La justicia acogió a trámite el recurso de protección contra la planta termoeléctrica Bocamina, que incluye a una central de 128 mega watts (MW) y a otra de 350 MW, las que se encuentran paralizadas luego del fallo del pasado 17 de diciembre.
Aun cuando el recurso judicial anterior fructificó en su interés de paralizar la planta a carbón, los abogados optaron por incluir esta vez a personas, porque en el alegato de Endesa esta firma impugnó que se mencionara a organizaciones como presuntas afectadas por los impactos ambientales de la central.
El abogado patrocinante, Lorenzo Soto, explicó que esto no es algo puramente formal “porque Endesa en sus descargos plantea que nuestro primer recurso es inadmisible por cuanto se presenta al amparo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por organizaciones y no por personas”.
El motivo de fondo del recurso de protección es la solicitud de que la integridad de la planta termoeléctrica sea nuevamente ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que la central Bocamina 1 funciona sin Estudio de Impacto Ambiental y sólo la central Bocamina 2 incluye este tipo de evaluación. lo que implica que no se han dimensionado los impactos totales del proyecto, particularmente sobre el medio marino.
Esto tiene asidero en la Ley 19.300 de bases del medio ambiente, que tipifica no sólo impactos directos e indirectos, sino también impactos acumulativos y sinérgicos. Y estos últimos conciernen a la evaluación de ambas centrales térmicas, según Lorenzo Soto.
En esa línea, el abogado representante de los pescadores precisó que “este recurso se refiere a todo el complejo termoeléctrico, o sea se amplía el alcance del primero, haciéndolo extensivo a Bocamina I, pero no solicita ni requiere una nueva paralización por cuanto está ya se obtuvo y además entendemos que la central Bocamina como complejo no puede operar si está paralizada la central Bocamina II”.
Al respecto, la secretaria regional ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente del Biobío, Marianne Hermanns, reconoció que este año hay un alza de los proyectos judicializados, y anticipa que eso debería tender a la baja, porque el nuevo reglamentos del Servicio de Evaluación Ambiental es más explícito para que las empresas sepan cuando un proyecto amerita Declaración de Impacto Ambiental (procedimiento más sencillo) y cuándo amerita Estudio de Impacto Ambiental (que es un procedimiento más complejo para proyectos mayores).
De esta manera, la funcionaria de gobierno reconoció que “efectivamente a varios proyectos que están siendo rechazados por el Poder Judicial, lo mismo ocurrió acá con el caso de Bocamina, la central de Endesa acá en Coronel tenía varios proyectos, entre ellos una optimización de sus plantas que se rechazó porque se pedía ingresar al sistema por estudio de impacto ambiental en vez de por Declaración de Impacto Ambiental. Efectivamente se están judicializando muchos de los proyectos en ingresan al sistema de evaluación ambiental, pero ahora hay un nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental y esperamos que con esto se vaya coordinando un poco esta forma de evaluación de los proyectos”.
En Chile hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo, petcoke y gas natural. Las principales propietarias de éstas son Endesa, Colbún y AES Gener, mientras que las 10 comunas que concentran más termoeléctricas o aquellas de mayor tamaño son: Puchuncaví, Tocopilla, Coronel, Quillota, Copiapó, Mejillones, Taltal, Diego de Almagro, Huasco, y Cabrero.
La justicia acogió a trámite el recurso de protección contra la planta termoeléctrica Bocamina, que incluye a una central de 128 mega watts (MW) y a otra de 350 MW, las que se encuentran paralizadas luego del fallo del pasado 17 de diciembre.
Aun cuando el recurso judicial anterior fructificó en su interés de paralizar la planta a carbón, los abogados optaron por incluir esta vez a personas, porque en el alegato de Endesa esta firma impugnó que se mencionara a organizaciones como presuntas afectadas por los impactos ambientales de la central.
El abogado patrocinante, Lorenzo Soto, explicó que esto no es algo puramente formal “porque Endesa en sus descargos plantea que nuestro primer recurso es inadmisible por cuanto se presenta al amparo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por organizaciones y no por personas”.
El motivo de fondo del recurso de protección es la solicitud de que la integridad de la planta termoeléctrica sea nuevamente ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que la central Bocamina 1 funciona sin Estudio de Impacto Ambiental y sólo la central Bocamina 2 incluye este tipo de evaluación. lo que implica que no se han dimensionado los impactos totales del proyecto, particularmente sobre el medio marino.
Esto tiene asidero en la Ley 19.300 de bases del medio ambiente, que tipifica no sólo impactos directos e indirectos, sino también impactos acumulativos y sinérgicos. Y estos últimos conciernen a la evaluación de ambas centrales térmicas, según Lorenzo Soto.
En esa línea, el abogado representante de los pescadores precisó que “este recurso se refiere a todo el complejo termoeléctrico, o sea se amplía el alcance del primero, haciéndolo extensivo a Bocamina I, pero no solicita ni requiere una nueva paralización por cuanto está ya se obtuvo y además entendemos que la central Bocamina como complejo no puede operar si está paralizada la central Bocamina II”.
