El secretario de Justicia, Ken Clarke, debe hacer una declaración en la Cámara de los Comunes, indicaron fuentes oficiales después de que la televisión ITN anunciara un acuerdo extrajudicial con una decena de ex presos, entre ellos el etíope Binyam Mohamed.
El anuncio se produce tras meses de negociaciones entre los abogados de ambas partes, tras las cuales uno de los ex reclusos recibirá más de un millón de libras (1,1 millón de euros), según ITN. Se cree que el Gobierno decidió que es mejor llegar a un acuerdo que correr el riesgo de que salgan a la luz informaciones secretas durante un juicio público, aunque el monto de las indemnizaciones debería ser confidencial.
En febrero, un tribunal británico divulgó documentos secretos que mostraban que Binyam Mohamed, residente legal en Gran Bretaña, sufrió un trato “cruel, inhumano y degradante” durante sus interrogatorios a los que fue sometido por agentes estadounidenses. La información fue hecha pública a pesar de las advertencias del Gobierno de que este tipo de divulgaciones podrían dañar la relación con Estados Unidos y hacer que este país dejara de compartir inteligencia.
Entre los que recibirán indemnizaciones figuran ciudadanos y residentes británicos que estuvieron recluidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo, en la isla de Cuba, y otros que afirman que agentes británicos fueron cómplices de sus torturas en la llamada “guerra contra el terror”.
En julio, el primer ministro, David Cameron, anunció una investigación sobre las denuncias de que los servicios de seguridad británicos fueron cómplices de las torturas que sufrieron presuntos extremistas violentos en el extranjero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. También dijo entonces que “cuando fuera apropiado” indemnizaría a las personas que hubieran entablado acciones judiciales sobre los tratos recibidos.
“Aunque no hay pruebas de que algún agente británico estuvo directamente implicado en torturas después del 11 de septiembre, hay preguntas sobre el grado hasta el cual los agentes británicos trabajaban con los servicios de seguridad extranjeros que trataban a los detenidos de manera indebida”, dijo entonces Cameron. “Cuanto más tiempo continúen sin respuesta estas preguntas, mayor la mancha en nuestra reputación de país que cree en la libertad, en la justicia y en los derechos humanos”, agregó.
Binyam Mohamed fue arrestado en Pakistán en 2002, acusado por Estados Unidos de luchar con los talibanes. Fue trasladado por Pakistán, Marruecos y Afganistán, antes de ser llevado en septiembre de 2004 a Guantánamo. Tras su liberación en 2009, sus abogados afirmaron que fue torturado. La investigación sobre las acusaciones de tortura, liderada por un juez, debía empezar antes del final de 2010 y anunciar sus conclusiones en un plazo de 12 meses.
El secretario de Justicia, Ken Clarke, debe hacer una declaración en la Cámara de los Comunes, indicaron fuentes oficiales después de que la televisión ITN anunciara un acuerdo extrajudicial con una decena de ex presos, entre ellos el etíope Binyam Mohamed.
El anuncio se produce tras meses de negociaciones entre los abogados de ambas partes, tras las cuales uno de los ex reclusos recibirá más de un millón de libras (1,1 millón de euros), según ITN. Se cree que el Gobierno decidió que es mejor llegar a un acuerdo que correr el riesgo de que salgan a la luz informaciones secretas durante un juicio público, aunque el monto de las indemnizaciones debería ser confidencial.
En febrero, un tribunal británico divulgó documentos secretos que mostraban que Binyam Mohamed, residente legal en Gran Bretaña, sufrió un trato “cruel, inhumano y degradante” durante sus interrogatorios a los que fue sometido por agentes estadounidenses. La información fue hecha pública a pesar de las advertencias del Gobierno de que este tipo de divulgaciones podrían dañar la relación con Estados Unidos y hacer que este país dejara de compartir inteligencia.
Entre los que recibirán indemnizaciones figuran ciudadanos y residentes británicos que estuvieron recluidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo, en la isla de Cuba, y otros que afirman que agentes británicos fueron cómplices de sus torturas en la llamada “guerra contra el terror”.
