Formalizan a universidades por soborno en caso CNA
Las universidades SEK, del Mar y Pedro de Valdivia fueron formalizadas en el marco del caso que investiga el pago de asesorías a cambio de acreditaciones, al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz.
Miércoles 22 de mayo 2013 16:55 hrs.
Hoy se oficializó la ampliación de la investigación en el marco de presuntas irregularidades en la acreditación de las universidades, SEK, del Mar y Pedro de Valdivia, por parte de la Fiscalía Oriente.
Esto luego que se formalizara la personalidad jurídica de dichas casas de estudio cuyos rectores, José Schroder, Héctor Zúñiga y Angel Maulén, ya se encuentran formalizados por el delito de soborno.
Recordemos que esta investigación comenzó el año pasado, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, después que se descubriera que el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz habría recibido dinero a cambio de asesorías a instituciones en procesos de acreditación.
De acuerdo a lo avanzado en la investigación del fiscal Gajardo, Díaz habría recibido cerca de 300 millones de pesos a modo de soborno para conseguir la acreditación.
Una vez obtenido, las universidades cuestionadas optaron al beneficio del Crédito con Aval del Estado (CAE), motivó que obligó a la fiscalía a ampliar la indagatoria. Los centros de estudio en cuestión no arriesgan por el momento la cancelación de la personalidad jurídica, ya que no se imputa delito de crimen ni delitos reiterados. Sin embargo, pueden ser sancionados con una multa cercana a los 400 millones de pesos, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.
Hoy se oficializó la ampliación de la investigación en el marco de presuntas irregularidades en la acreditación de las universidades, SEK, del Mar y Pedro de Valdivia, por parte de la Fiscalía Oriente.
Esto luego que se formalizara la personalidad jurídica de dichas casas de estudio cuyos rectores, José Schroder, Héctor Zúñiga y Angel Maulén, ya se encuentran formalizados por el delito de soborno.
Recordemos que esta investigación comenzó el año pasado, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, después que se descubriera que el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz habría recibido dinero a cambio de asesorías a instituciones en procesos de acreditación.
De acuerdo a lo avanzado en la investigación del fiscal Gajardo, Díaz habría recibido cerca de 300 millones de pesos a modo de soborno para conseguir la acreditación.
Una vez obtenido, las universidades cuestionadas optaron al beneficio del Crédito con Aval del Estado (CAE), motivó que obligó a la fiscalía a ampliar la indagatoria. Los centros de estudio en cuestión no arriesgan por el momento la cancelación de la personalidad jurídica, ya que no se imputa delito de crimen ni delitos reiterados. Sin embargo, pueden ser sancionados con una multa cercana a los 400 millones de pesos, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.
Hoy se oficializó la ampliación de la investigación en el marco de presuntas irregularidades en la acreditación de las universidades, SEK, del Mar y Pedro de Valdivia, por parte de la Fiscalía Oriente.
Esto luego que se formalizara la personalidad jurídica de dichas casas de estudio cuyos rectores, José Schroder, Héctor Zúñiga y Angel Maulén, ya se encuentran formalizados por el delito de soborno.
Recordemos que esta investigación comenzó el año pasado, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, después que se descubriera que el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz habría recibido dinero a cambio de asesorías a instituciones en procesos de acreditación.
De acuerdo a lo avanzado en la investigación del fiscal Gajardo, Díaz habría recibido cerca de 300 millones de pesos a modo de soborno para conseguir la acreditación.
Una vez obtenido, las universidades cuestionadas optaron al beneficio del Crédito con Aval del Estado (CAE), motivó que obligó a la fiscalía a ampliar la indagatoria. Los centros de estudio en cuestión no arriesgan por el momento la cancelación de la personalidad jurídica, ya que no se imputa delito de crimen ni delitos reiterados. Sin embargo, pueden ser sancionados con una multa cercana a los 400 millones de pesos, la prohibición de celebrar contratos con el Estado y la pérdida de beneficios fiscales.
