Los dueños de la empresa minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, fueron formalizados y quedaron bajo arraigo nacional este viernes por el delito de “lesiones graves gravísimas”, según determinó el juzgado de Letras y Garantía de Caldera.
Los propietarios de la mina San José, donde 33 mineros permanecen atrapados, fueron imputados por la amputación de una pierna que sufrió el trabajador Gino Cortés luego que le cayera una roca de 100 kilos, accidente ocurrido en julio de 2009 en el mismo yacimiento.
El juez Rubén Bustos formalizó además al jefe de operaciones de la empresa, Carlos Pinilla, y el gerente de operaciones, Pedro Simunovic.
“Existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en este delito como autores, sumado a la necesidad de cautela estimándose racionalmente proporcional la petición del Ministerio Público”, determinó el magistrado.
La audiencia para discutir un eventual acuerdo reparatorio quedó fijada para el 5 de noviembre y se determinó un plazo de 90 días para la investigación.
El abogado del minero, Rafael Cortés, señaló que hubo negligencia y dolo por parte de San Esteban y que “las medidas de seguridad claramente fueron insuficientes”.
En tanto, el abogado Gonzalo Insunza, representante de Bohn y Kemeny, aseguró que la empresa quería compensar económicamente a Cortés, pero que la calificación del hecho como delito “no nos da la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio porque en los delitos no hay”.
Los dueños de la empresa minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, fueron formalizados y quedaron bajo arraigo nacional este viernes por el delito de “lesiones graves gravísimas”, según determinó el juzgado de Letras y Garantía de Caldera.
Los propietarios de la mina San José, donde 33 mineros permanecen atrapados, fueron imputados por la amputación de una pierna que sufrió el trabajador Gino Cortés luego que le cayera una roca de 100 kilos, accidente ocurrido en julio de 2009 en el mismo yacimiento.
El juez Rubén Bustos formalizó además al jefe de operaciones de la empresa, Carlos Pinilla, y el gerente de operaciones, Pedro Simunovic.
“Existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en este delito como autores, sumado a la necesidad de cautela estimándose racionalmente proporcional la petición del Ministerio Público”, determinó el magistrado.
La audiencia para discutir un eventual acuerdo reparatorio quedó fijada para el 5 de noviembre y se determinó un plazo de 90 días para la investigación.
El abogado del minero, Rafael Cortés, señaló que hubo negligencia y dolo por parte de San Esteban y que “las medidas de seguridad claramente fueron insuficientes”.
En tanto, el abogado Gonzalo Insunza, representante de Bohn y Kemeny, aseguró que la empresa quería compensar económicamente a Cortés, pero que la calificación del hecho como delito “no nos da la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio porque en los delitos no hay”.
Los dueños de la empresa minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, fueron formalizados y quedaron bajo arraigo nacional este viernes por el delito de “lesiones graves gravísimas”, según determinó el juzgado de Letras y Garantía de Caldera.
Los propietarios de la mina San José, donde 33 mineros permanecen atrapados, fueron imputados por la amputación de una pierna que sufrió el trabajador Gino Cortés luego que le cayera una roca de 100 kilos, accidente ocurrido en julio de 2009 en el mismo yacimiento.
El juez Rubén Bustos formalizó además al jefe de operaciones de la empresa, Carlos Pinilla, y el gerente de operaciones, Pedro Simunovic.
“Existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que los imputados han tenido participación en este delito como autores, sumado a la necesidad de cautela estimándose racionalmente proporcional la petición del Ministerio Público”, determinó el magistrado.
La audiencia para discutir un eventual acuerdo reparatorio quedó fijada para el 5 de noviembre y se determinó un plazo de 90 días para la investigación.
El abogado del minero, Rafael Cortés, señaló que hubo negligencia y dolo por parte de San Esteban y que “las medidas de seguridad claramente fueron insuficientes”.
En tanto, el abogado Gonzalo Insunza, representante de Bohn y Kemeny, aseguró que la empresa quería compensar económicamente a Cortés, pero que la calificación del hecho como delito “no nos da la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio porque en los delitos no hay”.
