En su capítulo dedicado a Chile la OCDE destacó el crecimiento de los niveles de empleo global y las medidas implementadas para aumentar la participación de la mujer, como la extensión del posnatal, y el subsidio a la contratación femenina, entre otras.
Entre los aspectos negativos, el informe subraya la ausencia de avances en los ámbitos de la legislación que regula la competencia y la protección del empleo.
No obstante, si bien el organismo destacó el mayor nivel de empleo registrado en el país, asegura que la brecha continúa siendo relevante, debido al bajo promedio de horas trabajadas y al débil desempeño de la productividad.
El gobierno reaccionó a la entrega de este informe a través del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El secretario de estado comentó este viernes que “la OCDE reconoce los notables avances de este gobierno en materia de crecimiento, empleo y calidad de la educación”.
Para el profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, el informe es una medición de la situación del país dentro de un período de tiempo de cinco ó seis años. En este sentido, para el economista la postura del titular de Hacienda es “equivocada” al calificar el informe como un reconocimiento a los logros del gobierno.
Por otra parte, para Salas la perspectiva del gobierno “es una mala visión de lo que la OCDE está diciendo. Hay ciertos grados de avance en los nuevos puestos de trabajo que se han ido generando, pero en parte importante nos son de calidad en términos de horas y de contratos”.
En esta misma línea, el economista aclaró además que el país no ha avanzado en relación a otras naciones del OCDE en cuanto a la repartición de la riqueza y la distribución del ingreso, y que “la distribución del ingreso sigue siendo tan mala como seis u ocho años atrás”.
En cuanto a la aplicación real de estas medidas en el país, el académico del Departamento de Economía de la USAH reconoció que en “en una año electoral como el presente no hay ninguna perspectiva de poner en ejecución estas medidas”.
En relación a la legislación de protección al empleo para trabajadores fijos, el informe evaluó que el monto elevado de la indemnización por despido para estos trabajadores contribuye a la reducción del empleo juvenil, y obstaculiza la productividad. En este sentido, el organismo recomendó a Chile “reducir las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos, relativamente altas, para así facilitar el ajuste de la fuerza de trabajo fija, y con ello fomentar la formalización de las relaciones laborales”.
Para el economista Hernán Frigolett, esta última recomendación de la OCDE es cuestionable desde el punto de vista social, ya que si bien generaría espacio para los trabajadores más jóvenes, no colaboraría con el aumento de la participación laboral de todas las edades, sin distinción.
Al respecto, el economista explicó: “Si efectivamente yo abarato a los trabajadores que llevan más tiempo insertos en el mercado laboral y hago más barata su salida, y los margino del mercado, para darle ese espacio a jóvenes, lo que estoy haciendo es dejando de lado a trabajadores de mas edad, que tienen menos recursos de empleabilidad, para darle entrada a los mas jóvenes y eso finalmente desde el punto de vista social es una solución bastante débil si es que se quiere aumentar la participación laboral en toda la línea etárea”.
En relación a la participación laboral femenina, Frigolett coincidió con el informe en cuanto a que es necesario aumentar la empleabilidad de las mujeres a través de la ampliación de la red social que asegure la educación infantil temprana. Esto, pues para el economista “la administración Bachelet avanzó mucho en cuanto a ampliar la red y fomentar lo que es la educación prescolar, para tener una red de jardines que asegurase la incorporación de la mujer al mercado laboral, situación que con la administración actual ha quedado debilitada”.
En su capítulo dedicado a Chile la OCDE destacó el crecimiento de los niveles de empleo global y las medidas implementadas para aumentar la participación de la mujer, como la extensión del posnatal, y el subsidio a la contratación femenina, entre otras.
Entre los aspectos negativos, el informe subraya la ausencia de avances en los ámbitos de la legislación que regula la competencia y la protección del empleo.
No obstante, si bien el organismo destacó el mayor nivel de empleo registrado en el país, asegura que la brecha continúa siendo relevante, debido al bajo promedio de horas trabajadas y al débil desempeño de la productividad.
El gobierno reaccionó a la entrega de este informe a través del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El secretario de estado comentó este viernes que “la OCDE reconoce los notables avances de este gobierno en materia de crecimiento, empleo y calidad de la educación”.
Para el profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, el informe es una medición de la situación del país dentro de un período de tiempo de cinco ó seis años. En este sentido, para el economista la postura del titular de Hacienda es “equivocada” al calificar el informe como un reconocimiento a los logros del gobierno.
Por otra parte, para Salas la perspectiva del gobierno “es una mala visión de lo que la OCDE está diciendo. Hay ciertos grados de avance en los nuevos puestos de trabajo que se han ido generando, pero en parte importante nos son de calidad en términos de horas y de contratos”.
En esta misma línea, el economista aclaró además que el país no ha avanzado en relación a otras naciones del OCDE en cuanto a la repartición de la riqueza y la distribución del ingreso, y que “la distribución del ingreso sigue siendo tan mala como seis u ocho años atrás”.
En cuanto a la aplicación real de estas medidas en el país, el académico del Departamento de Economía de la USAH reconoció que en “en una año electoral como el presente no hay ninguna perspectiva de poner en ejecución estas medidas”.
