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Año XI, 17 de junio de 2019

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Querella por atentado a Pinochet: “Tratar de empatar el tema de los derechos humanos es una aberración”

Abogados y víctimas de violaciones a los derechos humanos critican la petición de las viudas de los escoltas de Pinochet de procesar a Guillermo Teillier por el atentado ocurrido en 1986, como un delito de lesa humanidad. “El Estado no ejerció violencia, tortura o fuerza desmedida contra esos escoltas, eso fue una decisión política”, recalcó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Paula Campos

  Miércoles 23 de octubre 2013 18:54 hrs. 
atentado pinochet

Es la madrugada del 8 de septiembre cuando un grupo de hombres encapuchados entró a la casa del electricista Felipe Rivera. Dos horas después, fuertemente armados, otros irrumpen en el hogar del profesor Gastón Vidaurragaza. No pasan ni sesenta minutos cuando, en otro punto de la capital, detienen al periodista José Carrasco Tapia. Pero las cosas no terminarían ahí, la madrugada de ese nueve de septiembre de 1986 acabaría también con la vida de Abraham Muskatblit, el cuarto militante muerto a manos de la CNI en venganza por el frustrado atentado ocurrido dos días antes contra Augusto Pinochet.

Veintisiete años después de estos trágicos recuerdos, las viudas de los escoltas muertos en el Cajón del Maipo se querellan contra el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, buscando proceso por su presunta responsabilidad en aquel atentado.

Los familiares de las víctimas de la dictadura reaccionaron de inmediato: “Acá no hay crimen estatal, sino una decisión política” sostiene Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) y viuda de Felipe Rivera, quien se manifiesta cansada de los intentos por levantar un “empate político”.

“Aquí la política de empate no va más, por la moral, la ética, la forma como el pueblo en su conjunto se ha ido organizando, diciendo basta. Ya no va a seguir esta política, por la buena salud de un país realmente democrático, donde estén sobre la base de la justicia total y que tenga que ver con los derechos fundamentales del hombre, que esto sea la razón de ser de lo que viene a futuro” enfatizó.

“Es una decisión electoralista”, plantea el “comandante Eduardo”, Enrique Villegas, ex miembro del Frente Patriotico Manuel Rodríguez (FPMR), quien considera la acusación como una “aberración”.

“Yo creo que hay una obstinación fundamentalmente de parte  la UDI, en términos de tratar de empatar el tema de los derechos humanos, lo que es una aberración. Y en sí, la acusación es una aberración: tratar de comparar el intento de tiranicidio, basado en el que es la legítima defensa y el derecho a rebelión, con los asesinatos que cometieron durante tantos años, a partir de la implantación del terrorismo de Estado, es una aberración, más aun intentando plantear que no prescribe el hecho, dándole un carácter de lesa humanidad, esa es una aberración absoluta”

El abogado querellante del caso, Roberto Meza, solicitó a la justicia calificar al atentado que provocó la muerte de cinco escoltas como un delito de lesa humanidad, lo que evitaría su prescripción.

Sin ebmargo, José Zalaquett, abogado de derechos humanos, argumenta las razones del por qué no se podría obtener dicha categoría.

“En una guerra, en un acto bélico, es permitido dirigirse contra las fuerzas adversarias. Yo no estoy intentando justificar desde el punto de vista moral lo que hizo Teillier o la gente del Frente Patriótico, porque para la justificación moral se requiere que no haya otra alternativa y a mí me parece que había una alternativa política como se terminó demostrando con el plebiscito, pero desde el punto de vista legal no es un crimen contra la humanidad, porque se requieren tres requisitos: un ataque sistemático o masivo contra la población civil, un hecho determinado entre una lista de hechos, entre los cuales está el homicidio, y también un conocimiento de dicho ataque por parte de las personas que lo planificaron, que también concurre, pero falta que sea parte de un ataque generalizado contra la población civil”, aclaró el jurista.

A juicio del abogado Roberto Garretón, los victimarios de violaciones a los derechos humanos y sus familias “están molestos, entre otras cosas, porque los trasladaron a Punta Peuco, porque todo lo que han dicho se ha probado que es mentira, que tratan de buscar así un empate moral”.

“Aquí hay cosas muy claras en materia de derechos humanos. Toda violación de derechos humanos, particularmente cuando son crímenes contra la humanidad, tiene tres componentes: un acto brutal, una cobardía y una mentira. La cobardía es que las personas que cometieron el delito están amparados en la impunidad, y yo no veo por donde las personas que atentaron contra Pinochet y su comitiva estaban amparados por la impunidad, ellos estaban arriesgando su vida, que es otra cosa. Y la tercera cosa es la mentira y ellos nunca negaron que atentaron contra Pinochet, muy distinto a toda la cobardía y mentira de todos y cada uno de los crímenes cometidos por los pinochetistas”, precisa el jurista.

Recordemos que la querella fue presentada durante la jornada de lunes por tres de las cinco viudas de escoltas muertos en el atentado del  7 de septiembre de 1986, perpetuado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.