La necesidad de impulsar el debate sobre los derechos de las minorías sexuales, de trabajar en nuevas legislaciones y derogar otras, así como potenciar el diseño de políticas públicas sobre la materia fueron las principales conclusiones del foro de derechos humanos “Diversidad Sexual: discriminación e intolerancia” organizado por la Universidad Diego Portales.
En la oportunidad participó, la jueza Karen Atala, quien demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la justicia le quitara la tuición de sus hijas por su condición de lesbiana.
La abogada indicó que mientras el actual marco jurídico de nuestro país sólo reconozca un orden basado en el concepto de familia a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, es necesario que los nuevos profesionales sean cada vez más críticos con la interpretación de la ley.
Según Atala, la actual legislación chilena es fuertemente discriminatoria con quienes no siguen el ordenamiento social, lo que se ve reflejado en casos tan comunes como en la postulación a un subsidio habitacional, en el que una pareja que convive tiene menos puntaje que un matrimonio.
Asimismo la jueza Atala indicó que las leyes no permiten que personas pertenecientes a minorías sexuales puedan hacer uso del espacio público de la misma forma que alguien heterosexual.
Esto, porque en el Código Civil existe el artículo 373 que establece penas de reclusión para quienes “ofendieren el pudor o las buenas costumbres”.
Las organizaciones de Derechos Humanos y Diversidad Sexual exigen la derogación de ese artículo y del 365 que, a juicio de los organismos, restringe la libertad sexual y discrimina a las minorías.
“La Constitución asume el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte integrante de la Constitución, sin embargo, eso no se realiza en la leyes concretas, sino que sigue habiendo discriminación entre personas y especialmente hoy se llama la atención a la discriminación a las personas lesbianas, bisexuales, gay y transgeneros. Hay que empezar a discutir los temas, no pueden cerrarse los temas respecto a decir que es un tema valórico sino que es un tema de derecho”, indicó Karl Böhmer, coordinador de Educación de Amnistía Internacional.
Organizaciones como el MUMS y otros hace varios años están trabajando en la elaboración de algunos proyectos de ley antidiscriminación, de identidad de género y matrimonio igualitario, como explica Gonzalo Cid, coordinador del organismo.
“Creemos que la ley fundamental que pueda salir es la Ley Antidiscriminatoria y que requiere una serie de cambios, pero estamos dispuestos a apoyarla tal como está para que logre salir. Nos parece que sólo es voluntad política. La ley de Identidad de Género que afecta a nuestras compañeras transgeneras. Es difícil para los chilenos y chilenas que todos nosotros tenemos nuestro carné y que tenemos identidad. Muy difícil imaginarse personas que no la tienen y que en 2010 no la sigan teniendo”, indicó Cid.
El dirigente además solicita que el Gobierno invierta recursos en materia de educación y salud.
Hoy en los textos escolares no se hace alusión a la diversidad sexual y los programas de educación sexual no son parte del programa del Gobierno, y en salud, Gonzalo Cid reclama que las campañas de prevención del Sida cuentan cada vez con menos presupuesto.
La necesidad de impulsar el debate sobre los derechos de las minorías sexuales, de trabajar en nuevas legislaciones y derogar otras, así como potenciar el diseño de políticas públicas sobre la materia fueron las principales conclusiones del foro de derechos humanos “Diversidad Sexual: discriminación e intolerancia” organizado por la Universidad Diego Portales.
En la oportunidad participó, la jueza Karen Atala, quien demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la justicia le quitara la tuición de sus hijas por su condición de lesbiana.
La abogada indicó que mientras el actual marco jurídico de nuestro país sólo reconozca un orden basado en el concepto de familia a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, es necesario que los nuevos profesionales sean cada vez más críticos con la interpretación de la ley.
Según Atala, la actual legislación chilena es fuertemente discriminatoria con quienes no siguen el ordenamiento social, lo que se ve reflejado en casos tan comunes como en la postulación a un subsidio habitacional, en el que una pareja que convive tiene menos puntaje que un matrimonio.
Asimismo la jueza Atala indicó que las leyes no permiten que personas pertenecientes a minorías sexuales puedan hacer uso del espacio público de la misma forma que alguien heterosexual.
Esto, porque en el Código Civil existe el artículo 373 que establece penas de reclusión para quienes “ofendieren el pudor o las buenas costumbres”.
Las organizaciones de Derechos Humanos y Diversidad Sexual exigen la derogación de ese artículo y del 365 que, a juicio de los organismos, restringe la libertad sexual y discrimina a las minorías.