En relación a la legislación de protección al empleo para trabajadores fijos, el informe evaluó que el monto elevado de la indemnización por despido para estos trabajadores contribuye a la reducción del empleo juvenil, y obstaculiza la productividad. En este sentido, el organismo recomendó a Chile “reducir las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos, relativamente altas, para así facilitar el ajuste de la fuerza de trabajo fija, y con ello fomentar la formalización de las relaciones laborales”.
Para el economista Hernán Frigolett, esta última recomendación de la OCDE es cuestionable desde el punto de vista social, ya que si bien generaría espacio para los trabajadores más jóvenes, no colaboraría con el aumento de la participación laboral de todas las edades, sin distinción.
Al respecto, el economista explicó: “Si efectivamente yo abarato a los trabajadores que llevan más tiempo insertos en el mercado laboral y hago más barata su salida, y los margino del mercado, para darle ese espacio a jóvenes, lo que estoy haciendo es dejando de lado a trabajadores de mas edad, que tienen menos recursos de empleabilidad, para darle entrada a los mas jóvenes y eso finalmente desde el punto de vista social es una solución bastante débil si es que se quiere aumentar la participación laboral en toda la línea etárea”.
En relación a la participación laboral femenina, Frigolett coincidió con el informe en cuanto a que es necesario aumentar la empleabilidad de las mujeres a través de la ampliación de la red social que asegure la educación infantil temprana. Esto, pues para el economista “la administración Bachelet avanzó mucho en cuanto a ampliar la red y fomentar lo que es la educación prescolar, para tener una red de jardines que asegurase la incorporación de la mujer al mercado laboral, situación que con la administración actual ha quedado debilitada”.
En su capítulo dedicado a Chile la OCDE destacó el crecimiento de los niveles de empleo global y las medidas implementadas para aumentar la participación de la mujer, como la extensión del posnatal, y el subsidio a la contratación femenina, entre otras.
Entre los aspectos negativos, el informe subraya la ausencia de avances en los ámbitos de la legislación que regula la competencia y la protección del empleo.
No obstante, si bien el organismo destacó el mayor nivel de empleo registrado en el país, asegura que la brecha continúa siendo relevante, debido al bajo promedio de horas trabajadas y al débil desempeño de la productividad.
El gobierno reaccionó a la entrega de este informe a través del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El secretario de estado comentó este viernes que “la OCDE reconoce los notables avances de este gobierno en materia de crecimiento, empleo y calidad de la educación”.
Para el profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, el informe es una medición de la situación del país dentro de un período de tiempo de cinco ó seis años. En este sentido, para el economista la postura del titular de Hacienda es “equivocada” al calificar el informe como un reconocimiento a los logros del gobierno.
Por otra parte, para Salas la perspectiva del gobierno “es una mala visión de lo que la OCDE está diciendo. Hay ciertos grados de avance en los nuevos puestos de trabajo que se han ido generando, pero en parte importante nos son de calidad en términos de horas y de contratos”.
En esta misma línea, el economista aclaró además que el país no ha avanzado en relación a otras naciones del OCDE en cuanto a la repartición de la riqueza y la distribución del ingreso, y que “la distribución del ingreso sigue siendo tan mala como seis u ocho años atrás”.
En cuanto a la aplicación real de estas medidas en el país, el académico del Departamento de Economía de la USAH reconoció que en “en una año electoral como el presente no hay ninguna perspectiva de poner en ejecución estas medidas”.
En relación a la legislación de protección al empleo para trabajadores fijos, el informe evaluó que el monto elevado de la indemnización por despido para estos trabajadores contribuye a la reducción del empleo juvenil, y obstaculiza la productividad. En este sentido, el organismo recomendó a Chile “reducir las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos, relativamente altas, para así facilitar el ajuste de la fuerza de trabajo fija, y con ello fomentar la formalización de las relaciones laborales”.
Para el economista Hernán Frigolett, esta última recomendación de la OCDE es cuestionable desde el punto de vista social, ya que si bien generaría espacio para los trabajadores más jóvenes, no colaboraría con el aumento de la participación laboral de todas las edades, sin distinción.
Al respecto, el economista explicó: “Si efectivamente yo abarato a los trabajadores que llevan más tiempo insertos en el mercado laboral y hago más barata su salida, y los margino del mercado, para darle ese espacio a jóvenes, lo que estoy haciendo es dejando de lado a trabajadores de mas edad, que tienen menos recursos de empleabilidad, para darle entrada a los mas jóvenes y eso finalmente desde el punto de vista social es una solución bastante débil si es que se quiere aumentar la participación laboral en toda la línea etárea”.
En relación a la participación laboral femenina, Frigolett coincidió con el informe en cuanto a que es necesario aumentar la empleabilidad de las mujeres a través de la ampliación de la red social que asegure la educación infantil temprana. Esto, pues para el economista “la administración Bachelet avanzó mucho en cuanto a ampliar la red y fomentar lo que es la educación prescolar, para tener una red de jardines que asegurase la incorporación de la mujer al mercado laboral, situación que con la administración actual ha quedado debilitada”.
