El pasado lunes lograron hacerse presentes en medio de la gran Revista Naval del Bicentenario con lanchas y lienzos que pedían al gobierno “Parques Marinos Ahora”. Es un grupo de manifestantes de Greenpeace, quienes buscaban de esta manera entregarle un mensaje al Presidente Sebastián Piñera, quien se encontraba en el Buque Escuela Esmeralda.
El objetivo es que el gobierno comprometa protección al 10% de cada una de las eco-regiones marinas de nuestro país, en el marco de la próxima Convención de Biodiversidad (CBD) –instancia que nació al alero de la ONU en 1992- que se desarrollará en Nagoya, Japón, en octubre próximo.
Según explicó Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile, ese fue un compromiso adquirido por Chile en 2002 que no ha sido cumplido. Nuestro país reportó la protección del 12% de la zona litoral, pero correspondiente sólo al extremo sur del país y en el límite del mar territorial. Es decir, dentro de las primeras 12 millas.
“En el ámbito marino, hoy solo contamos con menos del 1% de zonas protegidas y éstas se limitan al mar territorial, las primeras 12 millas. Lo que hace el compromiso es decir que se identifiquen las eco-regiones, que son regiones más amplias. Entre ellas, que se identifique el 10% de los ecosistemas más relevantes y se pongan bajo protección. Eso es lo que le estamos pidiendo al Presidente Piñera”, indicó.
Según Leiva, el gobierno debiera encargar estudios científicos para identificar las principales zonas que necesitan protección medioambiental para que, con esos datos, la Subsecretaría de Pesca entregue una propuesta de protección marina.
La importancia de este proceso no sólo tiene alcances medioambientales. Según Greenpeace, el territorio marítimo de zona económica exclusiva se encuentra en una franca debacle productiva de jurel y merluza, las dos principales fuentes de producción marina, que también representan una fuente primordial de empleos en el país.
Pese a esto, Leiva asegura que en el Gobierno no existe voluntad política para avanzar en el tema: “Hemos tratado de incentivar esta discusión con el servicio de protección de los recursos naturales en el ministerio del Medio Ambiente, también con la ministra, pero no hemos tenido una respuesta favorable. Ellos argumentan que la prioridad para ese servicio es la agenda nacional y no la protección de los océano. Nosotros claramente hemos dicho y exigido que necesitamos esta discusión, porque ya hemos perdido ocho años”, advierte.
De no cumplir con las metas propuestas por la Convención de Biodiversidad, Chile se expondría al repudio de la comunidad medioambiental internacional, sobre todo cuando nuestro país apunta a cumplir con las grandes exigencias que los organismos hacen a las naciones desarrolladas.
El pasado lunes lograron hacerse presentes en medio de la gran Revista Naval del Bicentenario con lanchas y lienzos que pedían al gobierno “Parques Marinos Ahora”. Es un grupo de manifestantes de Greenpeace, quienes buscaban de esta manera entregarle un mensaje al Presidente Sebastián Piñera, quien se encontraba en el Buque Escuela Esmeralda.
El objetivo es que el gobierno comprometa protección al 10% de cada una de las eco-regiones marinas de nuestro país, en el marco de la próxima Convención de Biodiversidad (CBD) –instancia que nació al alero de la ONU en 1992- que se desarrollará en Nagoya, Japón, en octubre próximo.
Según explicó Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile, ese fue un compromiso adquirido por Chile en 2002 que no ha sido cumplido. Nuestro país reportó la protección del 12% de la zona litoral, pero correspondiente sólo al extremo sur del país y en el límite del mar territorial. Es decir, dentro de las primeras 12 millas.
“En el ámbito marino, hoy solo contamos con menos del 1% de zonas protegidas y éstas se limitan al mar territorial, las primeras 12 millas. Lo que hace el compromiso es decir que se identifiquen las eco-regiones, que son regiones más amplias. Entre ellas, que se identifique el 10% de los ecosistemas más relevantes y se pongan bajo protección. Eso es lo que le estamos pidiendo al Presidente Piñera”, indicó.