En julio, el primer ministro, David Cameron, anunció una investigación sobre las denuncias de que los servicios de seguridad británicos fueron cómplices de las torturas que sufrieron presuntos extremistas violentos en el extranjero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. También dijo entonces que “cuando fuera apropiado” indemnizaría a las personas que hubieran entablado acciones judiciales sobre los tratos recibidos.
“Aunque no hay pruebas de que algún agente británico estuvo directamente implicado en torturas después del 11 de septiembre, hay preguntas sobre el grado hasta el cual los agentes británicos trabajaban con los servicios de seguridad extranjeros que trataban a los detenidos de manera indebida”, dijo entonces Cameron. “Cuanto más tiempo continúen sin respuesta estas preguntas, mayor la mancha en nuestra reputación de país que cree en la libertad, en la justicia y en los derechos humanos”, agregó.
Binyam Mohamed fue arrestado en Pakistán en 2002, acusado por Estados Unidos de luchar con los talibanes. Fue trasladado por Pakistán, Marruecos y Afganistán, antes de ser llevado en septiembre de 2004 a Guantánamo. Tras su liberación en 2009, sus abogados afirmaron que fue torturado. La investigación sobre las acusaciones de tortura, liderada por un juez, debía empezar antes del final de 2010 y anunciar sus conclusiones en un plazo de 12 meses.
El secretario de Justicia, Ken Clarke, debe hacer una declaración en la Cámara de los Comunes, indicaron fuentes oficiales después de que la televisión ITN anunciara un acuerdo extrajudicial con una decena de ex presos, entre ellos el etíope Binyam Mohamed.
El anuncio se produce tras meses de negociaciones entre los abogados de ambas partes, tras las cuales uno de los ex reclusos recibirá más de un millón de libras (1,1 millón de euros), según ITN. Se cree que el Gobierno decidió que es mejor llegar a un acuerdo que correr el riesgo de que salgan a la luz informaciones secretas durante un juicio público, aunque el monto de las indemnizaciones debería ser confidencial.
En febrero, un tribunal británico divulgó documentos secretos que mostraban que Binyam Mohamed, residente legal en Gran Bretaña, sufrió un trato “cruel, inhumano y degradante” durante sus interrogatorios a los que fue sometido por agentes estadounidenses. La información fue hecha pública a pesar de las advertencias del Gobierno de que este tipo de divulgaciones podrían dañar la relación con Estados Unidos y hacer que este país dejara de compartir inteligencia.
Entre los que recibirán indemnizaciones figuran ciudadanos y residentes británicos que estuvieron recluidos en el centro de detención norteamericano de Guantánamo, en la isla de Cuba, y otros que afirman que agentes británicos fueron cómplices de sus torturas en la llamada “guerra contra el terror”.
En julio, el primer ministro, David Cameron, anunció una investigación sobre las denuncias de que los servicios de seguridad británicos fueron cómplices de las torturas que sufrieron presuntos extremistas violentos en el extranjero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. También dijo entonces que “cuando fuera apropiado” indemnizaría a las personas que hubieran entablado acciones judiciales sobre los tratos recibidos.
“Aunque no hay pruebas de que algún agente británico estuvo directamente implicado en torturas después del 11 de septiembre, hay preguntas sobre el grado hasta el cual los agentes británicos trabajaban con los servicios de seguridad extranjeros que trataban a los detenidos de manera indebida”, dijo entonces Cameron. “Cuanto más tiempo continúen sin respuesta estas preguntas, mayor la mancha en nuestra reputación de país que cree en la libertad, en la justicia y en los derechos humanos”, agregó.
Binyam Mohamed fue arrestado en Pakistán en 2002, acusado por Estados Unidos de luchar con los talibanes. Fue trasladado por Pakistán, Marruecos y Afganistán, antes de ser llevado en septiembre de 2004 a Guantánamo. Tras su liberación en 2009, sus abogados afirmaron que fue torturado. La investigación sobre las acusaciones de tortura, liderada por un juez, debía empezar antes del final de 2010 y anunciar sus conclusiones en un plazo de 12 meses.
