El gobierno de Alan García decidió el lunes revocar un decreto presidencial que habría perdonado a uniformados condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad.
El “Ejecutivo presenta un proyecto de Ley para derogar el decreto legislativo 1097 y pide al Congreso tramitarlo con carácter de urgencia”, informó la Secretaría de Prensa del presidente Alan García el lunes vía Twitter.
“En resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo”, añade.
La decisión del gobierno llega horas después de la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia del Museo de la Memoria, cuya misión es homenajear a las víctimas (civiles y militares) de la guerra que vivió el país sudamericano de 1980 a 2000.
“La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos”, dice la carta enviada por Vargas Llosa, desde París, al presidente peruano.
García había rechazado días atrás que los acusados de violar derechos humanos pudieran acogerse al decreto 1097. El mismo, dictado el 1 de septiembre junto a otras tres normas, dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas de civiles durante los 20 años de la guerra interna, que dejó unos 70.000 muertos.
Mario Vargas Llosa interpretó que el decreto 1097 beneficiaría “al propio ex dictador
y su brazo derecho”, en alusión al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.
“Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos”, subrayó en su carta Vargas Llosa.
El narrador hispano-peruano pregunta además al presidente “qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de las normas, las ha defendido señalando que buscan aligerar los juicios contra un centenar de militares acusados sin pruebas de atrocidades durante el conflicto interno de Perú contra los grupos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El gobierno de Alan García decidió el lunes revocar un decreto presidencial que habría perdonado a uniformados condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad.
El “Ejecutivo presenta un proyecto de Ley para derogar el decreto legislativo 1097 y pide al Congreso tramitarlo con carácter de urgencia”, informó la Secretaría de Prensa del presidente Alan García el lunes vía Twitter.
“En resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo”, añade.
La decisión del gobierno llega horas después de la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia del Museo de la Memoria, cuya misión es homenajear a las víctimas (civiles y militares) de la guerra que vivió el país sudamericano de 1980 a 2000.
“La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos”, dice la carta enviada por Vargas Llosa, desde París, al presidente peruano.
García había rechazado días atrás que los acusados de violar derechos humanos pudieran acogerse al decreto 1097. El mismo, dictado el 1 de septiembre junto a otras tres normas, dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas de civiles durante los 20 años de la guerra interna, que dejó unos 70.000 muertos.
Mario Vargas Llosa interpretó que el decreto 1097 beneficiaría “al propio ex dictador
y su brazo derecho”, en alusión al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.
“Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos”, subrayó en su carta Vargas Llosa.
El narrador hispano-peruano pregunta además al presidente “qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de las normas, las ha defendido señalando que buscan aligerar los juicios contra un centenar de militares acusados sin pruebas de atrocidades durante el conflicto interno de Perú contra los grupos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El gobierno de Alan García decidió el lunes revocar un decreto presidencial que habría perdonado a uniformados condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad.
El “Ejecutivo presenta un proyecto de Ley para derogar el decreto legislativo 1097 y pide al Congreso tramitarlo con carácter de urgencia”, informó la Secretaría de Prensa del presidente Alan García el lunes vía Twitter.
“En resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento del Decreto, el Poder Ejecutivo considera pertinente derogarlo”, añade.
La decisión del gobierno llega horas después de la renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a la presidencia del Museo de la Memoria, cuya misión es homenajear a las víctimas (civiles y militares) de la guerra que vivió el país sudamericano de 1980 a 2000.
“La razón de mi renuncia es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos”, dice la carta enviada por Vargas Llosa, desde París, al presidente peruano.
García había rechazado días atrás que los acusados de violar derechos humanos pudieran acogerse al decreto 1097. El mismo, dictado el 1 de septiembre junto a otras tres normas, dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas de civiles durante los 20 años de la guerra interna, que dejó unos 70.000 muertos.
Mario Vargas Llosa interpretó que el decreto 1097 beneficiaría “al propio ex dictador
y su brazo derecho”, en alusión al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.
“Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos”, subrayó en su carta Vargas Llosa.
El narrador hispano-peruano pregunta además al presidente “qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Rey, impulsor de las normas, las ha defendido señalando que buscan aligerar los juicios contra un centenar de militares acusados sin pruebas de atrocidades durante el conflicto interno de Perú contra los grupos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
