El 16 de enero, el Concejo de Comunidades del Oasis de Calama ingresó un documento al Servicio de Evaluación Ambiental, donde se manifiesta la necesidad de que el proyecto denominado Complemento Módulo RAM (Empresa Ram Ltda, Recimat), sea evaluado por parte de las instituciones gubernamentales a través de un Estudio de Impacto Ambiental.
El argumento de la comunidad es que una Declaración de Impacto Ambiental no contemplaría la fiscalización de la pretención de la empresa de duplicar su producción y construir una nueva fundición.
El Consejo acusa los impactos que la expansión tendría en poblaciones aledañas en las que se incluye a comunidades indígenas cercanas y protegidas por el Convenio 169 de la OIT.
Según indican en la reclamación, la empresa que tiene el monopolio del mercado de reciclaje de baterías de plomo a nivel nacional, pretende trasladar el 70% de su producción a la nortina ciudad. La idea es producir ánodos y cátodos de plomo para la gran minería, además del reciclaje mencionado.
A menos de un kilómetro del lugar donde se localiza la empresa se emplaza
la histórica población de Kamac Mayu, que sería directamente afectada por la contaminación. A menos de dos kilómetros, además, está la comunidad Indígena de Yalquincha y la Banda, donde se depositan los desechos de la empresa.
En el medio Mapuexpress se indica que la organización, quien invita a adherir a un comunicado público considera un riesgo y una vulneración de derechos hacia la ciudad, que el año 2009, fue declarada zona saturada por material particulado 10, sin que las autoridades, hayan llevado a cabo un plan de descontaminación.
El plomo es un metal pesado que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud “Como uno de los diez productos químicos causante de graves problemas a la salud pública que exigen la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los.as trabajadores.as, los niños.as y las mujeres en edad fecunda. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro” (2016: OMS).
El plomo entra al organismo por inhalación e ingestión, por lo que llega al sistema circulatorio a través de los pulmones y el tracto digestivo. Una exposición excesiva provoca una intoxicación aguda.En el caso de una exposición crónica, afecta particularmente el desarrollo neurológico y otros órganos y tejidos del organismo.
La organización hace un llamado y emplazamiento a las autoridades competentes a que se pronuncien respecto a la problemática expresada, se retracten de aceptar una nueva fundición de plomo dentro de la ciudad de Calama, e insten a la empresa a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, donde se pueda considerar la participación ciudadana, y consulta indígena vía Convenio 169.
El 16 de enero, el Concejo de Comunidades del Oasis de Calama ingresó un documento al Servicio de Evaluación Ambiental, donde se manifiesta la necesidad de que el proyecto denominado Complemento Módulo RAM (Empresa Ram Ltda, Recimat), sea evaluado por parte de las instituciones gubernamentales a través de un Estudio de Impacto Ambiental.
El argumento de la comunidad es que una Declaración de Impacto Ambiental no contemplaría la fiscalización de la pretención de la empresa de duplicar su producción y construir una nueva fundición.
El Consejo acusa los impactos que la expansión tendría en poblaciones aledañas en las que se incluye a comunidades indígenas cercanas y protegidas por el Convenio 169 de la OIT.
Según indican en la reclamación, la empresa que tiene el monopolio del mercado de reciclaje de baterías de plomo a nivel nacional, pretende trasladar el 70% de su producción a la nortina ciudad. La idea es producir ánodos y cátodos de plomo para la gran minería, además del reciclaje mencionado.
A menos de un kilómetro del lugar donde se localiza la empresa se emplaza
la histórica población de Kamac Mayu, que sería directamente afectada por la contaminación. A menos de dos kilómetros, además, está la comunidad Indígena de Yalquincha y la Banda, donde se depositan los desechos de la empresa.
En el medio Mapuexpress se indica que la organización, quien invita a adherir a un comunicado público considera un riesgo y una vulneración de derechos hacia la ciudad, que el año 2009, fue declarada zona saturada por material particulado 10, sin que las autoridades, hayan llevado a cabo un plan de descontaminación.
El plomo es un metal pesado que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud “Como uno de los diez productos químicos causante de graves problemas a la salud pública que exigen la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los.as trabajadores.as, los niños.as y las mujeres en edad fecunda. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro” (2016: OMS).
El plomo entra al organismo por inhalación e ingestión, por lo que llega al sistema circulatorio a través de los pulmones y el tracto digestivo. Una exposición excesiva provoca una intoxicación aguda.En el caso de una exposición crónica, afecta particularmente el desarrollo neurológico y otros órganos y tejidos del organismo.
La organización hace un llamado y emplazamiento a las autoridades competentes a que se pronuncien respecto a la problemática expresada, se retracten de aceptar una nueva fundición de plomo dentro de la ciudad de Calama, e insten a la empresa a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, donde se pueda considerar la participación ciudadana, y consulta indígena vía Convenio 169.
El 16 de enero, el Concejo de Comunidades del Oasis de Calama ingresó un documento al Servicio de Evaluación Ambiental, donde se manifiesta la necesidad de que el proyecto denominado Complemento Módulo RAM (Empresa Ram Ltda, Recimat), sea evaluado por parte de las instituciones gubernamentales a través de un Estudio de Impacto Ambiental.
El argumento de la comunidad es que una Declaración de Impacto Ambiental no contemplaría la fiscalización de la pretención de la empresa de duplicar su producción y construir una nueva fundición.
El Consejo acusa los impactos que la expansión tendría en poblaciones aledañas en las que se incluye a comunidades indígenas cercanas y protegidas por el Convenio 169 de la OIT.
Según indican en la reclamación, la empresa que tiene el monopolio del mercado de reciclaje de baterías de plomo a nivel nacional, pretende trasladar el 70% de su producción a la nortina ciudad. La idea es producir ánodos y cátodos de plomo para la gran minería, además del reciclaje mencionado.
A menos de un kilómetro del lugar donde se localiza la empresa se emplaza
la histórica población de Kamac Mayu, que sería directamente afectada por la contaminación. A menos de dos kilómetros, además, está la comunidad Indígena de Yalquincha y la Banda, donde se depositan los desechos de la empresa.
En el medio Mapuexpress se indica que la organización, quien invita a adherir a un comunicado público considera un riesgo y una vulneración de derechos hacia la ciudad, que el año 2009, fue declarada zona saturada por material particulado 10, sin que las autoridades, hayan llevado a cabo un plan de descontaminación.
El plomo es un metal pesado que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud “Como uno de los diez productos químicos causante de graves problemas a la salud pública que exigen la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los.as trabajadores.as, los niños.as y las mujeres en edad fecunda. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro” (2016: OMS).
El plomo entra al organismo por inhalación e ingestión, por lo que llega al sistema circulatorio a través de los pulmones y el tracto digestivo. Una exposición excesiva provoca una intoxicación aguda.En el caso de una exposición crónica, afecta particularmente el desarrollo neurológico y otros órganos y tejidos del organismo.
La organización hace un llamado y emplazamiento a las autoridades competentes a que se pronuncien respecto a la problemática expresada, se retracten de aceptar una nueva fundición de plomo dentro de la ciudad de Calama, e insten a la empresa a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, donde se pueda considerar la participación ciudadana, y consulta indígena vía Convenio 169.