Según Leiva, el gobierno debiera encargar estudios científicos para identificar las principales zonas que necesitan protección medioambiental para que, con esos datos, la Subsecretaría de Pesca entregue una propuesta de protección marina.
La importancia de este proceso no sólo tiene alcances medioambientales. Según Greenpeace, el territorio marítimo de zona económica exclusiva se encuentra en una franca debacle productiva de jurel y merluza, las dos principales fuentes de producción marina, que también representan una fuente primordial de empleos en el país.
Pese a esto, Leiva asegura que en el Gobierno no existe voluntad política para avanzar en el tema: “Hemos tratado de incentivar esta discusión con el servicio de protección de los recursos naturales en el ministerio del Medio Ambiente, también con la ministra, pero no hemos tenido una respuesta favorable. Ellos argumentan que la prioridad para ese servicio es la agenda nacional y no la protección de los océano. Nosotros claramente hemos dicho y exigido que necesitamos esta discusión, porque ya hemos perdido ocho años”, advierte.
De no cumplir con las metas propuestas por la Convención de Biodiversidad, Chile se expondría al repudio de la comunidad medioambiental internacional, sobre todo cuando nuestro país apunta a cumplir con las grandes exigencias que los organismos hacen a las naciones desarrolladas.
El pasado lunes lograron hacerse presentes en medio de la gran Revista Naval del Bicentenario con lanchas y lienzos que pedían al gobierno “Parques Marinos Ahora”. Es un grupo de manifestantes de Greenpeace, quienes buscaban de esta manera entregarle un mensaje al Presidente Sebastián Piñera, quien se encontraba en el Buque Escuela Esmeralda.
El objetivo es que el gobierno comprometa protección al 10% de cada una de las eco-regiones marinas de nuestro país, en el marco de la próxima Convención de Biodiversidad (CBD) –instancia que nació al alero de la ONU en 1992- que se desarrollará en Nagoya, Japón, en octubre próximo.
Según explicó Samuel Leiva, Coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile, ese fue un compromiso adquirido por Chile en 2002 que no ha sido cumplido. Nuestro país reportó la protección del 12% de la zona litoral, pero correspondiente sólo al extremo sur del país y en el límite del mar territorial. Es decir, dentro de las primeras 12 millas.
“En el ámbito marino, hoy solo contamos con menos del 1% de zonas protegidas y éstas se limitan al mar territorial, las primeras 12 millas. Lo que hace el compromiso es decir que se identifiquen las eco-regiones, que son regiones más amplias. Entre ellas, que se identifique el 10% de los ecosistemas más relevantes y se pongan bajo protección. Eso es lo que le estamos pidiendo al Presidente Piñera”, indicó.
Según Leiva, el gobierno debiera encargar estudios científicos para identificar las principales zonas que necesitan protección medioambiental para que, con esos datos, la Subsecretaría de Pesca entregue una propuesta de protección marina.
La importancia de este proceso no sólo tiene alcances medioambientales. Según Greenpeace, el territorio marítimo de zona económica exclusiva se encuentra en una franca debacle productiva de jurel y merluza, las dos principales fuentes de producción marina, que también representan una fuente primordial de empleos en el país.
Pese a esto, Leiva asegura que en el Gobierno no existe voluntad política para avanzar en el tema: “Hemos tratado de incentivar esta discusión con el servicio de protección de los recursos naturales en el ministerio del Medio Ambiente, también con la ministra, pero no hemos tenido una respuesta favorable. Ellos argumentan que la prioridad para ese servicio es la agenda nacional y no la protección de los océano. Nosotros claramente hemos dicho y exigido que necesitamos esta discusión, porque ya hemos perdido ocho años”, advierte.
De no cumplir con las metas propuestas por la Convención de Biodiversidad, Chile se expondría al repudio de la comunidad medioambiental internacional, sobre todo cuando nuestro país apunta a cumplir con las grandes exigencias que los organismos hacen a las naciones desarrolladas.
