Corte impide acceder a correos electrónicos de ex ministro Rodrigo Hinzpeter
La Séptima Sala del tribunal de alzada señala que la divulgación de estos correos afectaría la seguridad nacional en lo referente al orden público y la seguridad pública, configurándose la causal de secreto o reserva, agregando que los abogados solicitaron un elevado número de comunicaciones, sin precisar en detalle la información requerida,
Martes 16 de septiembre 2014 14:58 hrs.
La Corte de Apelaciones de Santiago negó acceso a una serie de correos electrónicos, que formaron parte de las comunicaciones que intercambiaron el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y el ex fiscal regional metropolitano sur, Alejandro Peña, por considerar que podría afectar causas criminales que se encuentran en investigación.
Las solicitudes fueron presentadas por los abogados Valentina Horvarh y Mauricio Daza y tenían como objetivo conocer detalles de la contratación de Alejandro Peña en el ministerio del Interior.
La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Dora Mondaca (suplente) y la abogada integrante Paola Herrera, en fallos unánimes, negó el acceso a la información solicitada y permitió en cambio la publicidad parcial de las comunicaciones mantenidas por el ex ministro Hinzpeter y el ex subsecretario Ubilla, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011.
La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la revelación de toda la información está cubierta por el deber de reserva. “Al dar acceso a los correos electrónicos entre las referidas autoridades, se permitiría conocer acciones y decisiones adoptadas por el Ministro del Interior en orden a velar por la investigación y persecución de los delitos, lo que va en desmedro de su prevención, una de las funciones que le encomienda la ley”, se plantea en el fallo.
En la sentencia, las ministras argumentaron que “no puede sostenerse entonces que una decisión de negativa, fundada en esos principios afecte la transparencia de los actos de las autoridades, por el contrario, está protegiendo el desempeño de la función pública”.
En el documento se destacó que la divulgación de estos correos afectaría la seguridad nacional en lo referente al orden público y la seguridad pública, configurándose la causal de secreto o reserva, agregando que los abogados solicitaron un elevado número de comunicaciones, sin precisar en detalle la información requerida, finalmente el fallo concluyó que no toda información de la Administración del Estado tiene el carácter de pública.
La Corte de Apelaciones de Santiago negó acceso a una serie de correos electrónicos, que formaron parte de las comunicaciones que intercambiaron el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y el ex fiscal regional metropolitano sur, Alejandro Peña, por considerar que podría afectar causas criminales que se encuentran en investigación.
Las solicitudes fueron presentadas por los abogados Valentina Horvarh y Mauricio Daza y tenían como objetivo conocer detalles de la contratación de Alejandro Peña en el ministerio del Interior.
La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Dora Mondaca (suplente) y la abogada integrante Paola Herrera, en fallos unánimes, negó el acceso a la información solicitada y permitió en cambio la publicidad parcial de las comunicaciones mantenidas por el ex ministro Hinzpeter y el ex subsecretario Ubilla, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011.
La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la revelación de toda la información está cubierta por el deber de reserva. “Al dar acceso a los correos electrónicos entre las referidas autoridades, se permitiría conocer acciones y decisiones adoptadas por el Ministro del Interior en orden a velar por la investigación y persecución de los delitos, lo que va en desmedro de su prevención, una de las funciones que le encomienda la ley”, se plantea en el fallo.
En la sentencia, las ministras argumentaron que “no puede sostenerse entonces que una decisión de negativa, fundada en esos principios afecte la transparencia de los actos de las autoridades, por el contrario, está protegiendo el desempeño de la función pública”.
En el documento se destacó que la divulgación de estos correos afectaría la seguridad nacional en lo referente al orden público y la seguridad pública, configurándose la causal de secreto o reserva, agregando que los abogados solicitaron un elevado número de comunicaciones, sin precisar en detalle la información requerida, finalmente el fallo concluyó que no toda información de la Administración del Estado tiene el carácter de pública.
La Corte de Apelaciones de Santiago negó acceso a una serie de correos electrónicos, que formaron parte de las comunicaciones que intercambiaron el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla y el ex fiscal regional metropolitano sur, Alejandro Peña, por considerar que podría afectar causas criminales que se encuentran en investigación.
Las solicitudes fueron presentadas por los abogados Valentina Horvarh y Mauricio Daza y tenían como objetivo conocer detalles de la contratación de Alejandro Peña en el ministerio del Interior.
La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, Dora Mondaca (suplente) y la abogada integrante Paola Herrera, en fallos unánimes, negó el acceso a la información solicitada y permitió en cambio la publicidad parcial de las comunicaciones mantenidas por el ex ministro Hinzpeter y el ex subsecretario Ubilla, entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011.
La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la revelación de toda la información está cubierta por el deber de reserva. “Al dar acceso a los correos electrónicos entre las referidas autoridades, se permitiría conocer acciones y decisiones adoptadas por el Ministro del Interior en orden a velar por la investigación y persecución de los delitos, lo que va en desmedro de su prevención, una de las funciones que le encomienda la ley”, se plantea en el fallo.
En la sentencia, las ministras argumentaron que “no puede sostenerse entonces que una decisión de negativa, fundada en esos principios afecte la transparencia de los actos de las autoridades, por el contrario, está protegiendo el desempeño de la función pública”.
En el documento se destacó que la divulgación de estos correos afectaría la seguridad nacional en lo referente al orden público y la seguridad pública, configurándose la causal de secreto o reserva, agregando que los abogados solicitaron un elevado número de comunicaciones, sin precisar en detalle la información requerida, finalmente el fallo concluyó que no toda información de la Administración del Estado tiene el carácter de pública.