Al respecto, la secretaria regional ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente del Biobío, Marianne Hermanns, reconoció que este año hay un alza de los proyectos judicializados, y anticipa que eso debería tender a la baja, porque el nuevo reglamentos del Servicio de Evaluación Ambiental es más explícito para que las empresas sepan cuando un proyecto amerita Declaración de Impacto Ambiental (procedimiento más sencillo) y cuándo amerita Estudio de Impacto Ambiental (que es un procedimiento más complejo para proyectos mayores).
De esta manera, la funcionaria de gobierno reconoció que “efectivamente a varios proyectos que están siendo rechazados por el Poder Judicial, lo mismo ocurrió acá con el caso de Bocamina, la central de Endesa acá en Coronel tenía varios proyectos, entre ellos una optimización de sus plantas que se rechazó porque se pedía ingresar al sistema por estudio de impacto ambiental en vez de por Declaración de Impacto Ambiental. Efectivamente se están judicializando muchos de los proyectos en ingresan al sistema de evaluación ambiental, pero ahora hay un nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental y esperamos que con esto se vaya coordinando un poco esta forma de evaluación de los proyectos”.
En Chile hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo, petcoke y gas natural. Las principales propietarias de éstas son Endesa, Colbún y AES Gener, mientras que las 10 comunas que concentran más termoeléctricas o aquellas de mayor tamaño son: Puchuncaví, Tocopilla, Coronel, Quillota, Copiapó, Mejillones, Taltal, Diego de Almagro, Huasco, y Cabrero.
La justicia acogió a trámite el recurso de protección contra la planta termoeléctrica Bocamina, que incluye a una central de 128 mega watts (MW) y a otra de 350 MW, las que se encuentran paralizadas luego del fallo del pasado 17 de diciembre.
Aun cuando el recurso judicial anterior fructificó en su interés de paralizar la planta a carbón, los abogados optaron por incluir esta vez a personas, porque en el alegato de Endesa esta firma impugnó que se mencionara a organizaciones como presuntas afectadas por los impactos ambientales de la central.
El abogado patrocinante, Lorenzo Soto, explicó que esto no es algo puramente formal “porque Endesa en sus descargos plantea que nuestro primer recurso es inadmisible por cuanto se presenta al amparo del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por organizaciones y no por personas”.
El motivo de fondo del recurso de protección es la solicitud de que la integridad de la planta termoeléctrica sea nuevamente ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que la central Bocamina 1 funciona sin Estudio de Impacto Ambiental y sólo la central Bocamina 2 incluye este tipo de evaluación. lo que implica que no se han dimensionado los impactos totales del proyecto, particularmente sobre el medio marino.
Esto tiene asidero en la Ley 19.300 de bases del medio ambiente, que tipifica no sólo impactos directos e indirectos, sino también impactos acumulativos y sinérgicos. Y estos últimos conciernen a la evaluación de ambas centrales térmicas, según Lorenzo Soto.
En esa línea, el abogado representante de los pescadores precisó que “este recurso se refiere a todo el complejo termoeléctrico, o sea se amplía el alcance del primero, haciéndolo extensivo a Bocamina I, pero no solicita ni requiere una nueva paralización por cuanto está ya se obtuvo y además entendemos que la central Bocamina como complejo no puede operar si está paralizada la central Bocamina II”.
Al respecto, la secretaria regional ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente del Biobío, Marianne Hermanns, reconoció que este año hay un alza de los proyectos judicializados, y anticipa que eso debería tender a la baja, porque el nuevo reglamentos del Servicio de Evaluación Ambiental es más explícito para que las empresas sepan cuando un proyecto amerita Declaración de Impacto Ambiental (procedimiento más sencillo) y cuándo amerita Estudio de Impacto Ambiental (que es un procedimiento más complejo para proyectos mayores).
De esta manera, la funcionaria de gobierno reconoció que “efectivamente a varios proyectos que están siendo rechazados por el Poder Judicial, lo mismo ocurrió acá con el caso de Bocamina, la central de Endesa acá en Coronel tenía varios proyectos, entre ellos una optimización de sus plantas que se rechazó porque se pedía ingresar al sistema por estudio de impacto ambiental en vez de por Declaración de Impacto Ambiental. Efectivamente se están judicializando muchos de los proyectos en ingresan al sistema de evaluación ambiental, pero ahora hay un nuevo reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental y esperamos que con esto se vaya coordinando un poco esta forma de evaluación de los proyectos”.
En Chile hay 239 centrales termoeléctricas a carbón, petróleo, petcoke y gas natural. Las principales propietarias de éstas son Endesa, Colbún y AES Gener, mientras que las 10 comunas que concentran más termoeléctricas o aquellas de mayor tamaño son: Puchuncaví, Tocopilla, Coronel, Quillota, Copiapó, Mejillones, Taltal, Diego de Almagro, Huasco, y Cabrero.