“La Constitución asume el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte integrante de la Constitución, sin embargo, eso no se realiza en la leyes concretas, sino que sigue habiendo discriminación entre personas y especialmente hoy se llama la atención a la discriminación a las personas lesbianas, bisexuales, gay y transgeneros. Hay que empezar a discutir los temas, no pueden cerrarse los temas respecto a decir que es un tema valórico sino que es un tema de derecho”, indicó Karl Böhmer, coordinador de Educación de Amnistía Internacional.
Organizaciones como el MUMS y otros hace varios años están trabajando en la elaboración de algunos proyectos de ley antidiscriminación, de identidad de género y matrimonio igualitario, como explica Gonzalo Cid, coordinador del organismo.
“Creemos que la ley fundamental que pueda salir es la Ley Antidiscriminatoria y que requiere una serie de cambios, pero estamos dispuestos a apoyarla tal como está para que logre salir. Nos parece que sólo es voluntad política. La ley de Identidad de Género que afecta a nuestras compañeras transgeneras. Es difícil para los chilenos y chilenas que todos nosotros tenemos nuestro carné y que tenemos identidad. Muy difícil imaginarse personas que no la tienen y que en 2010 no la sigan teniendo”, indicó Cid.
El dirigente además solicita que el Gobierno invierta recursos en materia de educación y salud.
Hoy en los textos escolares no se hace alusión a la diversidad sexual y los programas de educación sexual no son parte del programa del Gobierno, y en salud, Gonzalo Cid reclama que las campañas de prevención del Sida cuentan cada vez con menos presupuesto.
La necesidad de impulsar el debate sobre los derechos de las minorías sexuales, de trabajar en nuevas legislaciones y derogar otras, así como potenciar el diseño de políticas públicas sobre la materia fueron las principales conclusiones del foro de derechos humanos “Diversidad Sexual: discriminación e intolerancia” organizado por la Universidad Diego Portales.
En la oportunidad participó, la jueza Karen Atala, quien demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la justicia le quitara la tuición de sus hijas por su condición de lesbiana.
La abogada indicó que mientras el actual marco jurídico de nuestro país sólo reconozca un orden basado en el concepto de familia a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, es necesario que los nuevos profesionales sean cada vez más críticos con la interpretación de la ley.
Según Atala, la actual legislación chilena es fuertemente discriminatoria con quienes no siguen el ordenamiento social, lo que se ve reflejado en casos tan comunes como en la postulación a un subsidio habitacional, en el que una pareja que convive tiene menos puntaje que un matrimonio.
Asimismo la jueza Atala indicó que las leyes no permiten que personas pertenecientes a minorías sexuales puedan hacer uso del espacio público de la misma forma que alguien heterosexual.
Esto, porque en el Código Civil existe el artículo 373 que establece penas de reclusión para quienes “ofendieren el pudor o las buenas costumbres”.
Las organizaciones de Derechos Humanos y Diversidad Sexual exigen la derogación de ese artículo y del 365 que, a juicio de los organismos, restringe la libertad sexual y discrimina a las minorías.
“La Constitución asume el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte integrante de la Constitución, sin embargo, eso no se realiza en la leyes concretas, sino que sigue habiendo discriminación entre personas y especialmente hoy se llama la atención a la discriminación a las personas lesbianas, bisexuales, gay y transgeneros. Hay que empezar a discutir los temas, no pueden cerrarse los temas respecto a decir que es un tema valórico sino que es un tema de derecho”, indicó Karl Böhmer, coordinador de Educación de Amnistía Internacional.
Organizaciones como el MUMS y otros hace varios años están trabajando en la elaboración de algunos proyectos de ley antidiscriminación, de identidad de género y matrimonio igualitario, como explica Gonzalo Cid, coordinador del organismo.
“Creemos que la ley fundamental que pueda salir es la Ley Antidiscriminatoria y que requiere una serie de cambios, pero estamos dispuestos a apoyarla tal como está para que logre salir. Nos parece que sólo es voluntad política. La ley de Identidad de Género que afecta a nuestras compañeras transgeneras. Es difícil para los chilenos y chilenas que todos nosotros tenemos nuestro carné y que tenemos identidad. Muy difícil imaginarse personas que no la tienen y que en 2010 no la sigan teniendo”, indicó Cid.
El dirigente además solicita que el Gobierno invierta recursos en materia de educación y salud.
Hoy en los textos escolares no se hace alusión a la diversidad sexual y los programas de educación sexual no son parte del programa del Gobierno, y en salud, Gonzalo Cid reclama que las campañas de prevención del Sida cuentan cada vez con menos presupuesto.
