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Año IX, 22 de octubre de 2017

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Fiscalía inicia investigación por irregularidades en plan regulador de Valparaíso

Tania González |Domingo 12 de marzo 2017 12:00 hrs.

valparaíso

Después de años de denuncias de graves irregularidades en la planificación territorial del borde costero norte, vecinos de la localidad de Los Molles confían en que el Ministerio Público aclare las responsabilidades involucradas.

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El Ministerio Público acogió la solicitud de investigación que presentaron habitantes de la localidad de Los Molles de Valparaíso, quienes denuncian irregularidades en el cambio de suelo y, como consecuencia, daños al medioambiente por construcción sobre humedales.

Lily Pérez, senadora por la zona, respalda la acusación. Personalmente hizo entrega de una serie de antecedentes al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para constatar las irregularidades. La legisladora indicó que hace tres años que recibía reclamos de distintas personas. Esta situación la hizo profundizar en el conflicto e identificar una inacción por parte de autoridades locales.

La presidenta de Amplitud responsabilizó a la municipalidad de Valparaíso, instancia con la que trató de comunicarse en innumerables ocasiones: “Nunca recibí respuesta”, esto pese a que la Contraloría General siempre acreditó que algo no estaba bien en la zona, por lo que se impulsó un cambio al plano regulador, el que después se paralizó por diversos motivos. “Esto hay que investigarlo a fondo y el propio Fiscal Nacional a mí me contestó formalmente con una carta en la que habla derechamente de eventual corrupción”.

La integrante del Consejo Regional de Valparaíso representante de la provincia de Petorca, María Teresa Cerda, también ha seguido el proceso que se lleva en el sector turístico pesquero: “Nos ha sido imposible que vaya el Seremi de Vivienda, el consejero regional Percy Marín le ha pedido que revise toda la zona costera, que vea dónde están construyendo edificios y no va”.

En su denuncia agrega que es insostenible que la persona que diseñó el plan de construcción para el borde costero, sea socia de la dueña de los terrenos donde se quiere edificar, advirtiendo un posible tráfico de influencias.

Situación que avalada desde la Fiscalía. El organismo, en la respuesta a los demandantes, dio cuenta que en el contexto de estudio y evaluación de las modificaciones al plan regulador, se han dado cambios sustanciales de “usos de suelo, adquisición de predios y actividades estratégicas de gran escala”.

La versión ciudadana

El vocero de la agrupación ciudadana Protege Los Molles, Esteban Vergara, reveló que la indagación contiene una serie de aristas que apuntan a la Independencia S.A., empresa que estaría manipulando el plan territorial en conjunto con las familias Schmutzer, Droppermann y Luksic, con la instalación de Minera Los Pelambres  en el Cerro Santa Inés.

También señaló la eventual participación de autoridades públicas en hechos cuestionables: “Si un privado manda a hacer panfletos con el logo de una institución pública promocionando la aprobación del plano regulador, es publicidad y manejo de instrumento público. Por otro lado, si este mismo privado crea una corporación (Los Molles Sustentable) y manda cartas para todos los organismos públicos suplantando a la comunidad, incurre en un delito. Si se juntan el alcalde de la Ligua, el presidente de la mesa territorial y el seremi de Minvu, en la casa del particular sin invitar a la comunidad, hablamos de tráfico de influencias, lobby”.

El arquitecto Álvaro Erazo, quien apoya a la agrupación de vecinos, describió algunas de las irregularidades detectadas. Por ejemplo, mencionó que se aprobó la urbanización de una zona con características de valor ecológico; también se permitió la atribución de mayor cantidad de hectáreas a lugares con menor cantidad de habitantes, e intervenciones en la Zona de Protección Ecológica Puquén de Los Molles.

Erazo recurrió a la ley para exigir que el gobierno tome cartas en el asunto: “Es una obligación del Estado el hacer un estudio de evaluación ambiental toda vez que se pretenda intervenir una zona protegida.  También puede hacer una evaluación ambiental estratégica en caso que se busque modernizar una norma. En este caso, no se hizo ninguna de las dos medidas”

Con estos antecedentes, el Fiscal Nacional Jorge Abbott comprometió instruir a un persecutor especial para que lleve adelante las diligencias de este caso, por lo que ahora se espera durante estos días, comience a  solicitar la información pertinente.