¿Las actuaciones de las Fuerzas Especiales que dañan el imperio del Estado de Derecho son decisiones autónomas o siguen las instrucciones del Gobierno?

En las tres últimas semanas hemos visto con preocupación que Carabineros de Chile ha perdido todo lo que avanzó en los 20 años de la Concertación. Su pasado inmediato vinculado a la represión callejera y a crímenes horribles logró ser superado mediante una adecuada política comunicacional y una adecuada gestión policiaca, que los acercó nuevamente a la población.

No fue nada de fácil volver a confiar y está siendo muy rápido el deterioro de la imagen institucional por el accionar de las Fuerzas Especiales.

Ante su actuación, en verdad las más de las veces desmedida, queda la sensación que operan de modo autónomo y que el mando no tiene control efectivo sobre ellas. Más grave resulta aún el llegar a pensar que tampoco siguen las órdenes del Gobierno.

Sea que las Fuerzas Especiales operen de modo autónomo o sigan instrucciones del alto mando y del Gobierno, están atentando gravemente contra el prestigio institucional y, lo que es más grave, contra el imperio del Estado de Derecho.

Hay cinco denuncias que resultan particularmente graves: se obligó por una uniformada a jovencitas estudiantes a desnudarse en un furgón policial; se hizo responsable de un delito a un dirigente estudiantil montando para ello una operación; se dispararon sin provocación alguna bombas lacrimógenas contra la Casa Central de la Universidad de Chile; se disparó irresponsablemente a los pobladores en Dichato; y se desenfundaron armas de servicio para reprimir una protesta estudiantil.

Si los funcionarios se extralimitan en sus deberes jurídicos pueden incurrir en delito y en ese caso no habrá respaldo político alguno que los libere de la pena que en Derecho corresponda. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile tienen el absoluto conocimiento de la actuación de los Tribunales de Justicia en esta materia: hay docenas de uniformados condenados a penas de cárcel por haber ejecutado sus tareas represivas fuera del marco del Estado de Derecho. Dichos fallos han dejado establecido que si cometen delito no hay doctrina política, doctrina militar ni doctrina policiaca alguna que configure una causal de exculpación.

Cabe recordar en relación con la actuación de las Fuerzas Especiales la responsabilidad política directa del primer mandatario. En dos ocasiones (27 de marzo de 2010 y 30 de marzo de 2011) el Presidente Piñera ha visitado el cuartel de las Fuerzas Especiales para respaldarlas públicamente en su actuación. ¿Se ha interpretado acaso que fue a entregar un cheque en blanco para girar en la cuenta de la represión policial? ¿Garantizó acaso el Presidente el respaldo político a todas y cada una de sus actuaciones en la custodia del orden público?

El Presidente de la Republica debe recordar que la labor disuasiva no es un acto meramente político, sino también uno jurídico, es decir, sometido a Derecho. Si su visita ha sido mal interpretada por el alto mando, a él, y solamente a él, le corresponde el deber de enmendar esta errada comprensión de su respaldo. Dado que fue el propio Presidente el que realizó una visita personal a esta unidad, él, y no otra autoridad, debe llamar al orden al alto mando y a la jefatura de las Fuerzas Especiales. Los últimos hechos indican que es urgente que les recuerde el deber jurídico de ser absolutamente respetuosos del Estado de Derecho.

Es de esperar que si la ciudadanía recurre a los tribunales para hacer imperar la ley y hacer efectiva la responsabilidad penal, se ponga la autoridad máxima de la nación del lado del Derecho y no justifique, de modo alguno, el actuar equivocado de las Fuerzas Especiales.

Eric Palma es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile