la justicia civil y militar y la libertad a todos los presos políticos mapuches”.
De acuerdo a los universitarios, la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que involucran a mapuche “no corresponde y vulnera derechos legítimos a nivel internacional, ya que las supuestas acciones que se imputan, no atentan contra la vida de las personas, sino que en contra de la propiedad privada, más aun se utilizan testigos sin rostros y también se están procesando de una manera doble a las personas, tanto por la justicia civil y militar”.
La Confech recalcó que la justicia “actúa de manera ilegitima y parcial” en la Araucanía, motivada por los intereses económicos que se ciernen sobre la zona, lo que desconoce los tratados internacionales que Chile suscribió en esta materia, como el convenio 169 de la OIT.
“La problemática de fondo en este largo conflicto, se basa en un complejo proceso de usurpación violenta de territorios, imposición religiosa y la negación permanente de cada uno de sus derechos fundamentales que le corresponden como a todo pueblo”, dice la declaración.
Expone también que las demandas del pueblo mapuche, que se basan en la diferencia de visiones de mundo entre lo occidental y lo indígena, “han sido denominadas, desde los últimos gobiernos, como acciones terroristas, respondiendo a ellas con represión, encarcelamientos, la militarización de las comunidades, incluyendo la muerte de comuneros, muchos de ellos jóvenes”.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) expresó su apoyo a los 32 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de julio y manifestó su “más profundo malestar y rechazo a la forma en la cual el Estado de Chile, a través de la mayoría de los gobiernos a lo largo de la historia, ha tratado el conflicto chileno – mapuche”.
A través de un comunicado, la organización, que agrupa a las federaciones de estudiantes de planteles estatales, rechazaron “rotundamente la aplicación arbitraría de la Ley Antiterrorista, la militarización con fuerzas represivas de manera grotesca en las zonas donde residen las comunidades mapuches y la violencia aplicada por carabineros de Chile y PDI a hombres mujeres niños y ancianos”. Además exigieron “el fin al doble procesamiento ante la justicia civil y militar y la libertad a todos los presos políticos mapuches”.
De acuerdo a los universitarios, la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que involucran a mapuche “no corresponde y vulnera derechos legítimos a nivel internacional, ya que las supuestas acciones que se imputan, no atentan contra la vida de las personas, sino que en contra de la propiedad privada, más aun se utilizan testigos sin rostros y también se están procesando de una manera doble a las personas, tanto por la justicia civil y militar”.
La Confech recalcó que la justicia “actúa de manera ilegitima y parcial” en la Araucanía, motivada por los intereses económicos que se ciernen sobre la zona, lo que desconoce los tratados internacionales que Chile suscribió en esta materia, como el convenio 169 de la OIT.
“La problemática de fondo en este largo conflicto, se basa en un complejo proceso de usurpación violenta de territorios, imposición religiosa y la negación permanente de cada uno de sus derechos fundamentales que le corresponden como a todo pueblo”, dice la declaración.
Expone también que las demandas del pueblo mapuche, que se basan en la diferencia de visiones de mundo entre lo occidental y lo indígena, “han sido denominadas, desde los últimos gobiernos, como acciones terroristas, respondiendo a ellas con represión, encarcelamientos, la militarización de las comunidades, incluyendo la muerte de comuneros, muchos de ellos jóvenes”.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) expresó su apoyo a los 32 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el 12 de julio y manifestó su “más profundo malestar y rechazo a la forma en la cual el Estado de Chile, a través de la mayoría de los gobiernos a lo largo de la historia, ha tratado el conflicto chileno – mapuche”.
A través de un comunicado, la organización, que agrupa a las federaciones de estudiantes de planteles estatales, rechazaron “rotundamente la aplicación arbitraría de la Ley Antiterrorista, la militarización con fuerzas represivas de manera grotesca en las zonas donde residen las comunidades mapuches y la violencia aplicada por carabineros de Chile y PDI a hombres mujeres niños y ancianos”. Además exigieron “el fin al doble procesamiento ante la justicia civil y militar y la libertad a todos los presos políticos mapuches”.
De acuerdo a los universitarios, la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que involucran a mapuche “no corresponde y vulnera derechos legítimos a nivel internacional, ya que las supuestas acciones que se imputan, no atentan contra la vida de las personas, sino que en contra de la propiedad privada, más aun se utilizan testigos sin rostros y también se están procesando de una manera doble a las personas, tanto por la justicia civil y militar”.
La Confech recalcó que la justicia “actúa de manera ilegitima y parcial” en la Araucanía, motivada por los intereses económicos que se ciernen sobre la zona, lo que desconoce los tratados internacionales que Chile suscribió en esta materia, como el convenio 169 de la OIT.
“La problemática de fondo en este largo conflicto, se basa en un complejo proceso de usurpación violenta de territorios, imposición religiosa y la negación permanente de cada uno de sus derechos fundamentales que le corresponden como a todo pueblo”, dice la declaración.
Expone también que las demandas del pueblo mapuche, que se basan en la diferencia de visiones de mundo entre lo occidental y lo indígena, “han sido denominadas, desde los últimos gobiernos, como acciones terroristas, respondiendo a ellas con represión, encarcelamientos, la militarización de las comunidades, incluyendo la muerte de comuneros, muchos de ellos jóvenes”.
