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Movilidad migratoria: las exigencias que apuntan a cambios culturales de fondo

Mientras parlamentarios de más de cien países debaten en Ginebra sobre el tema, en Chile algunos legisladores exigen que se otorgue urgencia al proyecto del Gobierno que moderniza las normas en el área migratoria. Agrupaciones sociales, por su parte, apuntan a la revisión de las políticas públicas.

Tania González

  Domingo 18 de octubre 2015 13:24 hrs. 
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Las diputadas de Renovación Nacional Paulina Núñez y Marcela Sabat junto al diputado DC Claudio Arriagada se reunieron con el Ministro del Interior, Jorge Burgos, para solicitarle que se acelere la iniciativa de migración.

Luego del encuentro, Paulina Núñez afirmó que el secretario de Estado se comprometió a que la presentación del proyecto será dentro de los próximos meses.

“Para la zona norte en particular, es de extrema urgencia que el Gobierno presente un proyecto que responda a la realidad que hoy tenemos en nuestro país y específicamente en la Región de Antofagasta, porque estamos asistiendo a un fuerte proceso migratorio sin tener normas claras, que está ejerciendo una enorme presión sobre los servicios básicos y nos plantea una inquietud ciudadana sobre el proceso”.

La antropóloga Nanette Liberona, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, coincide en que en el norte, al ser una zona de triple frontera, hay mucha movilidad de personas que no necesariamente son migrantes, sino que se quedan en el país temporalmente. De este modo, a su juicio habría que generar un tipo de pasaporte que reconozca esta circulación.

“En la región de Tarapacá se da mucho que venga población aymara de origen boliviano a trabajar las cosechas y se quedan en condición irregular según la ley, porque no existe la figura del trabajadores temporario. Entonces, las personas quedan desprovistas de derechos sociales que deberían tener como trabajadores. Aquí suceden tratas de personas, explotación laboral y condiciones de vida precarias e insalubres”.

Sin embargo, la migración no se resume en cambios legales, sino también culturales y de políticas públicas. Así lo confirmó el cientista político y director de la Academia de Líderes Católicos, José Antonio Rojas, quien apuesta porque la aproximación hacia los migrantes sea promoviendo el encuentro entre el chileno y el que llega para trabajar o construir un futuro.

“El desafío que nosotros tenemos como sociedad es hacer empatía con el sufrimiento del otro. La identificación con el migrante pasa primero por un trabajo social, no solamente por un trabajo de Gobierno. Cuando nosotros vemos al hijo de un boliviano o peruano, ¿qué tanto nos conmueve su situación? Muchas veces nos hemos vuelto indiferentes o no reaccionamos frente al drama de los inmigrantes”.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Tatiana Albuja, identificó avances en Chile al tratarse el tema de la migración de la mano de la discriminación, puesto que en su opinión, al visibilizarse la actitud equivocada hacia las personas y los pueblos, ésta se puede contrarrestar.

“En los textos escolares ya se está hablando de lo importante que es la diversidad cultural, la democracia y de lo bueno que es conocer a otro no desde la tolerancia, sino desde la legitimidad de la diferencia. Desde esa perspectiva hay un largo camino para todos los pueblos, para avanzar como humanidad”.

Para la coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Marcela Correa, es necesario que la nueva legislación reconozca a las personas como sujetos de derecho, que tenga un enfoque de interculturalidad e intersectorial para que las políticas públicas y acciones permitan la integración en distintos ámbitos.

“Algunos municipios se han hecho cargo en la medida de lo posible de la población migrante que tienen en su territorio. Por ejemplo, Quilicura, Recoleta e Independencia. Sin embargo, si existieran políticas de migración desde el Gobierno central, eso influiría en que existieran mallas curriculares que trabajen la interculturalidad o procesos en atención de salud, que permitan también la llegada de personas que no hablan el idioma o que tienen patrones culturales distintos”.

En consecuencia, la cientista política espera que la ley constituya una institucionalidad adecuada, distinta al Departamento de Extranjería, como una Subsecretaría o un Servicio de Migración que tenga en cuenta un servicio civil de carrera, un seguimiento de implementación de políticas públicas, entre otros.

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